El TEC firmó un contrato por cuatro años con el Conavi para el monitoreo, evaluación e inventario de los puentes nacionales por un monto cercano a los mil millones de colones.

No bastó la aprobación por unanimidad en primer debate ni el voto de la Sala IV que descartó vicios de inconstitucionalidad. El proyecto de Ley que obligaría al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) a obedecer la supervisión técnica del Lanamme en proyectos de infraestructura vial se atascó en el Congreso, mientras el cabildeo del ministro de Transportes, Pedro Castro, intenta que el oficialismo detenga definitivamente su aprobación, señalaron diputados opositores.

Aunque ha evitado confirmar que el ministro Pedro Castro se ha reunido con la fracción legislativa del PLN, la diputada Alicia Fournier no ha negado “la preocupación” del ministro en relación con el proyecto 17.735.

Sí admitió que el lunes 18 de noviembre Castro se reunió con miembros de la fracción del PLN para “hablar de sus preocupaciones sobre el proyecto”.

El legislador socialcristiano y proponente del proyecto de ley, Walter Céspedes, manifestó en reiteradas ocasiones, que el jerarca del MOPT “ha llegado a la Asamblea Legislativa para reunirse” con miembros de la fracción de su partido, con el objetivo de  “frenar” el avance de esa iniciativa en el Congreso.

De hecho, la diputada Fournier, al ser consultada, no negó que la presentación del recurso de inconstitucionalidad “obedeciera” a una solicitud del ministro.

Igual opinó el legislador del Partido Acción Ciudadana (PAC), Claudio Monge, quien aseguró que “detrás del interés de detener el proyecto”, operan “intereses particulares de Castro”.

“Aquí hay intereses particulares. He visto una acción de personal del Instituto Tecnológico en la que aparece nombrado el señor Pedro Castro”, advirtió Monge.

TRÁMITE PARA ENREDAR

El proyecto de Ley discutido como Reforma al artículo 6 de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, Ley 8114 y sus reformas, fue discutido en la Comisión Legislativa con Potestad Plena Tercera, donde quedó aprobado por unanimidad en primer debate el 25 de setiembre.

Actualmente se encuentra congelado, por una moción de avocación de la diputada  liberacionista Agnes Gómez, que de ser admitida por el pleno, “devolvería” el proyecto al último lugar de la agenda de primeros debates. Eso trasladaría su  discusión de la Comisión hacia el Plenario,  para lo cual requeriría al menos de 38 votos para su aprobación y lo cual significaría, “prácticamente, la muerte técnica del mismo”.

Gómez, luego de conocerse el criterio de la Sala IV que a inicios de mes descartó roces constitucionales, decidió  sin embargo incorporar una “moción de avocación” al proyecto 17.735,  según “se lo permite” el artículo 175 del reglamento legislativo. Según este recurso, “puede ser avocado el conocimiento de un proyecto que esté en trámite en una comisión” siempre y cuando no tenga aprobación en segundo debate.

“En la comisión plena tercera estamos de acuerdo en darle segundo debate, pero el PLN va a utilizar todas las maniobras, sucias y limpias para evitar su aprobación. Con la moción están apostando a que venga el período de sesiones extraordinarias y que el proyecto no sea convocado, luego viene el receso y las elecciones”, advirtió Monge.

“SIGUEN LAS DUDAS”

Luego de su aprobación en primer debate en el seno de la comisión plena, las diputadas liberacionistas Alicia Fournier y Agnes Gómez interpusieron un recurso de inconstitucionalidad por “dudas” sobre los costos y las competencias relacionadas con las municipalidades, entre otros temas,  según dijo a UNIVERSIDAD, Fournier.

Pero el voto  de la Sala IV “despejó” el camino al  descartar vicios de inconstitucionalidad y dio luz verde para que el proyecto avanzara hacia la aprobación en segundo debate.

En su momento, el diputado socialcristiano Walter Céspedes −proponente de la iniciativa−  celebró el criterio de la Sala Constitucional y auguró un buen final para el proyecto.

