El campo de los sucesos en los últimos años ha acaparado más espacios en los medios de prensa y es una verdad innegable que los entes que trabajan en la materia penal (policías, fiscales/ as, jueces y juezas) se encuentran bajo la lupa de la prensa y por consiguiente de la ciudadanía.
Existiendo ataques directos a decisiones que los/ as jueces y juezas tomamos en nuestro trabajo y en donde la aplicación o no de las medidas cautelares en materia penal monopoliza la discusión, siendo seguida con alguna investigación oficiosa de parte del Tribunal de la Inspección Judicial, tal y como sucedió con el asunto de «La avioneta», en donde se cuestionó duramente la actuación de nuestra compañera, perfilándose la investigación como un caso de corrupción, siendo descartado posteriormente por el mismo órgano administrativo, pero se dispuso una recomendación de revocatoria del nombramiento por afectar «la imagen» del Poder Judicial.
Esto ha generado diversas reacciones, no compartiendo la posición del señor abogado Barahona Kruger que indicó: «La falta de atrevimiento de la judicatura al no defender oportuna y enérgicamente su independencia interna y externa, podría ser muestra de temor, y por tanto, la mayor evidencia de su falta de independencia.Si no fuera así, sería solo cuestión de falta de valentía, y, sinceramente, no sé cuál de las dos carencias sería peor, tratándose de las personas que tienen a su cargo decidir sobre el honor, la libertad, salud y en general, sobre los más caros bienes que justifican la existencia de la sociedad como organización política»(http://www.nacion.com/2011-09-21/Opinion/-la–imagen–del-poder-judicia-.aspx). No siendo correcto lo indicado por el articulista, ya que muchos/as jueces y juezas hemos compartido la posición de la ACOJUD al afirmar categóricamente que el artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial vulnera la independencia judicial; posición respaldada el pasado 4 de septiembre por la Federación Centroamericana de Jueces y Juezas Democráticos quienes por medio de la Declaración de Managua declararon: «Así, los jueces y juezas no pueden ser perseguidos en razón de sus decisiones, estando éstas sujetas a revisión únicamente por los Tribunales Superiores, dentro del mismo proceso que las origina, conforme lo indique el respectivo derecho interno. No pueden resultar los jueces y juezas directa o indirectamente afectados por el ejercicio de causas disciplinarias en su contra, de enjuiciamiento o de gobierno del propio poder.
En razón de lo anterior, manifestamos nuestro apoyo a las gestiones que realiza la Asociación Costarricense de la Judicatura, en procura de la defensa del Principio de Independencia Judicial y del mantenimiento de la institucionalidad democrática».
Por lo anterior, no es acorde con los hechos la afirmación de que carecemos de valentía, ya que al publicarse el artículo en mención, ya se había pronunciado la ACOJUD ante todo el Poder Judicial y todos los medios de prensa; y además muchos jueces y juezas habíamos respaldado la posición de nuestra Asociación como agremiados que somos, la cual a su vez se apersonó al proceso disciplinario en defensa de los intereses de la compañera Jueza del caso supra mencionado; y además, trascendió nuestras fronteras al contar con el respaldo de las asociaciones de jueces y juezas de Centroamérica, lo cual denota acción y valentía en salvaguarda de uno de los baluartes del sistema democrático costarricense. Los/as jueces y juezas del país debemos ser valientes; si no fuese así no podríamos ejercer la jurisdicción entendida como el deber de administrar justicia; entre los que destacan casos de criminalidad organizada, siendo que nuestra arma y escudo no es una pistola o un chaleco antibalas, sino la argumentación y la confianza de que resolvemos cada caso con base a quienes debemos estar sometidos la ley, los tratados internacionales de aplicación en el territorio y la Constitución. Estoy seguro de que la gran mayoría de jueces y juezas no tenemos miedo, pero pedimos respeto a la independencia para resolver conforme dicta el ordenamiento jurídico y con base en interpretaciones que se ajustan al sano entendimiento humano y que pueden ser cuestionadas en la mayoría de los casos por tribunales superiores.
