Nuevo código permitiría crear huecos de extracción de hasta 500 hectáreas, en zonas indígenas y por periodos de hasta 80 años, sin la adecuada evaluación ambiental.
Como salido de un cuento de terror, la propuesta de un nuevo Código de Minería elaborado por el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) pretende convertir a Costa Rica en un paraíso para la actividad minera, en detrimento de las normas ambientales.
Así lo advirtió el geólogo de la Universidad de Costa Rica, Allan Astorga, quien detalló a UNIVERSIDAD cada una de las “bondades” que el nuevo código pretende ofrecer a los inversionistas.
Astorga y el grupo de académicos Llamado Urgente por el País, elaboraron un amplio documento en el que exponen uno a uno los problemas que traería esta legislación.
REGALO A LAS EMPRESAS
Astorga explicó que esta propuesta de normativa nace luego de que la Iniciativa Paz con la Naturaleza recomendara evaluar el actual Código de minería y recomendara una moratoria a la minería metálica, tras el escándalo de la mina en Las Crucitas.
Sin embargo, lejos de solventar las deficiencias del vigente, el nuevo documento tiene la clara intención de convertir al país en un Estado que promueva la minería sin control, por encima de toda consideración ambiental.
Lo primero que este Código propone, es una declaratoria de “Conveniencia nacional” para la actividad minera, con lo cual se evita la elaboración de decretos como los que el exministro Roberto Dobles y el Presidente Óscar Arias, firmaron para permitir la tala de una especie vedada en Las Crucitas.
“Se señala que el Estado la fomentará por medio de políticas públicas orientadas a la atracción de inversiones, el fortalecimiento de la inversión y las buenas prácticas mineras. Se asume que la minería metálica es el futuro para este país, cosa que no es cierta porque casi ningún país se ha desarrollado con esa actividad, y menos un país tropical, porque la minería lo golpea muchísimo”, comentó Astorga.
La nueva legislación también permitiría la explotación y exploración minera en los espacios marinos, lo cual, según Astorga, tendría un altísimo impacto ambiental.
Uno de los aspectos que más le preocupa es el incluido en el artículo 4, donde se establece una garantía a las empresas de que el yacimiento les pertenece, una vez que se les ha otorgado la concesión.
El geólogo recordó que la Constitución Política establece que los recursos naturales son de toda la población costarricense, y es por esto que las empresas no tienen garantizada la explotación de un yacimiento, antes de haber obtenido la vialidad ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).
En su criterio, si se toma el caso de la mina Las Crucitas, la empresa podría reclamar al Estado, en el marco del Tratado de Libre Comercio con Canadá, por la inversión que hizo en la zona de la mina, pero no por la expectativa del yacimiento, ya que este le pertenece al país.
Pero con el nuevo código, se le da garantía de explotación a la empresa, sin que haya antes una evaluación de impacto ambiental; por lo que en caso de denegarse este trámite, la empresa podría demandar por todo el costo del yacimiento que se le garantizó.
“Para mí esto demuestra una de las vulnerabilidades que tiene la empresa en Las Crucitas en este momento. Lo que se busca con este código es darle vuelta a esta situación y si se aprobara así como está, sería nefasto para el país”, consideró el especialista.
¿MINISTERIO DE MINERÍA?
El Código de Minería tiene tanto interés en promover esta actividad, que convierte a la actual Dirección de Geología y Minas en un ente que no la fiscaliza, sino que la promueve, y contempla la creación de un Ministerio de Minería.
Para Astorga, con esta propuesta se está desaprovechando la oportunidad de crear un verdadero Servicio Geológico Nacional, que haga los mapas geológicos oficiales, y permita el adecuado ordenamiento territorial del país.
Lejos de esto, el código propuesto obligaría a las municipalidades, en clara violación de su autonomía constitucional, a definir cuáles son las áreas de vocación minera en todo el país y reservarlas para esta actividad.
Astorga también se mostró preocupado porque en el artículo 9 del documento, se elimina el requisito de un Estudio de Impacto Ambiental para los proyecto mineros, y solo se les pide una “evaluación de impacto ambiental”, donde lo único que deben demostrar las empresas es que el proyecto es viable.