Céspedes manifestó su satisfacción por el “blindaje” que generó el aval de la Sala y justificó la “oposición” del jerarca, al “miedo” que tiene de someterse al escrutinio del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la Universidad de Costa Rica, designado ente asesor por Ley de la República.

“Aunque admitió su respeto a la sentencia de la Sala Constitucional, el ministro Castro no ha ocultado públicamente su oposición a la iniciativa. Pese a múltiples consultas de UNIVERSIDAD, su asesora de prensa respondió que “no se referirá” al tema,  ni “autorizó enviar las respuestas que sobre el mismo ha dado a otros medios”.

Al ser consultada, acerca de por qué si el criterio de la Sala IV despejó “las dudas” sobre el proyecto alegadas por el PLN, ese partido presentó la moción de avocación, Fournier insistió en que persiste “una gran oposición al proyecto” tanto por parte del MOPT como de las municipalidades.

“Siguen las dudas. No vamos a quitar la moción. Analizamos más bien otras opciones como el Colegio Federado (de Ingenieros y de Arquitectos), la Cámara de la Construcción o el Instituto Tecnológico de Costa Rica”, aseguró Fournier.

Por su parte Céspedes, como medida de “presión”, aseguró que “avocó todos los proyectos” que se tramitan en las tres comisiones plenas, lo que impide votar cualquier proyecto,  y que no los “retirará” hasta que se le dé el segundo debate al proyecto 17.735.

Al respecto, Guillermo Loría, coordinador del Programa de Ingeniería de Transporte del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), de la UCR, manifestó que “respetan el criterio de la Sala IV”, pero que, con vinculancia o sin esta, el laboratorio seguirá haciendo el trabajo que le demanda la Ley.

DESPERDICIO DE RECURSOS

Olman Vargas, director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, aseguró que no “acatar” los criterios del Lanamme por parte del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) es un “desperdicio de recursos”.

“La red vial está en muy mal estado, casi todos los puentes cumplieron su vida útil. Es claro que el ministerio (Mopt) y el Conavi han tenido una incapacidad manifiesta de responder técnicamente a la urgente necesidad de atender la red vial”, aseguró.

Para Vargas, el Lanamme, al utilizar los fondos públicos que por Ley se le asignan, tiene el personal técnico, el equipo especializado y la experiencia necesaria para realizar “la supervisión”.

“Es un sinsentido que se le dé la plata a un ente para que supervise, pero que sus recomendaciones no son atendidas”, reclamó.

“Debe hacerse una reingeniería en el Conavi. Es una entidad relativamente nueva que se creó hace 10 años. Debió ser una institución moderna, pero lo que hizo fue crecer al amparo del Mopt,  trayéndose los mismos problemas”, lamentó.

Contrato con el TEC no es duplicidad

Hace unas semanas, en medio de la discusión del proyecto de Ley que hace obligatorios  para el Ministerio de Transportes los criterios del Lanamme, el ministro Pedro Castro anunció la firma de un contrato con el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) para el inventario, monitoreo y evaluaciones de los puentes del país.

El proyecto está “próximo a entrar en ejecución”, señaló a UNIVERSIDAD, la profesora  del TEC y coordinadora del Proyecto Ebridge, Giannina Ortiz.  Señaló que por este, el Conavi “pagará” al TEC un monto cercano a los 228 millones de colones al año, durante un período de cuatro años.

Diputados afirmaron que la contratación del TEC va a significar “una duplicidad de funciones”.

“El ministro no quiere el proyecto, él prefiere hacer  un acuerdo con el TEC donde él tiene sus amigos. La pregunta es que si el Mopt es el que paga, pues manda el baile, pero esto no lo puede hacer con el Lanamme que es un órgano apolítico, él quiere manipular los informes que le haga el TEC”, reclamó Céspedes.

Ortiz refutó estas afirmaciones alegando que el Tecnológico “nunca se ha plegado a ningún criterio político”.

“Como instituciones de educación superior, deberíamos trabajar en conjunto para hacer mejor las cosas. Hemos tratado de acercarnos al Lanamme pero no hemos podido”, afirmó Ortiz.

“No es duplicidad, si fuera así, ya tendríamos un inventario completo de los puentes y no es así”, señaló.