El Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU) suspendió de manera temporal la venta de planes a personas jurídicas y la suscripción de contratos del Sistema de Ahorro y Préstamo (SAP) con personas jurídicas, luego de que un informe de la Contraloría General de la República determinara que un 11% de los planes del sistema están acumulados en un puñado de personas físicas y jurídicas.
La presidenta de la entidad, Sonia Montero, anunció el acuerdo que tomó la Junta Directiva durante la sesión de la mañana y tarde del jueves y que se mantendrá como medida cautelar hasta tanto «la Procuraduría General de la República no se haya pronunciado sobre la regularidad jurídica de las disposiciones reglamentarias que autorizan dicha venta».
Además, Montero señaló que la Auditoría Interna, el Ministerio Público y una empresa auditora externa revisarán el sistema para detectar otras posibles fallas.
«Tenemos confianza en el personal humano de la institución que ha podido seguir su trabajo pese a inconsistencias, decisiones inadecuadas y desconfianza», aseguró la Presidenta del INVU, quien reiteró, en varias ocasiones, que estaban dispuestos a «rescatar» al instituto.
Montero explicó que la Junta Directiva y un equipo de asesores de la Presidencia están trabajando en un nuevo reglamento que regule las ventas de los planes y que están valorando las opciones para manejar a los agentes actuales.
En el informe DFOE-AE-IF-08-2014 de la Contraloría denunció irregularidades en los contratos y el manejo de información del INVU.
El INVU celebra su 60° el viernes 22 de agosto, con una actividad en el Centro Nacional de la Cultura, CENAC.
