José Miguel Corrales, del Partido Patria Nueva, considera necesarario evitar el acaparamiento de los medios por parte de la empresa privada y la creación de monopolios de información que deterioren el debate público. (Foto: Katya Alvarado)
Diez de los actuales trece partidos políticos que se disputan la presidencia de la república en las próximas elecciones se presentaron al foro “Visión y compromiso de los candidatos presidenciales sobre el derecho a la comunicación”, que fue celebrado el pasado 30 de octubre en el auditorio del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME), en la ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica (UCR).
El foro fue organizado por el Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (PROLEDI) y la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la UCR.
Faltaron a la cita el Movimiento Libertario, Restauración Nacional, y el aún no aceptado por el Tribunal Supremo de Elecciones, Partido Integración Nacional.
José Manuel Echandi, candidato por el Partido Avance Nacional, dentro de sus propuestas enumeró un mayor apoyo a los medios de comunicación comunales, con énfasis en los medios de difusión de la cultura indígena del país.
También, Echandi reafirmó su compromiso de ratificar la comunicación como un derecho humano respaldado por la Constitución Política e impulsar una nueva legislación, que promueva una mayor apertura de medios y con mayor contenido nacional.Mientras tanto, Justo Orozco, por el Partido Renovación Costarricense, negó que el proyecto de Ley N. º 17.957 –presentado por él a la Asamblea Legislativa− constituya una nueva “ley mordaza”, y adujo que este busca abrir las telecomunicaciones, para aumentar la participación nacional en el contenido de los medios.
Por su parte, Héctor Monestel, del Partido de los Trabajadores, también se sumó a la idea de comunicación como un derecho humano, aunque cree que esto no bastaría para garantizarle este derecho a la población, debido a que en la actualidad ciertas instituciones públicas entorpecen la manera en la que el Estado lo garantiza.
Según Monestel, entes como la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) administran de manera incorrecta la propiedad pública, como el espectro radioeléctrico.
Por el Frente Amplio participó su candidata a la vicepresidencia, Dagmar Facio, quien mencionó lo dañino que puede ser, para la ciudadanía, la desinformación y manipulación en la comunicación y puso como ejemplo el llamado memorando del miedo.
En su opinión, Costa Rica debe buscar un mejor sistema de difusión, para evitar que el control de los medios por parte de ciertos intereses, logre permear a la población entera mediante el engaño.
Otra candidata a la vicepresidencia que participó fue Luz Mary Alpízar, del Partido Nueva Generación. Para ella, la comunicación debe ser un recurso que el Estado debe explotar y garantizar de manera homogénea a todas las personas.
Entretanto, José Miguel Corrales, del Partido Patria Nueva, denunció la invisibilización que enfrentan partidos como el suyo, en materia de prensa y encuestas, al tiempo que expuso su interés en evitar el acaparamiento de los medios por parte de la empresa privada y la creación de monopolios de información que deterioren el debate público.
Por Liberación Nacional habló Fernando Berrocal, quien se refirió a una perspectiva socialdemócrata de la comunicación, que garantice la participación ciudadana y rechace los regímenes autoritarios. Abogó, asimismo, por un acceso social e individual igualitario a la información.
Adrián Fallas, candidato a diputado por el Partido Accesibilidad Sin Exclusión, lamentó la falta de acceso a la información que presentan las personas que tienen algún tipo de discapacidad, en especial la población sorda del país.
La candidata a la vicepresidencia por el Partido Unidad Social Cristiana, Patricia Vega, fue la única que afirmó que la actual Ley de Radio y Televisión –de 1954−, no se encuentra obsoleta y que requiere solo de algunas reformas.
El representante del Partido Acción Ciudadana, Juan Carlos Mendoza, enfatizó que el PAC tiene un compromiso absoluto por ratificar la comunicación como un derecho humano, por medio del proyecto de ley N. º 18.172, que además certificaría el acceso a Internet como un derecho que el Estado debe garantizar.
Otra propuesta incluiría una nueva ley de cine, para fomentar la producción nacional y reservar un porcentaje del espectro radioelectrónico para la transmisión de contenido de importancia social, educacional, cultural y comunal.
