Recientemente, la Asamblea Legislativa aprobó el expediente número 17,613. Proyecto bajo el título: Ley de Delitos Informáticos.
Más recientemente aún, el Poder Ejecutivo le dio el ejecútese y lo envió a la Imprenta Nacional para su publicación, misma que se dio esta semana en el medio oficial La Gaceta.
A partir de este momento, todos, y repito, todos, estamos bajo una amenaza latente de ser investigados, perseguidos, capturados, enjuiciados y llevados a prisión, con penas que oscilan entre los 4 y los 10 años de cárcel, sin ninguna posibilidad de ejecución condicional de la pena, es decir, sin poder cumplir esa condena en libertad bajo palabra.Según esta ley, el publicar informaciones secretas políticas, el utilizar un nickname o apodo en redes sociales, o el conseguir información utilizando herramientas tecnológicas, como los correos electrónicos, las redes sociales, los videos, las fotografías o cualquier tipo de grabación digital, que, en criterio del afectado, le haya o le vaya a producir un daño sería objeto de persecución judicial y por tanto sujeto de penas de prisión.
Como podrá ver, no se hace referencia a un periodista o comunicador, sino a cualquier persona, sí, a usted o a mí.
Llamo su atención sobre lo siguiente: si en el pasado se hubiera aplicado esta ley llamada mordaza, informaciones sobre los casos Caja Fischel, Alcatel, Procesos–Recope, la Trocha fronteriza, el memorandum del miedo pro TLC, el cobrador de la Caja de Seguro Social, el uso y abuso de recursos públicos, el puente sobre el Virilla -más conocido como la platina-, los fallos de la Procuraduría de la Ética, el levantamiento de inmunidades a diputados o acciones políticas impunes… no se hubieran conocido, y de haberlo hecho muchos periodistas estarían aún cumpliendo penas de prisión.
Hasta las denuncias en redes sociales realizadas por el nickname y el avatar más temido por los corruptos de la función pública: el chamuko, serían sujetos de investigaciones policiales al estilo de la Gestapo, la CIA, la KGB o cualquier otra policía política secreta.
Unidades de investigación periodísticas que han develado escándalos, esos programas de opinión que Ud. escucha o ve a lo largo del día, programas deportivos, los medios regionales o llamados alternativos que llegan a sus casas u otros medios, serían un objetivo de intervención policial.
Críticas en programas de Opinión recibirían demandas a diario. Comentarios como este, o editoriales, serían censurados. De cara a la campaña política, la ciudadanía costarricense no podría conocer quiénes pretenden gobernarnos.
Sí, la Ley de Delitos Informáticos venía con una recubierta de buenas intenciones a las que no nos oponemos, pero traía un Caballo de Troya, y ya que hablamos de delitos informáticos, traía un virus troyano.
Las reformas al Código Penal, sobre todo en artículos como el 196, 196 bis, 230, 235 y 288, atentan contra las libertades públicas, el derecho al acceso a la información pública, la libertad de prensa y las convenciones internacionales que protegen estos derechos universalmente, y son claramente un atentado contra la constitución y la democracia de un pueblo que no se merece la censura.
Hacemos un llamado para que, desde la Presidencia de la República, se cumpla con la promesa de enviar a la Asamblea Legislativa nuestra propuesta que denominados proyecto de ley por las libertades públicas, que hemos preparado junto con abogados de los medios de comunicación colectiva y asesores legales del Instituto para la Libertad de Expresión y de este Colegio de Periodistas de costa Rica.
Apenas iniciamos la cruzada. Apenas son los primeros pasos en pro de la defensa de la libertad de expresión y de prensa. No vamos a claudicar en la defensa de las libertades públicas, en defensa de cada habitante de esta nación y de los derechos de todos los costarricenses a ser veraz y libremente informados.
A los señores diputados también les urgimos, para que el Congreso de la nación, resuelva con dispensa de todo trámite y apruebe la propuesta de Ley por las Libertades Públicas, para proteger de una vez y por todas, la libertad de información y de prensa en Costa Rica.
Señores legisladores, si así lo hiciereis, bien, y si no, que Dios y la patria os lo demanden.
