Una vez más, los actores de otra campaña electoral recuerdan a los ciudadanos la obligación de ir a las urnas. Como en otras ocasiones, tratan de convencernos, ahora con las nuevas herramientas de la mercadotecnia facilitadas por la accesibilidad a las «redes sociales», que no procuran arrear a los votantes a sus corrales partidarios, sino «concientizar» a los ciudadanos para que estudien sus planteamientos, programas o, en última instancia, las promesas de mejorar la situación de cada uno de los habitantes de nuestro país. Mientras tanto, el Tribunal Supremo de Elecciones hace el mejor esfuerzo publicitario para persuadir a los electores de honrar el deber patriótico y afirmar que ir a votar es una obligación fundamental de cada ciudadano. Sin embargo, un creciente grupo de costarricenses ve un sistema presidencialista caduco, nutrido de contribuciones millonarias de los precandidatos a presidente, de aspirantes a diputados seleccionados a dedo, con un esquema de financiación convertido en un negocio para muchos. Poco esfuerzo hace el Tribunal para inducirnos a pensar en alternativas del sistema actual que elimine este Ejecutivo débil, que debe transar y ceder en principios fundamentales ante minorías legislativas fanáticas para lograr las mayorías calificadas que exigen proyectos urgentes de aprobación. Así, en una sociedad en que se repite una y otra vez que como todos tenemos derecho, debemos conformarnos con un Poder Legislativo compuesto por diputados de cuestionable idoneidad y frecuentemente descalificados moralmente que, sin embargo, continúan en sus curules invocando con desvergüenza el debido proceso.
Caracterizado por altos niveles de abstencionismo, en las elecciones previas, el desencanto tiende a agravarse en los comicios que se avecinan. Con frecuencia los disidentes tienden a utilizar severos epítetos para tipificar a los contendientes, calificativos que van desde mentirosos hasta corruptos. A menudo, mentirosos se refiere a la disociación entre promesas y la verdadera conducta del ganador.
Salvo deliberada mala fe, se podrían nombrar algunas de las razones por las cuales, estando en el cargo, es imposible cumplir con las aspiraciones de los electores. Una de ellas es que quien asume un cargo difícilmente sabe con exactitud la situación que ha de enfrentar. En el caso de la Asamblea Legislativa, los diputados no se conocen, ni aún dentro de la misma fracción, y no puede suponerse que abrazarán espontáneamente los consensos necesarios para avanzar.
Otra razón es la aparición o presencia de factores externos que complican la gestión, por ejemplo la aprobación del TLC que llevó casi la mitad del segundo gobierno de Arias, o el conflicto con Nicaragua y el escándalo de corrupción con la trocha en el presente gobierno de Chinchilla.
Pero aún más importante es la utilización del poder económico para manipular el poder político, mediante todos los mecanismos de la ideología que hacen ver «la» democracia como un ejercicio del poder de las mayorías. Más allá de los comicios, esos grupos de interés −y de presión− siguen votando: La Nación, y probablemente Canal 7/Telenoticias, movilizando la opinión pública a su antojo; los colegios profesionales, especialmente el de médicos, afincados en instituciones particulares como la Caja; los taxistas, autobuseros y demás transportistas haciendo de las suyas en las calles; los maestros y profesores tratando de convencernos que su comportamiento fuera de las aulas es en beneficio de esa otra vaca sagrada denominada «educación», etc.
Inspirados en el desempeño de doña Laura, algunos ven como alternativa lo que han llamado en un proyecto el «referéndum revocatorio», para dejar cesante a quien ocupe la presidencia de la república. La crisis inducida por este procedimiento difícilmente solucionaría la multiplicidad de problemas descritos, y sería iluso esperar que quien sea elegido el primer domingo de febrero próximo los resuelva.
¿Qué podemos hacer los ciudadanos? El pasado octubre, el TSE publicó la conformación de la papeleta para presidente. Como la de diputados, esta tendrá impresa la leyenda «Marque con una X». Emulando una iniciativa de disidentes chilenos, podríamos rebelarnos y aún votando, utilizar ese pequeño espacio para pedir una asamblea constituyente, probablemente la única opción de refundar la democracia en Costa Rica. Carpe diem.
