El proyecto de “Ley para la gestión integrada del recurso hídrico” espera sustituir la vieja normativa de 1942.
Con el respaldo de 150.000 firmas recogidas entre la ciudadanía y entregadas el pasado 17 de setiembre a la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley para el manejo del agua inició su camino hacia su esperada aprobación legislativa y sustituir así la obsoleta ley vigente desde 1942.
Tras dos años de recolección de firmas de apoyo a este plan, gestionado dentro de la figura de Iniciativa Popular (Ley 8491), la Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA) entregó a los diputados el proyecto de “Ley para la gestión integrada del recurso hídrico”.
Para la ANDA, entre 1942 y la actualidad la situación ha cambiado mucho y se sabe que este recurso se puede acabar ante las crecientes necesidades y los problemas en su manejo, lo cual genera conflictos entre quienes no lo reciben en la calidad y cantidad que requieren.
Tan solo en Costa Rica la gestión del agua comprende más de 100 normas reguladoras dispersas, lo cual provoca descoordinación entre las instituciones involucradas, indica la mencionada alianza, integrada por la Universidad de Costa Rica (UCR), Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Humanos (CEDARENA), Programa Institucional de Gestión Ambiental Integrada (ProGAI) de la UCR, Centro de Comunicación Voces Nuestras, Fundación para el Desarrollo Urbano (FUDEU) y Red Centroamericana de Acción del Agua (FANCA).
Cabe mencionar que el mecanismo de Iniciativa Popular permite a ciudadanos organizados, presentar a la Asamblea Legislativa proyectos de ley, siempre que estén respaldados por un 5% del total de personas inscritas en el padrón electoral, equivalente en este caso a cerca de 132.000 firmas.
Una vez cumplido con este requisito, el Poder Legislativo dispone de dos años para discutir y votar el proyecto, ya sea para aprobarlo o desecharlo.
La idea de presentar esta propuesta como iniciativa popular, surgió dos años después (2007) de que la comisión legislativa de ambiente dictaminó positivamente el expediente 14.585 (Ley del recurso hídrico), el cual se estancó en la Asamblea Legislativa y al cual se le incluyeron modificaciones que atentan contra los principios que se busca aplicar.
De acuerdo con Rolando Castro –director ejecutivo del CEDARENA- “hay un desorden legal e institucional, lo cual hace que la gestión del agua sea un problema”, sumado a que las instituciones competentes realizan una gestión que no es integral.
Por su parte, Carlos Manuel Álvarez –vecino de Heredia- destacó la importancia de que el pueblo participe en las acciones de protección del recurso hídrico, porque es a este que le corresponde velar por sus propios intereses.
PÉRDIDA DEL RECURSO
Al recordar las circunstancias que antecedieron al planteamiento del proyecto de Ley para la gestión integrada del recurso hídrico, Yamileth Astorga –coordinadora del Programa Institucional de Gestión Ambiental Integrada- explicó que hubo un movimiento y un proceso organizativo entre cierto sector del país, preocupado por el deterioro que sufren las fuentes de agua.
Puso como ejemplo de esta situación precaria, los conflictos que alrededor del agua surgieron en zonas costeras como las de la provincia de Guanacaste, en donde grandes empresas inmobiliarias y hoteleras han pretendido acaparar el agua con el consentimiento de las entidades estatales, en detrimento de las poblaciones aledañas.
Otros factores que en su opinión han repercutido sobre el abastecimiento de agua son: la falta de estudios técnicos, el poco involucramiento de las comunidades en las tomas de decisión, y las deficiencias en los controles y fiscalización de su uso o protección.
La coordinadora del ProGAI dijo que como parte de la problemática también detectaron una ingobernabilidad en el manejo del agua, producto de las numerosas instituciones que tienen algún tipo de responsabilidad en la gestión de este recurso, cada una actuando por su sector, sin coordinar con otras.
Astorga detalló que las organizaciones que integran la ANDA concluyeron -en un proceso que arrancó en el 2000- que “definitivamente el marco legal que Costa Rica tiene hasta hoy, no responde a las necesidades ni a los problemas actuales del recurso hídrico”.
