Eladio Carranza, presidente de AFUP, mencionó que trabajadores del Magisterio se encuentran satisfechos por reforma a ley del Magisterio Nacional (Foto: archivo)
Una reforma aprobada el pasado 29 de octubre, al artículo 70 de la ley 7531 del Régimen de Pensiones del Magisterio Nacional, permitirá que 21 000 pensionados y 14 000 trabajadores activos dejen de pagar el 10 % de un salario aproximado al ¢615 000 mensuales.
También, la modificación a la legislación cubrirá a quienes están en el proceso transitorio de reparto de este sistema, lo que implica que están aquellos trabajadores que empezaron a laborar antes de 1992.
Luego de muchas negociaciones con diputados y autoridades del Gobierno, las diferentes asociaciones que integran la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (JUPEMA) lograron acordar que si por un ajuste salarial una persona llega a ganar más de los 2.8 salarios base que establece la reforma, entonces el asociado pasaría a cotizar el porcentaje sobre el exceso al monto de los 2.8 salarios base.
Para Eladio Carranza, presidente de la Asociación de Funcionarios Pensionados Universitarios (AFUP), esto representa un gran triunfo por los derechos de los trabajadores con menos ingresos económicos de este régimen, puesto que con este artículo 70 de la ley promulgada en 1995, se les castigaba a pagar montos excesivos de su salario.
Róger Porras, director ejecutivo de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (JUPEMA) afirmó que antes de esta reforma el peso económico de estas cotizaciones caía sobre los hombros de las personas asociadas con menores ingresos y los mayores años de pertenecer al régimen, en particular las mujeres, pues en su opinión el 70 % de los asociados son mujeres.
Con la reforma las personas activas del sistema se benefician de manera importante, porque sobre las dos primeras bases cotizables (¢439 000 aproximadamente) ya no cotizará el 10 % de su salario; solamente un 8.75 %.
CAMINO CON MUCHOS TROPIEZOS
El presidente de AFUP comentó que ha sido una lucha de varios años, pues desde el 2008 —cuando el proyecto ingresó a la corriente legislativa—, tuvo obstáculos que impedían garantizar la reforma a aquellas personas que ganaban menos del equivalente a tres salarios base.
Una de estas dificultades provino de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), quienes argumentaron que el país no estaba preparado económicamente para una reforma que le costaría miles de millones de colones al sector público.
En este punto, la solución dada a los fondos públicos, que se invertirían con esta reforma, se subsanarían con la derogación del artículo 61 de la Ley sobre el Impuesto de la Renta, el cual elimina la exoneración de impuestos a aquellos pagos de remesas que se dan en el extranjero con fuentes costarricenses. Esto no afectaría a las remesas de trabajadores inmigrantes que envían dineros a sus familias en su país natal.
“Nos mantuvimos encima de todas las fracciones de oposición quienes fueron las que nos respaldaron, porque siempre eran los diputados del Partido Liberación Nacional los que objetaban varias de nuestras peticiones, pero aprovechamos la Alianza por Costa Rica para posicionar el proyecto”, recordó Carranza sobre parte de la estrategia para lograr la reforma.
Además, Carranza mencionó que desde la JUPEMA se realizaron una serie de publicaciones en las que acusaban al Gobierno y a los diputados del PLN de atacar el régimen del Magisterio, debido a los desacuerdos entre esta fracción y los defensores de la reforma.
“Se atacó a la presidencia y a los diputados del PLN. Eso tendió a golpear la imagen del Gobierno, porque el Magisterio representa un caudal de votos importantes y no les convenía echarse encima ese caudal electoral”, comentó.
Tanto el presidente del AFUP como el director ejecutivo de JUPEMA creen que se cierra un capítulo más de triunfos para fortalecer a los trabajadores y pensionados del Magisterio. Ellos aseguraron que con este proyecto se da justicia a muchos trabajadores y pensionados que pagaban excesos en sus salarios.
