Vacío legal ha permitido “mala praxis” en cirugías cosméticas

Para tener una especialidad en cirugía plástica se requieren de al menos 7 años adicionales de estudios y prácticas supervisadas. (Foto: archivo, con fines

Para tener una especialidad en cirugía plástica se requieren de al menos 7 años adicionales de estudios y prácticas supervisadas. (Foto: archivo, con fines ilustrativos)

La presión social por lucir un cuerpo escultural y una “belleza sin límites”, así como los  vacíos legales, han estimulado la proliferación de personas  que realizan procedimientos cosméticos quirúrgicos sin tener la debida preparación, lo cual provoca un aumento de casos de “mala praxis”, con serias complicaciones en la salud de los pacientes, opinan especialistas médicos.

Ante la desatención de los mismos centros donde se realizan los tratamientos, y por las serias complicaciones médicas, muchos de estos pacientes, en su mayoría mujeres,  terminan recurriendo a los hospitales públicos pues no pueden costear su recuperación en un centro privado.

Para el doctor Giovanni Montoya, expresidente de la Asociación Costarricense de Cirugía Plástica y Estética Reconstructiva (ACCPRE), preocupa que el aumento de estos casos se debe a que muchos de estos tratamientos los están haciendo personas que no cuentan con la preparación académica requerida, los cuales siguen operando porque la ley tampoco  no se los prohíbe.

El tema cobró relevancia con la denuncia interpuesta por la exmodelo Cristina García, ante una supuesta mala práctica del médico general Andrés Vargas Scott, que –según ella− le ocasionó una severa deformación en sus glúteos y que se ventiló en la Defensoría de los Habitantes y en los tribunales.

De enero a marzo del 2013, el hospital San Juan de Dios ha atendido dos casos graves por secuelas  en procedimientos cosméticos mal efectuados. El hospital Calderón Guardia cuenta con al menos cinco y el hospital México con tres.

Sin embargo, no existen cifras oficiales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que reflejen la verdadera dimensión del problema, porque en las estadísticas se registra el padecimiento  por el que es tratado el paciente, y no por la causa que lo genera.

Muchos de ellos llegan a los hospitales públicos cuando presentan severas infecciones que requieren de  hospitalización, procedimientos quirúrgicos y antibióticos costosos. Sus complicaciones se dan porque les introdujeron en su cuerpo silicona líquida, aceite quemado, parafina, aceite mineral, o metacrilato de metilo, un polímero asociado a las prótesis dentales y para uso de férulas ortopédicas, entre otras sustancias.

El  médico Andrés Castrillón, especialista en cirugía plástica reconstructiva y estética,  considera que este número de casos es tan sólo una aproximación, dado que es muy posible que haya más que no se conocen, porque las personas no acuden a los servicios de la Caja o porque no se atreven a poner la  denuncia.

Se estima que en el 2012 la CCSS atendió al menos 214 casos por secuelas de cirugías estéticas de centros privados, con un costo aproximado de ¢ 218 millones.

En enero pasado ingresó al hospital San Juan de Dios una profesora del cantón de Pérez Zeledón, en condición grave por un procedimiento mal efectuado. Fue el segundo caso en el año.

“Ella tiene secuelas muy severas y está en peligro su pierna. Un día de hospitalización aquí ronda los ¢ 700.000, sin contar con los procedimientos quirúrgicos ni los antibióticos”.  Solo su atención médica ha representado para la Caja −en 40 días de hospitalización− más de ¢ 28 millones, afirmó Castrillón.

“En todos los hospitales hemos tenido este tipo de intervenciones, de gente que a veces no son ni médicos. Este año hemos atendido tres casos severos, señaló Luis Carlos Pastor, jefe  de Cirugía Plástica y Reconstructiva del hospital México.

VACÍO EN LA LEY

El marco jurídico vigente remite a la Ley General de Salud de 1973, a la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y al Código de Moral Ética.

Según los especialistas, existe una confusión con el título con el que se gradúa el médico general, pues se le acredita  también como cirujano y esto ha dado lugar a que un grupo de profesionales sin especialidad realicen cirugías complejas, tales como liposucciones, aumento o reducción de mamas, aumento de glúteos, entre otros.