“Si al menos dijera que en los grandes proyectos mineros se requiere un estudio, no estaría mal, porque hay minería artesanal y no metálica que no requiere de esto; pero aquí no se hace consideración alguna”, detalló.
Otro gran beneficio para las mineras es la ampliación del área de exploración a 20 kilómetros cuadrados, y el área de explotación podría ser de hasta 5 kilómetros cuadrados.
“Estamos hablando de que se pueden hacer tajos de hasta 500 hectáreas, un hueco más grande que cinco parques de La Sabana juntos. Y además no se hace diferencia entre el tipo de minería, entonces también podríamos tener tajos de ese enorme tamaño”, explicó.
Aclaró que el oro que existe en Costa Rica se encuentra diseminado en el suelo, y es posible obtener hasta un gramo del mineral por cada tonelada de suelo removido; por lo se quieren implantar estas minas gigantes, 10 veces más grande en área que el proyecto Las Crucitas.
A esto se suma el hecho de que la ley permite varios proyectos diferentes juntos en áreas cercanas, y ello aunado a la declaratoria de conveniencia nacional, hace que se podría llevar la minería a cualquier parte del país, salvo en los parques nacionales.
Las zonas indígenas no estarían exentas de este impulso a la minería, pues el código eliminaría la potestad de la Asamblea Legislativa para aprobar permisos mineros en estos territorios, y lo cambia por un permiso dado por la comunidad, firmado en presencia de un notario.
Además, el Estado no tendría que pedir permisos a las comunidades indígenas si quisiera explotar por su cuenta los minerales; lo que contraviene el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Explote más, pague menos
Para redundar el atractivo minero, esta propuesta de código reduce el canon minero, de tal forma que un tajo debería pagar solo cinco colones por cada metro cúbico de material, cuyo valor es de ¢3000. ¡Esto significa un canon del 0.002 %!
En el caso de una mina como Las Crucitas, que se ubicaría en la parte más alta de la escala de extracción, con más de 5000 toneladas por día, apenas tendría que pagar el equivalente a cinco salarios base por año.
“Creo que con todas estas rebajas, entre cánones e impuestos no alcanzamos ni un 5%, mientras en Estados Unidos y Canadá, estos rubros pueden alcanzar hasta un 45%”, afirmó Astorga.
También se aumenta la cantidad de años de la concesión de 25 a 30; con posibilidad de prórroga de 10 años; y la oportunidad adicional de obtener otra concesión de explotación para otra parte del yacimiento.
“Si esto se aplicara a Las Crucitas, significaría que la empresa se podría quedar en ese lugar por 80 años. ¿Se pueden imaginar lo que haría una minera, con un hueco de 500 hectáreas, en una zona indígena, durante 80 años?”, cuestionó Astorga.
Otro aspecto negativo es que el Código permitiría a las empresas retirarse temporalmente de su actividad, si el precio internacional del oro no hace rentable continuar con la extracción; ello tendría enormes consecuencias sociales y ambientales.
“La empresa le puede decir a la gente: “Bueno, me voy porque ahora esto no es rentable” y los tendría que despedir para volver luego, si es que vuelven; y no se define nada sobre qué pasa con la mina en lo ambiental, por lo que esta quedaría en enorme riesgo de contaminación”, afirmó.
Según pudo constatar UNIVERSIDAD, este proyecto preocupa tanto que la propia Iniciativa Paz con la Naturaleza, adscrita a la Presidencia, manifestó en una carta al ministro de MINAET, Jorge Rodríguez, sus inquietudes por el contenido del proyecto.
Paz con la Naturaleza recomendó “no considerar el envío del Código de Minería a la Asamblea Legislativa hasta que se realice una evaluación integral y se disponga de una propuesta participativa” e insiste en la declaración de una moratoria a la minería en el país, mientras esta legislación es revisada.
Actualmente el Código de Minería se encuentra en consulta pública y aún no ha sido conocido por los diputados.
