Durante más de ocho años, la comunidad de Milano, en Siquirres, ha sido abastecida de agua potable por camiones cisternas pagados por el AyA (Foto: Katya Alvarado).
Con la paciencia agotada de luchar en suelo nacional por casi una década para que se les dote de acueductos con agua potable, las comunidades de El Cairo y Milano de Siquirres –provincia de Limón− llevaron su caso hasta Washington D.C., en donde ventilaron su malestar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la sede de esta entidad de la Organización de Estados Americanos (OEA), representantes nacionales del Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (Cedarena), de las comunidades caribeñas afectadas y del Estado costarricense, externaron sus puntos de vista en una audiencia que se celebró el pasado 20 de marzo por la tarde y que fue transmitida por Internet durante una hora y doce minutos.
Debido a la contaminación por agroquímicos producida por cultivos de piña en la región, las poblaciones denunciantes deben beber agua que se reparte en camiones cisternas desde hace más de ocho años, con un costo acumulado cercano a los ¢500 millones, según informó en la audiencia Yamileth Astorga, presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
El embajador costarricense ante la OEA, Pablo Barahona, y la presidenta ejecutiva del AyA, Yamileth Astorga, lamentaron que el caso de estas comunidades se llevara hasta esa instancia en Washington y afirmaron que hay voluntad del Estado y de otras entidades vinculadas con la mencionada problemática, para discutirlo en el país y buscar soluciones.
Mientras tanto, Soledad Castro, de Cedarena y en representación de las peticionarias, criticó que “sin adecuada planificación y ante una fuerte amenaza de contaminación, se ha presentado un fuerte aumento de conflictos por el acceso al agua” en la región.
Por su parte, Erlinda Quesada, de las comunidades afectadas, lamentó que se han sentido desprotegidos por el Estado, ya que por más de 12 años no han solucionado los problemas que sufren por la contaminación de las fuentes de agua, ni el abastecimiento con líquido potable.
Xinia Briceño, dirigente de Milano de Siquirres, relató el caso de niños que se enferman con vómitos y problemas gastrointestinales, por no contar con adecuado abastecimiento de agua potable.
Ante las críticas de los vecinos siquirreños, la jerarca de AyA, Astorga, alegó que los problemas de las comunidades de este cantón no pueden generalizarse al país y argumentó que están desarrollando una serie de medidas para solucionarles el problema, sumado a que el Gobierno tiene la mejor disposición para dotarles de acueductos libres de contaminación.
CALVARIO
Al ahondar acerca del calvario que viven cada día las comunidades de Siquirres, la delegada del Cedarena, Soledad Castro, expuso que “en cuanto al abastecimiento de agua potable a la población, las amenazas al recurso, así como una gestión incompatible con su sostenibilidad, limitan su disponibilidad en cantidad y calidad adecuada”.
Detalló que cerca de un 30% de la población es abastecido por medio de los acueductos comunales, que funcionan con el trabajo voluntario de vecinos.
Castro recordó que la producción piñera a gran escala nació en los años 80, cuando la transnacional Del Monte empezó sus cultivos en la zona sur del país. “Es un cultivo altamente dependiente de insumos químicos y contempla el uso de herbicidas, fungicidas, nematicidas, insecticidas, fertilizantes, abonos y compuestos químicos”, puntualizó.
Como producto de esta siembra intensiva –agregó−, se han generado daños al ambiente, sobre todo al recurso hídrico, provocado por sustancias tóxicas y persistentes en los suelos.
“El Estado de Costa Rica ha sido un tanto tolerante, al facilitar este modelo de agricultura, sin implementar los controles adecuados para proteger los derechos de una vida digna a los pobladores”, reprochó Castro.
Catalina Ovares, abogada del Cedarena, recordó que la Sala Constitucional costarricense ha emitido varias sentencias contra el Estado, en las que le ordena tomar medidas para evitar la contaminación por los cultivos de piña, sobre los cuerpos de agua que abastecen a comunidades rurales del país. Pese a ello, acueductos como los que suplen a El Cairo y Milano continúan sin agua potable.
Xinia Briceño, vecina de Milano, informó de que la comunidad la integran 287 familias, las cuales con grandes esfuerzos construyeron a inicios de los años 90 un acueducto. Antes de que terminara esa década, comenzaron a sufrir la contaminación por la actividad piñera.
Con la voz a ratos entrecortada, Briceño preguntó: “Qué está haciendo el Gobierno que no hace cumplir nuestra Constitución Política? (…) ¿Por qué tenemos que pagar por un servicio que está contaminado, que sabemos que nos está contaminando la vida?”.
TRASLADO INNECESARIO
Para la representación del Estado costarricense, llevar los problemas de las comunidades de Siquirres mencionadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos era innecesario.
El embajador ante la OEA, Pablo Barahona, aseguró que la audiencia del CIDH permite reiterar al país su compromiso con el respeto derecho al agua. “Sobre este tema, se ha dado una apertura indeclinable al diálogo, con diversos actores nacionales, con los cuales estamos en la mayor disposición de continuar conversando constructivamente”, puntualizó.
“Le preocupa al Estado que temas que son de la mayor prioridad nacional y que requieren de un accionar minucioso de políticas públicas, en los que ya se están ejecutando acciones concretas para resolver de manera efectiva la problemática planteada, sean ventilados ante esa comisión, ante un eventual supuesto que el país está omitiendo atenderlos de manera adecuada a nivel doméstico”, recalcó Barahona.
Por su parte, la jerarca del AyA, Yamileth Astorga, fue enfática en que “no es correcto suponer que las autoridades institucionales no han procurado las medidas pertinentes para dar respuesta a las problemáticas que se pueden presentar en comunidades rurales o urbanas del país”.
Astorga reconoció que el país debe superar importantes desafíos en materia de acceso al agua. En el caso de las comunidades de Siquirres, rechazó que haya existido omisión estatal para atender los problemas y citó como ejemplo el abastecimiento desde el 2007 con camiones cisternas, con costos asumidos por el AyA ($904.000).
De igual manera, detalló que se trabaja en un proyecto integral para construir un acueducto que llevará agua a unas 7.000 personas de la zona, con un costo de $4,3 millones. El avance del plan es de un 54%, aseveró Astorga.
En el caso de la comunidad de Milano, hizo ver que reforzarán su acueducto con una nueva naciente, para cuya ejecución AyA destinará ¢320 millones.
Con base en lo expuesto por las diversas partes en la audiencia en Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estudiará el caso y presentará recomendaciones al país.
Peticiones de las comunidades
-Que la comisión de la CIDH visite Costa Rica, para que conozca los problemas de acceso al agua potable.
-Al Estado costarricense: que no se repitan estos hechos en el país; que se decrete una moratoria a la expansión piñera hasta tanto no exista una debida planificación del cultivo, que se ejerzan controles y se cuente con estudios; que se establezca un protocolo para enfrentar eventuales situaciones de contaminación, así como un sistema preventivo para monitorear la calidad del agua.
