UCR sugiere tener un modelo propio de seguridad del Estado

Para que Costa Rica sea un país democrático y respetuoso de los derechos humanos y constitucionales debe eliminar la Dirección de Inteligencia y Seguridad

Consejo Universitario pidió al Gobierno disolver la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional.

Para que Costa Rica sea un país democrático y respetuoso de los derechos humanos y constitucionales debe eliminar la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y crear una nueva política en materia de seguridad del Estado. Así se pronunció el 18 de marzo el  Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica.

El pronunciamiento señala que aún cuando la DIS surgió oficialmente en 1994 como órgano adscrito al Ministerio de la Presidencia responsable de ejecutar labores de vigilancia para la seguridad del Estado y de sus bienes, el papel que realiza cotidianamente no es ese.
“Por su naturaleza, la DIS es una instancia que no responde a la rendición de cuentas que se
exige a la gestión del Estado costarricense”, dice el texto.

Consultada sobre el tema Ivonne Robles, directora del Consejo, aseguró que por ser la UCR un referente para la opinión pública, no pueden callar las violaciones que está cometiendo la DIS. Según el Estatuto Orgánico,  al ser la Universidad una institución pública, autónoma y  democrática, tiene la visión de contribuir a la búsqueda del bien común. “Al amparo de nuestra visión pretendemos que la discusión trascienda del ámbito universitario y así formar un diálogo con la sociedad, capaz de instruir la conciencia lúcida”, agregó Robles.

La idea fue propuesta por Alberto Cortés, miembro del Consejo, quien opina que las garantías y regímenes constitucionales deben ser respetados para concebir al país en la línea democrática.

Con la DIS se ha dado espionaje, persecución, hostigamiento, intervenciones telefónicas. Además, se levantaron expedientes a personas que ven la política distinta a quienes están en el gobierno.

La función de la seguridad del Estado debe existir, pero no sujeta al vaivén del cambio de gobierno, con mecanismos de rendición de cuentas y adscrita a otro ente superior como el que el Fiscal General Francisco Dall’Anese plantea: reforzar la fuerza pública y el Organismo de Investigación Judicial.

También critican la posición del Ministro de la Presidencia Rodrigo Arias, a cuyo cargo está adscrita la DIS,  de reformar el servicio de inteligencia basado en los ejemplos Colombia y Chile.

En opinión de Cortés, “esa misma semana cuando se descubrieron los manejos inadecuados de la DIS en Colombia había un debate porque la Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) había estado actuando como una policía política. El caso de Chile me remite a la experiencia autoritaria anterior. No tenemos por qué copiar modelos ajenos, sino crear nuestros propios referentes”.

El detonante de este pronunciamiento se debe al reciente caso del periodista de origen brasileño Gilberto Lopes y del abogado nacido en Colombia, Carlos Meneses. Ambos solicitaban la nacionalidad costarricense al Registro Civil pero les fue rechazada por encontrarse “anotados” en los expedientes de la DIS que supuestamente los retrataban como una amenaza para la seguridad nacional.

Otro caso que influyó fue la situación del diputado José Merino, a quien durante el proceso del referéndum filtraron una foto en donde se le vinculaba con las FARC en medio del contexto de la “campaña del miedo”. También está la denuncia del diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), José Joaquín Salazar quien incluso fue agredido por un funcionario de la DIS, agregó Cortés.

En el Consejo los  integrantes muestran preocupación por los dirigentes estudiantiles que se involucran en movilizaciones y crean expedientes de ellos, tal como el caso del ex-presidente de la Federación de Estudiantes, José Arévalo.

Con esta iniciativa el Consejo se une a otras instituciones que abogan por la disolución de la DIS, entre ellos la Defensoría de los Habitantes, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, miembros de partidos políticos y el mismo fiscal de la República, Francisco Dall’Anese.

El Consejo se pronunció también en contra de la concesión minera de Las Crucitas, a favor de una moratoria a la actividad piñera y en contra de recortes a los presupuestos universitarios, dijo Ivonne Robles, directora del CU.

UNIVERSIDAD intentó conocer el criterio del director de la DIS y también viceministro de seguridad, José Torres, pero al cierre de esta edición, Pablo Guerén, asesor del Ministerio de la Presidencia, aseguró que el jerarca se encuentra en el extranjero.

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