Los trabajadores del PAIS-UCR están dispuestos a mantenerse en huelga todo el tiempo que sea necesario, hasta conseguir que se les garantice empleo después del mes de febrero. (Foto Katya Alvarado)
Las sanciones y la declaratoria de ilegalidad de la huelga anunciadas por las autoridades de la Universidad de Costa Rica (UCR) no parecen ser un disuasivo que dé frutos entre los trabajadores del Programa Integral en Salud (PAIS).
El hecho de que los 450 empleados de los 45 Equipos Básicos de Atención Primaria en Salud (EBAIS), que actualmente están a cargo de la UCR, tengan en el horizonte el hecho de que serán cesados el 14 de febrero hace que las sanciones anunciadas importen poco: de todas formas se quedarán sin trabajo en menos de tres meses.
Sin embargo, tanto la secretaria general del Sindicato de Empleados de la UCR (SINDEU), Rosemary Gómez, como el rector de la UCR, Henning Jensen, esperan que pronto se reactive el diálogo entre las partes para encontrar una salida al conflicto.
Al cierre de esta edición el martes 19 de noviembre, UNIVERSIDAD supo de los primeros acercamientos y la negociación de algunas condiciones previas al establecimiento de una mesa de diálogo que buscaría ponerle fin a esta huelga.
Sin embargo, las demandas y posiciones de una y otra parte, no permitían vislumbrar una salida fácil a la huelga que a este momento cumplía más de una semana.
QUIEREN TRABAJAR
Rosemary Gómez, secretaria general del SINDEU, asegura que la principal demanda de los trabajadores de PAIS es simple: necesitan que la UCR les garantice algún empleo para después del 14 de febrero, fecha en que vence el convenio de la Universidad con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
“Estos trabajadores están en huelga porque quieren tener trabajo, son 450 familias que se quedan sin su sustento. Son trabajadores del área de salud que están desesperados por volver a su EBAIS a atender a la gente, pero los mueve el deseo de defender a las comunidades que se verán afectadas con el cambio”, comentó Gómez.
Cuando la UCR deje la administración de los 45 EBAIS de La Unión, Montes de Oca y Curridabat, estos pasarán a manos de la Universidad de Iberoamérica (UNIBE), empresa contratada por la CCSS para que continúe con el servicio.
Sin embargo, los cambios no serán solo de administración: de los 45 centros de atención existentes, nueve serán eliminados; y el SINDEU teme que el buen servicio que hasta el momento ha ofrecido la UCR, no se mantenga con la nueva administración.
Para los trabajadores del PAIS, la posibilidad de ser contratados por la UNIBE no es atractiva, pues cuestionan las condiciones laborales y salariales que ofreció esta empresa en el cartel que la CCSS le adjudicó.
Por esto, la principal demanda va dirigida a que la UCR haga una “consolidación de plazas” y les busque un lugar como trabajadores universitarios en las diferentes unidades y programas con que cuenta este centro de estudios.
“NO PODEMOS ABSORBERLOS A TODOS”
El rector de la UCR, Henning Jensen, fue categórico al afirmar que la Universidad no está en capacidad de “absorber” a los 450 trabajadores que cesará el PAIS, pese a que ya un 10 % de ellos encontraron un espacio en otras unidades para después de febrero del 2014.
“La Universidad no puede económicamente. No puede presupuestariamente absorber el personal de PAIS sin afectar seriamente otros programas, porque es una cantidad de dinero muy alta, que requeriría una reducción sustancial de otros programas. Si queremos proteger la integralidad de los programas universitarios, no podríamos tomar esa medida”, respondió.
El rector dijo que se debe tener claro que PAIS es un programa de vínculo externo y que se mantiene vigente en el tanto recibe fondos de alguna entidad para su funcionamiento, y añadió que todos los nombramientos han sido siempre temporales.
“Todos los nombramientos de PAIS vencen y han vencido siempre el 31 de diciembre y se vuelven a renovar, porque se trata de nombramientos que dependen de un ingreso externo adicional al presupuesto universitario”, aseguró.
El rector dijo que una solución viable a este conflicto hubiese sido que la CCSS asumiera los EBAIS a partir del mes de febrero, en lugar de entregarlos a un ente privado como la UNIBE, y dudó del argumento de la CCSS en cuanto a que le tomaría mucho tiempo crear las plazas y reunir las condiciones necesarias para administrar los centros de salud.
La UCR ha ofrecido a los trabajadores de PAIS “mediar” ante la CCSS y la UNIBE para que puedan ser contratados por estas entidades, y negó que la Universidad hubiese podido continuar a cargo del programa PAIS con los déficits que venía arrastrando.
Jensen indicó que están a la espera de que el Juzgado de Trabajo resuelva la solicitud de la UCR para declarar ilegal la huelga, tras lo cual se valorarán las medidas a tomar con respecto al personal que cumplió una semana sin presentarse a su centro de trabajo.
“He compartido la situación con el Consejo Ampliado de Rectoría, que mostró apoyo a las gestiones de la Rectoría en esta huelga. El SINDEU ha enviado una carta solicitando que se abra una mesa de negociación”.
CCSS SE SACUDE
La CCSS sostiene que el conflicto debe ser resuelto por la UCR, pues a la Caja lo que lo compete es garantizar la atención en salud a los pobladores y tomar la acciones que permitan “paliar la situación que ha puesto a la institución el incumplimiento del convenio por parte de la Universidad”.
“La única responsabilidad que tiene en este momento la UCR es cumplir con el convenio vigente, el cual no está siendo honrado, pues sus funcionarios están en huelga”, indicó la presidenta ejecutiva de la CCSS, Ileana Balmaceda.
La CCSS sostiene que la contratación realizada con la UNIBE está a derecho, y no hay motivo para rescindirla, al tiempo que rechazó las manifestaciones del Consejo Universitario de la UCR sobre este contrato.
“La posición de la UCR es contradictoria, pues ha luchado abiertamente por la defensa de la autonomía y ahora pretende inmiscuirse en las decisiones que competen exclusivamente a la Junta Directiva de la CCSS”, dijo Balmaceda.
Sin temores
Los trabajadores del programa PAIS-UCR aseguran no temer a la declaratoria de ilegalidad de la huelga que protagonizan desde el 11 de noviembre, pues consideran que deben jugar ahora todas sus cartas antes de quedarse sin trabajo el próximo mes de febrero.
Randall Ruiz, Técnico en Atención:
“La lucha es por los EBAIS y el trabajo de uno, que no se cierren los EBAIS, porque están abriendo un portillo para que la CCSS siga privatizando. Nos están despidiendo, no hay un horizonte, no tengo nada seguro después de febrero y no sé si la CCSS lo va contratar a uno.
Igual, estamos aquí, tenemos 7 días y no vamos a echar atrás hasta que nos den algo confirmado. Es un solo ingreso que hay en mi familia, es difícil, no sabemos cuándo dan la liquidación, cuánto tiempo duraré sin trabajo”.
Jenny Mendoza, Secretaria:
“Luchamos por la salud de todas las comunidades que atendemos, que han sido 15 años de buena atención y por nuestra estabilidad laboral. Después de febrero no tengo nada seguro, tengo tres hijos que estudian y dependen de mí.
Aunque amenacen con sanciones, ya no tenemos nada que perder, nos estamos jugando el todo por el todo. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”.