Costa Rica se encontraba hoy ante un serio aprieto, una posible demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), después de que la Asamblea Legislativa archivara el martes un proyecto destinado a permitir la fecundación in vitro, prohibida en el país.
Con el rechazo al plan presentado por el gobierno, el Estado costarricense no podrá cumplir con un ultimátum puesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que fue ya prorrogado en tres ocasiones este año ha pedido del gobierno, para que el país permita esa práctica médica.
La Comisión reprendió el año pasado al Estado costarricense por mantener una prohibición a la práctica de ese tipo de fecundación, tras considerer que quebrantaba el derecho de las personas a formar una familia.
La polémica en torno a este caso se remonta a diez años atrás, cuando la Sala Constitucional avaló la prohibición existente en el país, pese al reclamo de diez parejas que exigían el derecho a la procreación mediante esa técnica.
Los afectados recurrieron entonces a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, que avaló en agosto pasado el reclamo de sus derechos y reprendió al Estado costarricense.
El gobierno de la presidenta Laura Chinchilla envió a la Asamblea Legislativa un plan sustitutivo, que tropezó el martes también en el Congreso. El último plazo interpuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vence el 31 de julio.
La prohibición en el país de la fecundación in vitro es defendida por sectores conservadores y religiosos, incluida la Iglesia católica.
