Dado los infortunios que atraviesa (ha atravesado y, seguramente, seguirá enfrentando la actual administración), la percepción que el ‘tiempo efectivo’ de gobierno tiende a durar dos años o menos (siendo difícil ubicar lo ‘neto’ de la gestión: bien podría ser que cortos períodos de lucidez componen la efectividad y eficacia del gobierno de turno) y el malestar que parece imperar en la opinión pública cada vez que el gobierno ‘pifia’, ¿por qué, entonces, se sigue acudiendo a las urnas, cada cuatro años, para legitimar a quienes ya han demostrado no tener capacidad para gobernar?
Aunque la respuesta a dicha pregunta es—y debe ser—multifactorial, se elabora a continuación una breve hipótesis que parte de una transición de un modelo de comportamiento electoral psico–sociológico (de identificación partidista e ideológica, desarrollado en 1964 por el sociólogo Angus Campbell, también llamado “Modelo Michigan”) a un modelo de ‘elección racional’ (inspirado en premisas de la economía neoclásica y, en especial, en los modelos formales derivados de la teoría de utilidad y la teoría de juegos). Dicha conversión está, paralelamente, tanto acompañada como provocada por un amalgamiento entre políticos y empresarios. Dicho de otro modo, la línea que divide la clase política de la empresarial se ha vuelto, desde hace varias décadas, muy difusa (en su artículo “Partidos políticos, redes corporativas y formación de gabinetes en Costa Rica: 1986–2010”, Randall Blanco Lizano hace una elocuente demostración de ello).La deformación clave del proceso electoral. Las elecciones, en teoría, tienen tres finalidades: (1) producir representación (de opiniones e intereses ya sea de individuos o grupos organizados); (2) elegir un gobierno (lo que significa la concentración de poder en unos cuantos y en un equipo de mandato. Además, las elecciones pueden ser usadas para la remoción de funcionarios—p.ej., el caso del alcalde de Pérez Zeledón—y someter cuestiones políticas a consulta o decisión ciudadana −p.ej., el referéndum en torno al CAFTA−); y (3) producir legitimidad (que depende del consenso y conlleva que la obediencia se traduzca en adhesión. Sin el consentimiento de la mayoría de la ciudadanía, ningún gobierno, que se considere democrático, es legítimo).
La distorsión más sensible que los gobernantes hacen del proceso electoral giran en torno a la legitimidad. Se asume que ser popularmente elegido es, de facto, sinónimo de la toma de decisiones unilaterales y sin mayores miramientos; es decir, concentración, ostentación y aplicación de poder político y social . Esta presunción se da por el aparente ‘olvido’ de otros −y muy importantes− principios de legitimidad. Michael Haus y Hubert Heinelt (How to achieve gobernability at the local level?, 2005, p.15 sigtes.) explican que una vez en el poder, la legitimidad conferida debe ser mantenida con transparencia en las gestiones y decisiones, lo que redundará en responsabilidad en el arte de gobernar. Cuando las instituciones se ‘opacan’ es señal de pérdida de transparencia e irresponsabilidad en el gobierno (el caso de la CCSS es un ejemplo de ello). La otra faceta de la legitimidad responde al nivel de efectividad para resolver los problemas centrales y urgentes (que no siempre son los mismos). Cuando surgen las políticas del fracaso, hay inevitablemente disminución de legitimidad (considérese lo acontecido con la Ruta 1856 y la carretera San José–San Ramón como ilustración).
Ante este escenario, los políticos y empresarios han focalizado sus esfuerzos en convencer al electorado que la única legitimidad necesaria para gobernar es la que se concede con el resultado de las elecciones. Para ello, han convertido el proceso electoral y, por ende, la política en un gran fetiche donde los miembros de la sociedad costarricense, electoralmente activos, dejan de ser vistos como ciudadanos íntegros y críticos, para pasar a ser simples consumidores.