Por ello, estiman necesaria una desconcentración en la gestión del agua y una verdadera participación de la ciudadanía, no solo en la toma de decisiones, sino también en su control y fiscalización.
Según Astorga, el texto que ahora impulsan lo han sometido a consideración de numerosos sectores –incluidos del sector privado- y cuenta con un aval del 75% al 80%.
¿Por qué lo presentaron dentro de la figura de la iniciativa popular? Al respecto, la coordinadora explicó que al pasar tres gobiernos sin aprobarse una nueva ley sobre aguas, “hemos visto que ha faltado realmente voluntad política, no solo por parte de los mismos ministerios de ambiente y otros, sino también de los representantes en la Asamblea Legislativa”.
Sumado a lo anterior y ante la urgencia de contar con una ley que regulara y protegiera el recurso hídrico, diversos sectores decidieron conformar la ANDA, recurrir a la iniciativa, e iniciar la recolección de firmas.
PARTICIPACIÓN COMUNAL
En el nuevo proyecto, la participación comunal es fundamental, y por eso en su elaboración han participado instancias como las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados (ASADAS).
Carlos Manuel Álvarez, miembro del consejo regional de ASADAS de la cuenca del Barva, detalló que en sus labores ha recorrido numerosas comunidades del país, en donde ha conocido la operación y necesidades de los acueductos rurales y fue así como en el 2004 la federación de uniones cantonales de la provincia de Heredia presentó ante la Presidencia de la República, la idea de proteger las montañas del norte de la ciudad de Heredia, las cuales albergan los importantes mantos acuíferos Barva y Colima.
“El agua no solamente es un recurso que sirve para consumo humano, sino que también sirve para proteger la vida, la salud y el desarrollo de los pueblos y de los países en el mundo (…). En el 2004 el Foro Mundial del Agua determina que el agua debe ser patrimonio de la humanidad y también dijo algo importante: que la humanidad debe proteger el agua, y este es uno de los principios que he asimilado con más cariño en este proyecto”, destacó Álvarez.
El representante comunal justificó el uso de la iniciativa popular para este proyecto, en que las 15 instituciones, 116 leyes y 4.000 decretos referidos al manejo del agua, no han sido suficientes para la regulación del recurso hídrico de manera coordinada y eficaz.
Puso como ejemplo del descontrol e incumplimiento de estas leyes, el hecho de que el 94% de los pozos de agua en las zonas costeras funcionen sin permiso, y que de 20.000 pozos en el país, si acaso el 30% tiene al día sus expedientes.
Álvarez lamentó también que a pesar de las instituciones, no se cuenta con estudios técnicos que digan cuál es la capacidad de los mantos acuíferos o informes que indiquen cuál es la protección que se le da a las áreas donde hay industrias, actividades agropecuarias y otras que pongan en riesgo el líquido.
IMPORTANCIA
Por otro lado, el director ejecutivo del CEDARENA –Rolando Castro- describió aspectos importantes de este proyecto, como declarar el saneamiento y acceso al agua como un derecho humano fundamental, lo cual vendría a privilegiar su consumo sobre otras prioridades.
Castro enumeró además como ventaja del plan, el establecimiento del carácter no lucrativo de los servicios públicos del agua; es decir, este marco legal no permitiría la privatización del vital líquido y las concesiones del servicio solo se le entregarán a organizaciones sin fines de lucro.
Alabó las intenciones del proyecto, de dar a la ciudadanía una amplia participación y como ejemplo puso la entrega de las 150.000 firmas, lo cual demuestra el deseo de las personas de participar en la toma real de decisiones, que tendría lugar mediante los consejos de unidad hidrológica o consejos de cuencas.
En opinión de Castro, es relevante el reconocimiento que se hace en el texto, de que –además de los seres humanos- los ecosistemas también son usuarios del recurso hídrico y así este se maneje tomando en cuenta a especies vegetales y animales en su hábitat.
Aclaró que si bien el proyecto dentro de la figura de Iniciativa Popular debe ser discutido por la Asamblea Legislativa en un máximo de dos años, esto no garantiza que se va a aprobar y tampoco significa que no vaya a sufrir modificaciones en su contenido, ya sea para mejorarlo o debilitarlo.
