El proyecto de Ley de Investigación en Seres Humanos que se discute en la Asamblea Legislativa para regular las actividades científicas en las que se experimenta con personas en Costa Rica ya genera alerta entre médicos, políticos, académicos y especialistas que vislumbran los impactos de la legislación propuesta.
En las XVI Jornadas de Investigación Filosófica de la Universidad de Costa Rica que se celebraron del 8 al 10 de diciembre de 2010, éste fue uno de los principales temas que discutieron las personas expositoras.
El tema se abordó en la mesa redonda titulada Dilemas ético-políticos del proyecto de Ley de Investigación en Sujetos Humanos, en la que participaron: María Eugenia Venegas Renault, diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Luis Alberto Fallas López, Director del Instituto de Investigaciones Filosóficas, Jorge Villalobos, Coordinador del Subárea de Bioética del CENDEISS y Gabriela Arguedas como moderadora.
Vacío legal
En mayo del 2003 el exdiputado José Miguel Corrales interpuso una acción de inconstitucionalidad, que cuestionaba el reglamento que servía para hacer investigaciones en seres humanos. Ello generó el voto de la Sala Constitucional N.2010.001668, el cual señaló un vacío legal en esta materia ya que los derechos humanos no pueden estar regulados por un reglamento, lo que demandaba una ley específica.
A partir de dicho pronunciamiento las nuevas investigaciones con seres humanos quedaron suspendidas en el país, hasta tanto no se emitiera una nueva legislación.
El PAC presentó una iniciativa que pretende regular la investigación con seres humanos y proteger los derechos y dignidad de las personas que participan en investigaciones. Sin embargo, esta no tuvo apoyo por parte de la Asamblea Legislativa.
Posteriormente el Poder Ejecutivo envió un proyecto de Ley General de Investigación en Seres Humanos (expediente N.° 17.777), el cual se encuentra en discusión en la Comisión de Asuntos Sociales.
Para la diputada Venegas, quien forma parte de esta comisión, ambas iniciativas tienen diferencias sustanciales, ya que la primera lo que busca tutelar son los derechos y la dignidad de las personas, mientras que la gubernamental sólo regula la actividad científica. La legisladora opina que esta es una diferencia significativa y preocupante.
Un proyecto con errores
Jorge Villalobos, del área de Bioética del CENDEISS, destacó los yerros que tiene el proyecto presentado por el PAC, el cual a su juicio tiene errores de redacción, carece de secuencia lógica y le falta consistencia en cuanto a la terminología, además de que contiene elementos que son propios de un reglamento y no de una ley, pese a que dijo que la propuesta tiene artículos rescatables.
El médico expresó que la ley debe hacer referencia al ámbito de la salud y no sólo al de la medicina, también incorporar definiciones básicas, valorar el asunto del pago por la participación en estudios fase II, incluir los deberes de los sujetos que participan en las investigaciones, además consideró que la CCSS y la UCR deben ser incorporadas como miembros del CONIS.
Sin embargo, Luis Alberto Fallas, quien además fue miembro del antiguo Consejo Nacional de Investigación de Salud (CONIS) criticó el proyecto de Gobierno por excluir a los representantes de la comunidad que integraban el CONIS y calificó de problemática la relación que éste establece entre el Ministerio de Salud y esta instancia, al tiempo que apuntó que se le eliminan sus funciones ejecutivas.
Llamó la atención sobre el hecho de que el Poder Ejecutivo esté impulsando sorpresivamente este proyecto, el cual calificó de deficitario y casi malévolo.
Recientemente el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica recomendó a la Asamblea Legislativa rechazar los dos proyectos de ley relacionados con la investigación en seres humanos.
