La seguridad social en Costa Rica es un bien tan preciado como su democracia, su paz y sus principios civilistas.
Cuando todavía estaba en el poder, hacia finales de 2009, el anterior presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, propuso la creación de un decreto de emergencia sanitaria.
Ese plan consistía, entre otras reformas al sistema de salud, en la restricción de la formulación de medicamentos no incluidos en un listado oficial, sanciones económicas a aquellos médicos que lo hicieran, así como la prohibición de que el paciente recurra a instancias legales (conocidas como tutelas y comparables en nuestro medio con el recurso de amparo) para que se le administre dicho fármaco cuando existe evidencia que justifica su uso.
El argumento empleado había sido el enorme gasto que la compra de medicamentos le representa al sistema de salud, que con el paso del tiempo se tornó insostenible.
Para comprender mejor esta situación, hay que recordar que en el año 1993, se decretó en Colombia la famosa ley 100, que otorgó la administración del sistema de salud a las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), las cuales afiliarían a distintos grupos de personas, que de acuerdo con su capacidad económica, podrían comprar determinados paquetes de seguro médico.
La idea inicial defendía una cobertura universal y solidaria, porque quienes no pudieran pagar los gastos, recibirían un subsidio económico por parte del Estado que les aseguraría servicios médicos. La desigualdad socio-sanitaria que hasta ese momento imperaba en Colombia, se vería compensada de esta manera.
Con esta finalidad, los hospitales pasaron entonces a comprar servicios médicos, que las EPS venden a sus afiliados, bajo la ley de la libre oferta y demanda. Así, cada una de estas entidades ofrece un determinado paquete a un bajo costo, y cada centro médico escoge cuál de todas las ofertas es la más conveniente en términos económicos, y de esta forma ofrecer una diversa gama de servicios.
Con la intención de brindar mejores opciones de negociación (léase mejores ofertas), se generó tanto un descenso en los salarios de todos los profesionales de la salud, como una serie de restricciones en los servicios médicos brindados: arsenal terapéutico muy limitado y generalmente restringido a fármacos genéricos, procedimientos específicos sin citas de control posteriores y un sistema de salud completamente desarticulado, donde cada servicio es brindado por clínicas o estructuras administrativas distintas. Por si fuera poco, los hospitales “del Estado”, donde acuden quienes no están afiliados a una EPS, presentan importantes carencias de personal y recursos.
Como era de esperarse, un porcentaje importante de la población no puede acceder a seguros completos, por lo que muchos servicios, incluyendo algunos procedimientos dentales, ciertas cirugías o incluso procesos de psicoterapia, no podrían ser recibidos por la mayoría de los afiliados.
Adicionalmente y sin importar el estado de salud en que se encuentre, cada paciente debe contar con una aprobación de la EPS para cada procedimiento, cada consulta y cada formulación de medicamentos, lo cual no siempre se obtiene.
Independientemente de si la medida tomada por el presidente Uribe era la correcta o si bien existían otros intereses de fondo, y considerando el sistema de salud de muchas otras naciones, esta situación invita a reflexionar sobre nuestro propio escenario y la Caja Costarricense de Seguro Social.
Existen deficiencias y cosas que cambiar, es cierto. Pero también es real que Costa Rica puede estar orgullosa de brindar una atención universal y sin distinción de estado socioeconómico. También es verdadero que esto ha llevado a que en nuestro medio se conserven estadísticas de salud de país desarrollado, muy por encima de muchos de nuestros vecinos latinoamericanos.
Hoy en día, cada costarricense que así lo requiera, después de seguir una serie de pasos y requisitos, podría acceder a procedimientos de alta complejidad como trasplantes o cirugías maxilofaciales, recibir medicamentos no contemplados en la lista oficial de medicamentos (después de la aprobación por el comité de farmacoterapia), incluyendo tratamientos de alto costo (como el antirretroviral o diversos tipos de quimioterapia) o llevar procesos de psicoterapia de distintas modalidades.
Existen numerosos elementos que nos distinguen y que nos permiten ser reconocidos en todo el mundo: la democracia, los principios civilistas, los recursos naturales, entre otros. Pero a todo lo anterior, sin lugar a dudas, se le debe agregar una seguridad social que defiende al ciudadano, que vela por su bienestar, que implementa programas preventivos y que cada día progresa y busca renovarse.
Este bien deberá siempre ser preservado y defendido, para no dar paso a lamentos en el futuro, como los que viven hoy nuestros hermanos colombianos.
