El Proyecto Hidroeléctrico El Diquís generará más de 600 megavatios y costará más de $2.000 millones.
La eventual construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís (PHED) no afectaría comunidades indígenas, al estar las tierras previstas para la obra en propiedad de “blancos” desde hace muchos años, aseguran especialistas, campesinos de la zona y un arqueólogo.
El proyecto hidroeléctrico Diquís es un nuevo planteamiento del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que sustituye la vieja idea de construir una represa de mayor tamaño y costo, como lo fue el Proyecto Hidroeléctrico Boruca.
A la nueva obra se le identifica como la opción más viable desde un punto de vista social, económico y ambiental. Esta serviría para abastecer a más de 1 millón de familias, aproximadamente.
Aunque todavía no está en construcción, los estudios y obras preliminares del PHED ya han empezado a causar una serie de reacciones en diferentes grupos y comunidades, por las dudas sobre cuál será el impacto de este.
La represa del Diquís almacenaría el agua del río El General y otros afluentes, en un embalse cuya extensión será de 6.800 hectáreas, localizado a unos 10 kilómetros al sureste de la ciudad de Buenos Aires de Puntarenas.
Según datos del ingeniero Gravin Mayorga, gerente de Electricidad del ICE, la eventual creación del embalse suscitaría la necesidad de reubicar en su totalidad a las comunidades de El Ceibo, Las Parcelas del Ceibo, Remolino-Achiote, La Tinta, Pilas, La Gloria, Ocochovi y San Miguel, así como el reasentamiento parcial de las comunidades de Colinas y Las Dibujadas, todas pertenecientes al cantón de Buenos Aires, y de las cuales ninguna se encuentra dentro de territorio indígena.
Mario Cascante, líder comunal vecino de Parcelas del Ceibo -una de las localidades que sería afectada por el embalse-, ve con buenos ojos la realización del proyecto, siempre y cuando “el ICE les cumpla a las comunidades el compromiso” de reubicarlos en tierras donde ellos puedan seguir produciendo los cultivos a los que se han dedicado siempre. En este sentido, afirman haber seleccionado las fincas donde vivirían una vez que el proyecto empiece a funcionar.
En su criterio, las familias que serían afectadas se encuentran a ambos lados del río y están integradas por campesinos, quienes durante años se han dedicado a la ganadería, y a la siembra de cultivos como frijoles, maíz y arroz -principalmente para la subsistencia- y en menor grado al cultivo de chile picante y ayote para exportación.
Cascante sostiene que “los terrenos que van a ser inundados, desde hace más de 40 años están en manos de blancos. En las tierras a inundar hay cero indígenas viviendo, los indígenas que hay viven revueltos con los campesinos desde hace muchos años; aun así, hay algunos de ellos que están de acuerdo con la represa”.
Mientras tanto, Francisco Corrales, antropólogo del Departamento de Arqueología del Museo Nacional y con muchos años de ejecutar proyectos de investigación en la zona, comparte el criterio de que en los terrenos por inundar pertenecen a población no indígena, aunque subrayó la importancia del trabajo que el ICE está haciendo en el campo de la arqueología, para valorar y rescatar la evidencia indígena que tiene la zona.
En cuanto a los cuestionamientos de algunos grupos, Mario Cascante lo atribuye a la manipulación de un grupo de personas que se oponen al proyecto. “En Térraba existe algo raro, está muy dividido; tres o cuatro familias se oponen, pero no pueden hablar por todos”, agregó.
Cascante puntualizó que en la zona de Buenos Aires han surgido muchos grupos que al oponerse al proyecto se les han abierto las puertas para recibir fondos.
Neftalí Bermúdez, vecino de la comunidad de Concepción de Pilas y presidente de la Asociación de Comisiones de Enlace de Diquís (ASOCEDI), también afirma que el área de impacto del PHED no afectará directamente a comunidades indígenas específicas.
Asimismo, agregó que es importante señalar que “el proyecto todavía está en la etapa previa; aún no se ha dado esa fase de negociación, y faltan estudios de factibilidad”.
“El tema del proyecto hidroeléctrico está muy manoseado a nivel de organismos internacionales para sacar provecho, y no terminan por beneficiar a nadie”, afirmó.
Asimismo, considera que en torno a las supuestas protestas en relación con el proyecto, hay conflictos de intereses, sobre todo en el caso de Térraba, una de las comunidades que se ha mantenido al margen de la organización comunal que ellos han levantado y la cual sería afectada indirectamente.
