Cuando un líder político gana unas elecciones presidenciales gracias al aprovechamiento estratégico en su campaña política de un contexto sociopolítico favorable, creando grandes expectativas de cambio frente a gobiernos anteriores, y, además, generando la percepción de ser la figura más capaz de cumplirlas, su gobierno debe dar (como mínimo) la sensación de que actúa o trabaja, sin excusas, con las potestades institucionales que cuenta.
Contrario a lo que algunos podrían sugerir, un gobierno y sus principales figuras no necesariamente deben desmarcarse de sus imágenes proyectadas y mensajes emitidos durante el proceso electoral que los llevó a la victoria (máxime si dependieron, en su mayoría, de un voto volátil o no partidista). Por supuesto, esos elementos deben ser adaptados a un contexto, no de competencia por el voto de públicos determinados, sino de búsqueda de legitimidad de todos los ciudadanos.Ergo, así como se utiliza para atraer votantes, la Comunicación Política, la cual trasciende la mera acción informativa porque busca cumplir un propósito, y para ello una estrategia, sirve para legitimar el poder y a quienes lo ostentan. Cuidar la comunicación es buscar la efectividad y eficiencia de los objetivos políticos e institucionales. Sin apoyos ciudadanos, o, bien, de los mismos actores con los cuales se negocia en el espacio político, no es posible gobernar.
Todo gobierno necesita, desde el inicio de su administración, un relato transversal a su gestión, con sus respectivos mensajes, que produzca la percepción (la realidad es construida, no estática ni irrefutable) de que es y será capaz de cumplir, en estos casos, la demanda social de cambio. Dentro de dicho relato se debe cuidar no sólo qué se dice, sino cómo y cuándo se dice. Por lo tanto, la asesoría tanto para la estrategia macro como para los detalles específicos en el diseño y emisión de los mensajes (explícitos y simbólicos) es imperativa. Así, no sólo se lograría que la ciudadanía interprete estos tal y como fueron planeados, sino que se evitarían efectos contraproducentes para los mismos emisores y sus mensajes.
Precisamente, para una comunicación efectiva se debe conocer, para el diseño y emisión de los mensajes, los públicos receptores, así como sus características, comportamientos y predisposiciones. Por ende, el apoyo de investigación de la opinión pública frecuente y actualizada es imprescindible para la toma de decisiones. A través de estudios de opinión se podría determinar, por ejemplo, la incidencia de las críticas por parte de sectores opositores o, también, la valoración popular del partido político oficialista y cómo se le relaciona con el Poder Ejecutivo.
Y es que, a partir de la premisa de que la comunicación (en este caso de gobierno) trasciende la mera divulgación de información, esta debe estar articulada entre las diversas instancias gubernamentales y sus interlocutores en el espacio público para cumplir los objetivos planteados del mensaje y, aún más importante, para mostrar coherencia. Es decir, se deben gestionar todos los mensajes del gobierno desde cualquier discurso y aparición en medios de comunicación hasta, incluso, lo que se publica en redes sociales.
La legitimidad popular condiciona al ejercicio político. Los partidos políticos y sus líderes toman decisiones, o deberían hacerlo, en concordancia con los intereses, las preferencias y las demandas de la población. El fin natural de un partido político es obtener y mantener el poder para asegurar la viabilidad de su proyecto político, y eso se logra con el apoyo de quienes serán los próximos electores.
En suma, existe comunicación sin política, pero no existe política sin comunicación, ya que con esta se logran los consensos necesarios, no sólo frente a la sociedad civil y los medios de comunicación, sino en la relación con cada uno de los individuos y colectivos que aseguran la gobernabilidad de un país.
