Bajo las condiciones actuales, la situación fiscal del país es insostenible sin una reforma tributaria y la tendencia de este problema iría en incremento, por lo que se requiere de una transformación en los impuestos que pagan los ciudadanos, empresas y profesionales independientes, según confirmó un estudio del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE).
De acuerdo con Max Soto, del mencionado instituto de la Universidad de Costa Rica, una de las preguntas básicas que se han hecho en este estudio, es si realmente se necesita una reforma tributaria como la que está en discusión en la Asamblea Legislativa. La respuesta final es positiva, en la medida que el proyecto genere los suficientes recursos que se requieren para avanzar hacia la sostenibilidad fiscal del país.
La propuesta de modificación al sistema actual establece reformas al impuesto sobre la renta y al impuesto de ventas, mediante la aplicación de un impuesto único del 15% a las rentas de capital inmobiliario y mobiliario, a las ganancias de capital, al de remesas al exterior –que actualmente varía de 5.5% a 50%-.
“Para mantener la sostenibilidad fiscal el gobierno ha tenido dos vías: financia el déficit con deuda, lo que produce alza en las tasas de interés, reduce la inversión y afecta el crecimiento de la economía, generando inflación, o ajusta el gasto relacionado con inversión social, que también tiene repercusiones en materias de desigualdad y proporción del ingreso”, argumentó Soto.
La reducción en la inversión social recae fundamentalmente sobre los las personas de menores recursos económicos, los más pobres; por eso Soto plantea la necesidad de generar dineros a la administración pública.
Además, la deuda del país crece sistemáticamente, (PIB), y aunque Costa Rica no es la nación con los niveles más altos, continuar con los actuales tendría serias consecuencias en el crecimiento económico y la desigualdad.
“Hemos concluido que la reforma permitiría reducir la deuda respecto del Producto Interno Bruto (PIB) hasta tres puntos porcentuales, lo que sería congruente con la sostenibilidad fiscal. Se podría captar un 2% de ingresos con la reforma y reducir en un 1% los gastos innecesarios del gobierno. En estos momentos la carga tributaria es un 13.5% a 14% y con el ajuste sería posible llegar a los 15.5% o 16%”, argumentó el especialista del IICE.
DISTRIBUCIÓN DE IMPUESTOS
La nueva distribución está orientada a incrementar la captación por impuesto al IVA, que representaría el 58% de los nuevos recursos, el impuesto de la renta un 36%, el impuesto selectivo de consumo un 3% y el impuesto a la transacción de bienes inmuebles 2.4%, entre otros que tienen un menor impacto.
Los dos primeros impuestos significarían el grueso de la nueva recaudación y tendrán un impacto determinado en los diversos sectores del país.
Según Soto, el IVA es un impuesto regresivo, pero lo es en menor medida por la ampliación de la canasta básica exonerada. Este gravamen tiene como objetivo único generar ingresos fiscales y su impacto final es sobre las familias.
En su opinión, el beneficio de la reforma es generar recursos y cerrar la brecha fiscal, aunque afirma que la distribución del gasto no mejora mucho, tampoco la afecta demasiado, pero sí genera ingresos importantes para el gasto público, lo que está vinculado con los programas sociales del Gobierno.
“El impacto sobre la producción sería aproximadamente medio punto porcentual del PIB, en el primer año, es decir que si por ejemplo la economía fuera a crecer sin reforma a un 4.5%, con reforma lo haría a un 4%; se le resta medio punto a la tasa de crecimiento, porque al quitarles ingresos a las familias esas tendrían menos capacidad de consumir, al reducir el consumo, se reduce la demanda agregada y las empresas podrían vender menos y producir menos. Pero hay que entender que esto no es recesivo”, argumentó.
La reforma tiene beneficios, porque ese inconveniente del crecimiento se reduce sustancialmente en el segundo año, luego desaparece y la economía continuaría creciendo al mismo ritmo, pero con mayores recursos para la inversión social.
Entre las observaciones que hace el estudio, se mencionada que se pretende aplicar el IVA a servicios profesionales, como en abogacía o salud, llegan directamente al consumidor, pero no hay ningún incentivo para que el cliente exija su factura. “Esto debilita la recaudación de impuestos. Lo que se podría hacer es permitirle a la gente declaración en su renta de esos gastos, de manera que se les reduzcan esos gastos”, acotó.
Soto destacó que la propuesta de un sistema de renta global y renta universal, es un avance muy tímido, pues aunque uniforma el capital pasivo, se mantiene una diferencia entre el gravamen al salario y las fuentes de capital.
Esto porque el concepto de renta global pura implica el pago de impuestos en todas las rentas de una persona, independientemente de su origen, ya sean intereses, salarios o alquileres. A todas se les aplica una tasa.
El proyecto de ley plantea una escala de 10%, 15% o 20% de acuerdo con el ingreso, pero al capital es del 15%. Y en el caso de las rentas universales se gravan únicamente las repatriaciones de los capitales, ahí se vuelve regresivo, pues solo los que tienen oportunidad los dejarían fuera del país.
() Colaboró Javier Córdoba Morales.
