Funcionario del SINAC asegura que carta es solo parte del seguimiento que se da a las denuncias.

Dos funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) solicitaron una reunión al profesor especialista en derecho ambiental, Álvaro Sagot, por la múltiples denuncias que han presentado estudiantes suyos en diversas instituciones.
El docente, quien labora en las universidades de Costa Rica (UCR) y Nacional (UNA), mostró una nota del 30 de agosto de este año, firmada por los funcionarios Freddy Valerio Segura, jefe de la oficina del SINAC en Heredia; y Carlos Carballo Sánchez, de Protección y Control en esa misma oficina.

En la nota, Valerio y Carballo solicitan a Sagot que confirme si las denuncias que han recibido en su oficina “obedecen a algún curso que se imparte en la carrera de Gestión Ambiental (…). De ser así preferiríamos que paralelamente a la atención de las denuncias pudiéramos realizar una reunión con su persona o encargado/a de la iniciativa”, añade la nota.

ENSEÑANDO A DENUNCIAR

Álvaro Sagot comentó a UNIVERSIDAD que en todos sus años como docente universitario, esta es la primera vez que recibe una interpelación de una oficina externa,  por los contenidos que imparte en sus cursos.
El abogado aseguró que en sus clases orienta a sus estudiantes para que aprendan a plantear denuncias en el tema ambiental, pues desea que tengan una práctica y no que el conocimiento se quede en el aula.
“Alecciono a mis estudiantes para que presenten quejas ante la administración pública,  para la defensa de un medio ambiente sano y equilibrado. Mis alumnos escogen temas en sus comunidades y las presentan a nivel administrativo, y si no hay respuesta, se llevan a la Sala Constitucional”, explicó Sagot.
El docente comentó que desde que inició este tipo de prácticas en el 2007, se han obtenido interesantes resultados, como obligar al Poder Ejecutivo a que reglamente el tema de paisaje y lo incorpore en las variables de evaluación ambiental.
Las gestiones de los alumnos de Sagot también forzaron a que se emitiera un reglamento a la nueva Ley de Pesca, la cual -indicó el académico- dejaba por la libre algunas situaciones de riesgo para el ambiente, si no se especificaba la norma.
También se logró que los ministerios de Ambiente y Salud pidieran a una urbanización la construcción de una planta de tratamiento de aguas, pues producía contaminación. Sagot contó que los funcionarios llamaron a la Universidad Nacional para dar con quién estaba propiciando las denuncias, y posteriormente recibió la nota citada, tanto por fax como por correo electrónico.
Él respondió por correo electrónico para conocer el motivo de la reunión solicitada, y recibió como respuesta que era para “coordinar acciones”, sin que se le especificara nada más.
“¿Coordinar acciones de qué tipo? ¿Quieren enseñarme a dar mi curso? Esto es un cuestionamiento que violenta la libertad de cátedra y la autonomía universitaria”, lamentó Sagot.
En su criterio, este tipo de acciones son parte de las campañas que se emprenden contra quienes alzan la voz para denunciar y tratar de que se cumplan las leyes ambientales en el país.
Vale mencionar que Sagot ha destacado por sus aportes contra el proyecto minero en Crucitas, los desarrollos urbanísticos en Punta Cacique y otros sonados casos relacionados con daños ambientales.
“Tratan de apagar esas voces, pero uno tiene que hacer esa función de enseñar a la gente que esto es una democracia participativa y que todos tenemos responsabilidades. Esta es la primera vez que el MINAET quiere interferir en un curso mío”, criticó.

SEGUIMIENTO A LAS DENUNCIAS

UNIVERSIDAD consultó al funcionario Carlos Carballo, de la sede del SINAC en Heredia, sobre el motivo de la nota hacia el profesor Sagot; y aseguró que se trataba de un simple trámite de seguimiento a las denuncias planteadas.
“Lo más sano, cuando hay una denuncia, es saber quién la interpone, de dónde viene. Eso era lo que queríamos, dar seguimiento a las denuncias, pero el señor Sagot armó este alboroto”, afirmó Carballo.
El funcionario detalló que a todas las denuncias se les ha dado trámite, y que en su oficina se han recibido cuatro casos presentados por los estudiantes de Sagot.
Carballo sostiene que no les interesa influir en los contenidos de los cursos de Sagot, e insistió que la carta enviada al académico es parte del seguimiento que se le quiso dar a las denuncias planteadas.
“Nosotros igual acogemos las denuncias, vengan de donde vengan; es un poco complicado eso de mandar a un estudiante a la `guerra´ sin todas las herramientas, pero en eso no nos metemos”, alegó  Carballo.

Proceso sobre Crucitas pasa a etapa de juicio

El proceso ante el Tribunal Contencioso Administrativo por el caso del proyecto minero en Las Crucitas de Cutris –cantón de San Carlos-, pasará a la etapa de juicio, luego de que fueran rechazados todos los alegatos de la empresa minera Industrias Infinito.
El abogado Edgardo Araya, quien participa como coadyuvante en una de las demandas, manifestó que en la audiencia del pasado 14 de septiembre se dio un gran paso, al caer derrotados los alegatos de la empresa minera, que pretendían interrumpir este proceso.
“Rechazaron todas las defensas previas a la empresa minera, pues alegaban que esto era cosa juzgada y que no se debía continuar con el juicio. Pero, el Tribunal aclaró que la Sala IV solo resolvió en el ámbito que es de su competencia, el de constitucionalidad, y no se refirió a la legalidad”, explicó Araya.
El Tribunal indicó además que tiene “amplia competencia” y podría referirse incluso a hechos que no formen parte de la denuncia, pero que queden en evidencia durante el proceso.
“Un tema se vuelve “indiscutible” cuando la Sala Constitucional declara con lugar un recurso; pero si no, todo es revisable en la vía contencioso administrativa”, agregó Araya.
El abogado, y actual regidor de la Municipalidad de San Carlos, indicó que el tribunal recibió toda la prueba y aceptó a los cerca de 25 testigos y peritos que se presentarán en este proceso.
El abogado y profesor universitario, Álvaro Sagot, quien también participa en una de las demandas presentadas, detalló que el próximo paso en este proceso quedó fijado para una audiencia el 4 de octubre.
Sin embargo, tanto Sagot como Araya creen que esa audiencia no se realizará, ya que el tribunal tienen pendiente de resolver una de las demandas presentadas por la organización Unión Norte por la Vida (UNOVIDA), y deberá decidir si esta se “acumula” junto con las otras dos demandas en proceso.
Sagot recordó que la demanda presentada por la organización Asociación Preservacionista de Flora y Fauna (APREFLOFAS), cuestiona el proceso del decreto de “Conveniencia Nacional” que otorgó el gobierno anterior para permitir la operación de la mina.
La segunda demanda fue presentada por el profesor de la Universidad de Costa Rica, Jorge Lobo, y plantea la ilegalidad en el otorgamiento de la concesión de explotación minera, así como la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental.
“El tercer contencioso tiene que ver con la falta de presentación de los estudios hidrogeológicos correspondientes ante el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), denunciado así por funcionarios de esa entidad; así como la falta del aval del Colegio de Químicos, a los planos de los procesos que la minera pretende implementar”, aclaró Sagot.
Edgardo Araya opinó que es probable que este juicio no se celebre este año, ya que los expedientes son grandes y el tribunal también se propuso realizar una visita al sitio donde se realizaría el proyecto de minería a cielo abierto.