Familias campesinas de la comunidad de Medio Queso de los Chiles de Alajuela denunciaron supuestos atropellos y agresiones por parte de “paramilitares”, comandados por un empresario de la zona y en complicidad con la Fuerza Pública.
La denuncia fue realizada por 170 familias que ocupan la finca Naranjas Holandesas desde hace más de un año, por medio de un comunicado que divulgó la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) el pasado 6 de julio.
El documento relata que, desde el 8 de abril de 2011, estas familias sufren los más crueles embates de la Fuerza Pública y de los paramilitares que sirven como guardia privada a un millonario empresario de apellido Varela. Dicho empresario retiene estas tierras alegando que los propietarios del inmueble le deben unas mejoras, por lo que cobra una considerable suma de dinero.
La acción más fuerte denunciada se trata de los hechos ocurridos el pasado 1 de junio, cuando estas familias se enfrentaron a guardas privados, supuestamente comandados por el empresario Varela. Allí, se dispararon tanto balas de salva como verdaderas.
En esa ocasión, resultaron heridos cuatro campesinos que fueron llevados inmediatamente al hospital de San Carlos.
“Estos paramilitares también han atacado a hombres, mujeres y niños; han destruido plantaciones de yuca, tiquizque, plátanos, ñame, frijoles y maíz, dejando así frustrados los sueños de los humildes agricultores, que con tantos esfuerzos habían cultivado”, reprocha el comunicado.
Estas tierras son propiedad de unos canadienses, quienes no han vuelto al país. De ahí que Varela alquila esas tierras, y que según los vecinos “cobra una considerable suma de dinero”. Parte de la pugna comienza por un “desalojo ilegal” al que se quería someter a estas familias, detalló Daniel Murillo, representante y coordinador de la comisión de la FEUCR que atiende lo ocurrido.
Las familias denunciaron, además, la supuesta complicidad que existe entre la seguridad privada —comandada por Varela— y la Fuerza Pública de la zona.
Según Murillo, el día del enfrentamiento entraron los hombres de Varela e intentaron sacar de la propiedad a los campesinos; llegó la Fuerza Pública y no hizo nada para proteger a los campesinos. Cuando los campesinos rodearon a los guardas de Varela, los policías se metieron para protegerlos.
PETICIONES
A raíz de la querella, estas familias comunicaron una serie de de peticiones a los organismos correspondientes, debido a los supuestas presiones que ellos denuncian.
Entre estas peticiones, se encuentra investigar las cuentas de Varela y de su familia más cercana, para conocer la procedencia de su capital, pues consideran que es enorme la suma que está gastando en su lucha por desalojarlos.
Además, solicitan investigar qué injerencias podría tener el empresario en diversas organizaciones estatales de la zona, dado que en un desalojo llevó siete unidades de Cruz Roja, dos unidades de caninos, tres unidades de Tránsito, dos unidades del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), cinco vehículos “perreras” de la Fuerza Pública y cuatro buses con 240 antimotines.
Al respecto Murillo aseguró que la FEUCR pide a “la Fuerza Pública que proteja a quien tiene que proteger; que no se ponga a favor o en contra de alguno de los bandos a partir de una relación de poder”.
El representante estudiantil comentó que en esta lucha se encuentra involucrada la FEUCR, varias asociaciones de estudiantes como la de Antropología y Trabajo Social, y otras organizaciones de luchas campesinas.
Murillo enfatizó en que no desean el desalojo de estas familias; por el contrario, piden que el IDA compre estos terrenos y dejen a estos campesinos trabajar la tierra, ya que el país se beneficia al no tener terrenos sin producir.