Este vacío en la ley ha movilizado a los sectores médicos del país, para cambiar la ley y combatir la proliferación de “médicos intrusistas” (ejercicio de la profesión sin estar autorizado para ello), que “además de ofrecer fórmulas mágicas, le hacen daño a la gente e incurren en competencia desleal, pues cobran precios inferiores a lo establecido, para captar la atención del público”, criticó Montoya.

“Un curso de una semana por Internet  o una pasantía de quince días en el extranjero no  nos hace especialistas. Para ser cirujano se requiere una preparación de años en la universidad, con exámenes y prácticas supervisadas por cirujanos con experiencia; después de graduarse como médico, son cuatro años para la especialidad y tres para la subespecialidad de cirugía plástica”, acotó Castrillón.

“En mi caso estudié 14 años para obtener un título de especialista; es lógico, porque el cuerpo humano es muy complejo. Toda cirugía puede presentar complicaciones y uno debe estar preparado para atenderla”, agregó.

Para Montoya, es preocupante que las instancias de regulación −como el Colegio de Médicos o el Ministerio de Salud− permitan que este tipo de personas “inescrupulosas” actúen a vista y paciencia, poniendo en peligro la vida de las personas. “Se hacen llamar cirujanos cosméticos, pero esa especialidad ni siquiera existe”, aclaró.

“Muchos se anuncian en los periódicos con descuentos, ofertas 2 x 1 en liposucción o agrandamiento en glúteos; hasta han salido en las portadas de los periódicos dando valoración gratis, sin respetar normas ni protocolos, contraviniendo el Código de Ética; son criminales con el bisturí”, fustigó Montoya.

Mientras tanto, Marino Ramírez, presidente del Colegio de Médicos, sostiene que a su representada no le corresponde cerrar consultorios ni clínicas, ya que esta es una competencia del Ministerio de Salud.

“La Ley General de Salud y la Ley Orgánica que data de 1962 no lo autoriza, pero tampoco lo prohíbe, afirmó Ramírez.

“Nosotros tenemos una normativa de sanciones, que −después que se ha realizado el debido proceso−  puede generar desde una amonestación hasta la suspensión; lo que pasa es que primero hay que comprobarlo. Cuando se ventilan casos en los tribunales, el Colegio −al no estar por encima de la ley− tiene que esperar a que se resuelvan; mientras tanto, el médico puede seguir ejerciendo, porque estamos en un país de derecho y nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario; si resolvemos en contra, seríamos objeto de una demanda por daños y perjuicios; no podemos ir en contra de la ley”, aseveró.

“Me parece que es una salida que tiene la gente para no ejercer la autoridad, pues con solo el Tribunal de Ética ya usted puede aplicar sanciones”, advirtió Giovanni Montoya.

Por su parte, el doctor Allan Varela de  la Dirección General del Ministerio de Salud,  aseguró que ya se está haciendo una inspección de los locales.

“El caso de la modelo es la única denuncia que se ha puesto acá en el Ministerio, pero sabemos que hay médicos generales haciendo procedimientos de médicos especialistas”, comentó.

De acuerdo con Varela, el Ministerio de Salud otorga los permisos en relación con el cumplimiento de la infraestructura, tomando en cuenta la oferta del servicio que el solicitante dice que va a otorgar, porque cada uno de estos tiene una normativa específica, hay normas de infraestructura, y de competencia.

“En la infraestructura –puntualizó−, si el local cumple con todo  no se le puede cerrar el local”, aunque pasa que después le van agregando cosas para operar como quirófano, cuando solo tienen permiso para consultorio.

Montoya fue enfático en denunciar que muchas de estas cirugías se realizan en centros comerciales y quirófanos improvisados, que no reúnen las condiciones médicas ni de infraestructura adecuadas.

Alertó a los ciudadanos a que no solo tomen en cuenta el permiso, sino que verifiquen la actividad para la cual esta instalación fue acreditada.

Los especialistas  consultados subrayaron la importancia de que los consumidores estén bien informados sobre la formación de los profesionales, a quienes recurren para realizarse estos procedimientos.

Para el médico Luis Carlos Pastor, hay una combinación de irresponsabilidad del que lo hace como del que lo recibe.

La gente por motivos económicos se deja llevar por una propaganda mal intencionada;  parece que lo único que le importa es pagar menos, sin importar los riesgos”, lamentó.

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