DÉFICIT Y CONDICIONES-PAÍS
Esta discusión no puede hacerse en abstracto; hay que ubicarla en un país y en el marco de las condiciones históricas que lo definen. No es lo mismo el déficit público de un país desarrollado, esto es, un país con una alta acumulación de capital, que el déficit en un país en vías de desarrollo, con una baja acumulación de capital. Costa Rica tiene un nivel de deuda pública acorde con el nivel de su PIB, en el marco de los países con rentas per capita medias.
Los países con niveles bajos de acumulación de capital requieren de gastos o inversiones relativamente mayores, para poder crecer a tasas superiores a las de los países desarrollados, e ir acortando la brecha en acumulación de riqueza y capital que los separa de éstos.
Mas las burguesías nacionales de los países en vías de desarrollo, dueñas del capital generado en cada ciclo productivo, no son lo suficientemente agresivas con sus inversiones como los dueños del capital de los países ricos. Entre las principales razones se encuentra lo que los expertos llaman “fertilidad” del capital, que tiene que ver con la velocidad y seguridad con que se recupera el valor de las inversiones. Además de aspectos sociales, políticos y culturales que sólo dejamos mencionados aquí.
De esta suerte, el gasto en inversión pública, el gasto que tiene que hacer el Estado para lograr tasas de inversión suficientes para mantener tasas de crecimiento económico sustantivas, debe ser, relativamente, mucho mayor en los países en vías de desarrollo. Que a su vez, son los que de menos capital disponen.
ENDEUDAMIENTO ESTATAL Y PRIVADO
De ahí la necesidad del endeudamiento público; el Estado debe desempeñarse como factor de crecimiento, endeudándose interna y externamente, para poder invertir y determinar un crecimiento estable y bien orientado.
Hoy día, con la apertura económica, se dice que la inversión privada extranjera puede llenar esas necesidades de inversión, sin que el Estado requiera adjudicarse ese papel. Pero, los que así predican sólo consideran los costos –por así decir– “primos” de esas inversiones privadas, y dejan por fuera otros costos de oportunidad. Sólo para ilustrar el punto: La formación técnico-financiera que ha significado el diseño, la construcción y la administración de toda la infraestructura de producción y distribución eléctrica en el país, ha dejado una masa de trabajadores altamente calificada, bien remunerada, con altos niveles de consumo, que impulsan la oferta y la demanda de la economía nacional (amén de una distribución geográfica y socialmente equilibrada del servicio). No hubiera sido lo mismo si todo ese sistema hubiera sido diseñado, construido y administrado por empresas extranjeras. Los costarricenses lo sabemos por los desastrosos resultados de la Electric Bond & Share mediando el siglo pasado, las empresas bananeras extranjeras y recientemente las experiencias con el régimen de Zonas Francas y las decisiones unilaterales de abandonar el país de muchas de sus empresas.
No es casual, pues, que las empresas extranjeras requieran de condiciones “especiales” para invertir; que logran con la modificación del ordenamiento legal nacional por medio de paquetes como el que pasó la administración Arias con la “Agenda de Implementación” del TLC. O más recientemente, con la cláusula que le asegura el monopolio del desembarco de contendedores en el puerto del Caribe a la APM Terminals. O bien, de otras cláusulas especiales que tienen que ver con los costos ambientales como las que pretendía Crucitas. Así, la inversión privada extranjera implica costos adicionales que no son cuantificados debidamente, y que al fin y al cabo terminan pesando sobre la economía nacional y la naturaleza de su desarrollo.
Claro está que, ante la escasez relativa de capital para impulsar su crecimiento, los países en vías de desarrollo deben medir muy bien esos costos, para que no les pase lo que sentencia el viejo refrán: “ir por lana y salir trasquilados”.
En un mundo “financierizado”, esto es, en un mundo en el que existe una masa enorme de capital financiero, no es una torpeza pensar en endeudarse para invertir en desarrollo. Las condiciones financieras son favorables para que el Estado y sus empresas se endeuden para invertir en infraestructura de educación, en salud, transportes, puertos, seguridad alimentaria, energía, agua, etc. La inversión que se haga en esas áreas y otras más, generan, justamente, las condiciones para crear esa “fertilidad” del capital que favorece su acumulación, tanto privada como pública.
INVERSIÓN PÚBLICA Y MODELO DE DESARROLLO
Lo interesante de un desarrollo impulsado por la inversión pública es que está normado por los intereses del Estado, que debieran ser los intereses de las grandes mayorías, dependiendo claro está –y los lectores y lectoras lo entenderán– del nivel de democracia que gobierne a ese Estado y de su capacidad administrativa. Mientras que la empresa privada genera un desarrollo “busca rentas”.
Ciertamente, los réditos de esas inversiones no pueden ser contabilizados a la manera empresarial; no todas las inversiones hechas por el Estado rentan por sí mismas. Una inversión en educación pública no puede ser evaluada por su rendimiento financiero, como puede hacerse con el servicio de agua potable, por medio del cobro de una tarifa.
Pero lo que realmente interesa al fin y al cabo, es el bienestar social, la creación de oportunidades para todos los ciudadanos y ciudadanas del país, para el desarrollo de las habilidades de nuestros jóvenes, de nuestros trabajadores, de nuestros empresarios y empresarias, hombres y mujeres, para el surgimiento de condiciones que aseguren el crecimiento económico ecológicamente sustentable.
Así, el endeudamiento público bien administrado, celosamente gestionado, cuidadosamente invertido, es un elemento esencial para asegurar el desarrollo sostenible del país, tanto socialmente como ambientalmente, tanto culturalmente como políticamente.
