La población de tiburones está siendo diezmada de forma alarmante debido a la práctica del “aleteo”, que es ilegal en Costa Rica, pero que se practica. (Foto: tomada de www.sxc.hu/Photo/830948).
Vacíos legales y la ausencia de políticas públicas de protección son señaladas como los principales factores que favorecen la práctica ilegal del “aleteo” (corta de las aletas) de tiburón en Costa Rica, país que figura en el tercer lugar como exportador de aletas de tiburón, detrás de Taiwán y España.
El aleteo es una práctica muy antigua que consiste en pescar este animal con el fin de aprovechar exclusivamente las aletas para su comercialización, principalmente en el mercado asiático, por lo que se desecha el resto del cuerpo del animal.
Según Álvaro Morales Ramírez, director del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR) de la Universidad de Costa Rica (UCR), el aleteo es la principal causa de desaparición de los tiburones, especie que se encuentra en la lista de los organismos en peligro de extinción.
Morales participó en un conversatorio acerca del tema, organizado por el Consultorio Jurídico Ambiental de la Facultad de Derecho. También expuso Viviana Gutiérrez Delgado, abogada de la Fundación MarViva.
Los tiburones aparecieron en el planeta hace 400 millones de años, por lo que cabe preguntarse si el ser humano tiene el derecho a provocar la extinción de esta especie, por causa de la sobreexplotación y el mal manejo, dijo Morales.
El biólogo afirmó que las pesquerías de tiburón son un problema en todo el mundo y las responsables de la disminución de esta especie, debido a que no hay un aprovechamiento integral de este organismo, así como tampoco controles ni políticas globales para su conservación. Se calcula que anualmente se descartan 200.000 toneladas de tiburón.
SOLICITUD DE VEDA
Morales señaló que recientemente la Defensoría de los Habitantes solicitó a las autoridades gubernamentales establecer temporalmente una veda total o parcial de la pesca de tiburón, hasta tanto no se conozcan los resultados de estudios científicos sobre las poblaciones de las distintas especies de tiburones en aguas nacionales.
Sin embargo, la junta directiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) rechazó la petición, tras alegar razones técnicas y científicas.
El informe sobre el tema fue presentado a la comunidad puntarenense en la Sede del Pacífico de la UCR, con la presencia del defensor adjunto de los habitantes, Luis Gerardo Fallas Acosta.
“Es importante dejar claramente establecido ante todo la prohibición total del cercenamiento, tenencia, almacenamiento, comercio y transporte de las aletas de tiburón en alta mar o en un lugar no autorizado”, afirmó Fallas en un comunicado de prensa dado a conocer por la Defensoría.
El Informe plantea la necesidad de reestructuración del INCOPESCA, por considerar que este no está cumpliendo con la función asignada, de defensa del recurso marino pesquero.
Además, la Defensoría señaló que la junta directiva de esta entidad –la cual está conformada por empresarios– debe de tener otra conformación, para no ser juez y parte en el problema.
El informe además puntualiza que la Comisión Nacional Marina no tiene claramente establecidas entre sus funciones medidas en contra del aleteo, lo cual hace que el tema quede inmerso en todo el entramado político.
El aleteo, además de ser una práctica cruel en contra del animal, tiene graves implicaciones económicas y ambientales, agrega el documento.
Desde el punto de vista económico, significa un desperdicio de los recursos marino-costeros y la pérdida de una gran fuente de alimento rico en proteínas, cuyo descarte afecta la seguridad alimentaria.
Por su parte, desde la óptica ambiental, constituye una seria amenaza a la sostenibilidad de estas especies y a su hábitat, y a la diversidad biológica en general, por el riesgo de desaparición de especies.
El director del CIMAR se refirió a la importancia de proteger los sitios que son importantes para la reproducción de los tiburones, tales como el Humedal Térraba-Sierpe, el golfo de Nicoya, Quepos y Manuel Antonio, en la costa pacífica del país.
PRÁCTICA ILEGAL
En Costa Rica, la legislación permite la pesca del tiburón, aunque no autoriza pescarlo con el único fin de aprovechar sus aletas.
La funcionaria de MarViva explicó que uno de los vacíos en este campo es que solo se regula la pesca y no se contemplan otras etapas del proceso, que incluyen el comercio, el etiquetado, la exportación y la importación de aletas.
La Ley de Pesca y Acuicultura, principal normativa en esta materia, establece una pena de seis meses a dos años por la descarga de aletas sin su respectivo cuerpo, con la finalidad de venderlas o comercializarlas.
“La ley tiene muchos portillos”, advirtió Gutiérrez, quien aclaró que la única conducta prohibida es el desembarque de aletas y no hay ninguna referencia al transporte, almacenamiento y comercialización.
“Aquí se realiza mucho el transbordo de aletas para desembarcarlas en países vecinos, en donde existen menos controles”, indicó. Luego estas aletas son importadas por la vía terrestre y reexportadas.
También comentó que quienes se dedican a esta actividad ilegal realizan todo tipo de maniobras para burlar los controles. La práctica más utilizada en la actualidad y contra la que se está luchando es la conocida como del espinazo, que consiste en hacer un corte parcial al tiburón para extraerle los órganos internos y la carne. “Le dejan solo el cascarón, la carne la tiran al mar porque la pagan muy barata y ocupa mucho espacio en los barcos”, puntualizó la jurista.
