Dicen que quien “peca y reza, empata” y esa parece haber sido la consigna en el desempeño ambiental del país en los últimos años, pues pese a sus grandes logros, también se mantienen enormes deficiencias.
Indicadores internacionales como el Índice de Desempeño Ambiental que realizan en conjunto las universidades estadounidenses de Yale y Columbia, han ido refinando sus mediciones, de manera tal que las deficiencias costarricenses quedan cada vez más en evidencia ante el mundo.
En este indicador, Costa Rica llegó a ocupar en el 2012 el puesto número cinco del mundo, pero en el 2014 llegó a ubicarse en el escalón 54 de esa lista.
Si bien el Vigésimo Informe Estado de la Nación confirma el éxito de la política de reforestación, que ha logrado para 2013 una cobertura boscosa del 52% del territorio nacional, aspectos como el casi nulo tratamiento de aguas negras y las altas emisiones de carbono, hicieron que el país se “desplomara” en los indicadores internacionales.
La valoración que hacen los indicadores internacionales sobre nuestros bosques bajó de 95,3 puntos a 19,8. En cuanto al tratamiento de aguas residuales el país ocupó el lugar 125 entre 153 países, mientras que en la huella ecológica (uso de recursos naturales por persona), Costa Rica tiene un perfil “promedio” al colocarse en el lugar 64.
Lejos de tener un comportamiento “notable” en materia ambiental, la “deuda ecológica del país” (el exceso de uso de los recursos naturales sobre la biocapacidad de nuestro territorio) alcanza para este año el 8%, superando le promedio mundial y el de los países de ingreso medio.
MUCHO HUMO, POCA ENERGÍA
La alta dependencia de los combustibles fósiles para el transporte y la generación de energía, es otra de las grandes deficiencias en materia ambiental que tiene Costa Rica.
Entre 1994 y 2013 el uso de combustibles lejos de reducirse creció en su uso como fuente de energía de un 60% a un 72% siendo el sector transporte el mayor consumidor con un 59% del total.
En el sector de generación eléctrica, el Estado de la Nación plasma la preocupación de lo poco que ha avanzado el país en los últimos años en materia de energías limpias, cediendo espacio a la generación térmica, a base de combustibles.
Para el 2013 se registró una generación efectiva de 10.136 gigavatios hora (GWh), de los cuales el 67,6% proviene de las centrales hidroeléctricas, 14,9% de las plantas geotérmicas, 11,8% de plantas térmicas, 4,8% de plantas eólicas, 0,9% del bagazo de la caña y solo un 0,01% producido con energía solar.
Si bien aún predominan las represas hidroeléctricas como principal fuente de energía, el cambio climático hace cada vez más vulnerable el sistema por la falta de lluvias.
En materia de emisiones, el “quemar” combustibles para generar electricidad deja clara su inconveniencia. De un 8% de la electricidad del país generado con combustibles se desprenden el 72% de las emisiones del sector eléctrico.
En contraste, las plantas hidroeléctricas generan el 72% de la energía, con solo un 16% de las emisiones, mientras que las centrales geotérmicas generan un 14% con un 11% de emisiones.
PODER COMUNAL
Otro de los aspectos que revela el capítulo ambiental del Estado de la Nación es la creciente conflictividad que se genera por el uso y protección de los recursos naturales.
Entre 1994 y 2013 el Estado de la Nación contabiliza un total de 8.415 acciones colectivas o protestas sobre diversos temas, de los cuales un 5,8% (486 acciones) corresponden a asuntos ambientales.
De esas protestas por temas ambientales, un 19,5% estuvo dirigido a empresas privadas, mientras que un 76,1% interpeló directamente al Estado en sus diferentes instancias locales y nacionales.
Distinto a lo que muchos podrían suponer, casi la mitad de esas acciones colectivas no son obra de grupos ambientalistas, sino de las personas que integran las comunidades que se sienten afectadas por las diversas situaciones que afectan su medio ambiente y recursos.
Para el presidente de la Federación Ecologista de Costa Rica (Fecón), Mauricio Álvarez, el dato del Estado de la Nación revela un mayor empoderamiento de las comunidades en temas ambientales, aunque también revela una reducción en la capacidad y recursos de las organizaciones más tradicionales del sector ecologista.
“Las comunidades están cada vez más organizadas y esto tiene que ver mucho, con redes sociales, con facilidades para documentar las denuncias y que la gente le perdiera el miedo a los mecanismos legales para denunciar, aunque hemos visto que los casos se judicializan, hay muy pocas resoluciones”, comentó Álvarez.