ORGANIZACIÓN COMUNAL
Mario Cascante es un líder comunal representante de un grupo de comunidades (Parcelas del Ceibo, Remolino, Ceibo, Ocochovi, La Tinta, una parte de San Miguel y parcialmente Paraíso), ubicadas en una de las márgenes del río El General.
En su opinión, el tema de la represa ha permitido que el grupo de comunidades afectadas directa e indirectamente, puedan establecer un grado de organización que les ha ayudado a delimitar ante el ICE y ante el gobierno, las condiciones en que serían reubicados.
“Venimos trabajando desde hace cuatro años. Hemos formado Comisiones de Enlace entre todas las comunidades y ya tenemos un plan de trabajo que cuenta con la opinión de cada una, según sus necesidades”, recordó.
Según este plan de trabajo, cada comunidad le dice cómo y dónde quiere irse. Actualmente, señala Cascante, el ICE está en el proceso de estudio para la compra de los terrenos que ellos han elegido.
Por su parte, Neftalí Bermúdez comentó que las comunidades que él dirige están ubicadas en la margen contraria (Jalisco de Colinas, Pilas, La Gloria, Concepción, La Dibujada, Pueblo Nuevo, San Vicente y China Kichá, (registra territorio indígena). Todas integran Comisiones de Enlace.
Estas también cuentan con un plan de trabajo y la organización ha sido muy importante, porque estas comunidades se sienten representadas ante las decisiones que se toman. “Es importante fortalecernos desde las bases”, destacó Bermúdez.
Por otro lado, Marvin Amador, integrante de la Asociación Ditsö -relacionada con las luchas populares-, estima que el desarrollo del proyecto sí afectará a comunidades como China Kichá, pues las obras ejecutadas en la fase preliminar “están causando el dragado de ríos importantes para esta región”.
En su criterio, también el Estado debe atender el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre poblaciones indígenas, donde se les da la facultad de asumir el control de sus territorios y la potestad de asumir sus propias decisiones.
La semana anterior, el Gobierno le quitó el apoyo al proyecto de ley de autonomía de los pueblos indígenas, que se encontraba en la corriente legislativa, en razón de que “arriesgaba el proyecto hidroeléctrico Diquís”, según palabras de la jefa de la fracción del PLN, Viviana Martín.
FAMILIAS REUBICADAS
De acuerdo con el ingeniero Gravin Mayorga, en noviembre del 2009 la Unidad de Reasentamientos de Poblaciones del PHED terminó el último censo elaborado para establecer los lineamientos para el Estudio Ambiental del proyecto.
Los datos del informe indican que en total serán reubicadas 1547 personas, que representan 416 familias. Las comunidades que aglutinan el mayor porcentaje de reubicados son Ceibo y Parcelas (53,4%).
Acerca de las decisiones consideradas para la reubicación, Mayorga expresó que el ICE le brinda a las familias que están interesadas en el reasentamiento -como medida de compensación por el desplazamiento-, la posibilidad de evaluar a través de visitas de campo y talleres de trabajo comunitarios, los aspectos positivos y las limitaciones de unas 3 opciones de espacio territorial, que puede ser una sola finca o un conglomerado de fincas adyacentes.
Este proceso de consulta se hace directamente con los pobladores involucrados, mediante una asamblea convocada por los representantes locales.
La opción que la comunidad escoja es la que el ICE considera para los estudios específicos (ausencia de amenazas naturales, estudio de suelos, presencia y significancia arqueológica, etc.) y su posterior trámite de compra del terreno de reubicación.
Indemnización y mitigación
El gerente de Electricidad del ICE, Gravin Mayorga, se refirió a cómo se indemnizará a las personas afectadas por el proyecto y las medidas de mitigación por el impacto ambiental.
¿Cómo se paga a los que no se reubican?
-La legislación establece dos medios de indemnización por la propiedad requerida para el desarrollo de obras de interés público. A las personas que no formen parte del proceso de reasentamiento se les indemnizará con el pago correspondiente según la Ley 7495 del 8 de junio de 1995 y sus reformas.
¿Qué acciones complementarias se piensan dar en el nivel económico para las comunidades reubicadas y para la región?
-Se espera concluir el Estudio de Impacto Ambiental. Una vez finalizada esta fase, se estará en plena capacidad de identificar los impactos específicos del proyecto. A partir de su correspondiente valoración, se formularán las correspondientes medidas de evitación, mitigación o atenuación y compensación de los impactos negativos significativos identificados.
Las propuestas que se planteen en términos del mejoramiento económico de las comunidades representadas, requerirán de la acción de muchos actores más allá del ICE: Municipalidades, MAG, MINAET, MOPT, ICAA, MEP, Ministerio de Salud, INCOPESCA, IMAS, IDA, entre otros.
