El movimiento estudiantil busca la unidad de los sectores sociales para presionar al gobierno por mejores condiciones para la educación.
La crisis económica ha despertado a los movimientos sociales que se están organizando para tener un encuentro el próximo 18 de abril, con el fin de analizar las medidas por tomar de cara a la crisis y en contra del “Plan Escudo” del gobierno.
Las federaciones de estudiantes de las universidades públicas, junto a la Federación de Estudiantes de Secundaria (FES), reactivaron las luchas motivados por los recortes que pretendió realizar el gobierno en el presupuesto de los centros de enseñanza superior pública.
Luego de que los grupos estudiantiles tomaran las calles el pasado 27 de marzo para exigir al gobierno el aumento en el financiamiento para la educación del 6% al 8% de Producto Interno Bruto y pedir otras mejoras al sistema, los sectores de educadores también se sumaron a esta lucha.
El 1 de abril, cientos de docentes de primaria y secundaria fueron convocados por los sindicatos del magisterio nacional para pelear por mayores garantías, y también para reclamar al gobierno el cumplimiento de compromisos adquiridos en huelgas anteriores.
La presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza APSE, Beatriz Ferreto explicó que desde la huelga del año anterior, el gobierno adquirió un compromiso con los docentes para mejorar los salarios de los trabajadores no profesionales del sector educación.
“Después de la huelga del año pasado se logró que el servicio civil hiciera un estudio del sector no profesional; el gobierno no se comprometió a dar una respuesta de inmediato, dos veces consecutivas nos desconvocaron y luego el gobierno salió con el cuento de que no tenían plata para el aumento a este grupo”, expresó Ferreto.
De acuerdo con la dirigente, los salarios de guardas, conserjes, oficinistas y demás no profesionales del sector educación son los más bajos del mercado laboral, pues sus pagos mensuales oscilan entre los ¢154.000 y ¢175.000.
“Si hay plata para pagarles a los empresarios en medio de la crisis, debe haberla para los sectores más vulnerables. El gobierno no solo le está cobrando la crisis al sector educación, sino que lo hace con todos los trabajadores”, criticó Ferreto.
Gilbert Díaz, dirigente del Sindicato de la Educación Costarricense (SEC), dijo que la actitud del gobierno es un desprecio al personal peor mal pagado del sector público; pues ya se hizo el ajuste salarial para los sectores profesionales.
HUELGA
Díaz aseguró que el magisterio nacional no descarta otras medidas como una huelga indefinida si el gobierno no escucha sus demandas, pero además si no se mejoras muchos asuntos que preocupan a la ciudadanía en tiempos de crisis.
“Que sepa el gobierno que hay muchos temas en que este pueblo está necesitando que alguien hable por ellos, y en eso el magisterio tiene la responsabilidad de defender al pueblo. Aquí están sucediendo cosas muy preocupantes, la pobreza, del desempleo, la criminalidad, la inseguridad ciudadana. Pero ¿quién corre con esos problemas?, nosotros los trabajadores, y no lo vamos a aceptar más”, afirmó Díaz.
El presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), Alexánder Obando, explicó que el estudio hecho por el propio servicio civil deja claro que existe una diferencia del 56% entre los salarios promedio del sector y los pagos a los no profesionales.
Para Obando, es inaceptable que luego de un año en que el gobierno habló de superávit en sus finanzas, ahora niegue el dinero para el aumento a uno de los sectores más vulnerables, como son las personas no tituladas.
“La crisis afecta más a los compañeros que menos ganan, que son precisamente los no profesionales; el gobierno debe entender que este aumento es justo y necesario”, aseguró Obando.
MÁS PROTESTAS
Para el diputado del Frente Amplio, José Merino, está claro que la crisis económica va a traer más protestas y manifestaciones de los sectores que no encuentran una respuesta en las políticas del gobierno.
“Esta marcha se da cuando se nota un aumento de la crisis, con una política del gobierno y de las cámaras empresariales, apoyadas por el grupo de diputados del TLC, de querer descargar el peso de la situación sobre los hombros de las personas asalariadas”, advirtió Merino.
Para el legislador, no es posible que el gobierno hablara de un superávit de ¢5.000 millones y un aumento de la recaudación y que una institución como la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) dijera que le sobraban ¢78 mil millones de colones, pero se dejara de lado el pago a estos trabajadores.
La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR), Cristina Barboza, aprovechó la marcha no solo para apoyar a los educadores en su lucha por mejorar las condiciones del sector, sino que además hizo un llamado a la unidad del movimiento social.
“Ahora no somos solo los estudiantes universitarios, estamos consolidando este movimiento estudiantil con los colegios y nos parece fundamental la unidad. Tanto nosotros como las demás organizaciones sociales podremos luchar por nuestras reivindicaciones concretas con un solo enemigo en común, que es el “Plan Escudo” del gobierno”, comentó.
La dirigente estudiantil consideró que toda la política de restricción salarial, de recorte al presupuesto de las universidades y el ataque en general a la educación por parte del gobierno como consecuencia del Plan Escudo, debe motivar a la unidad de todos los sectores sociales, gremiales y ciudadanos.
“Por eso convocamos el próximo 18 de abril para que en el comedor de la UCR se manifieste esta unidad entre todos los sectores en contra del plan. Debemos plantear más bien una alternativa que sea el aumento en la inversión en educación y un verdadero plan de obras públicas”, manifestó la universitaria.
Recordó que a pesar de que el recorte a las universidades fue detenido por en la Comisión de Enlace, el riesgo sigue latente, y por tanto el movimiento estudiantil y el movimiento social deben estar preparados.
