Curiosa y pintoresca interpretación de transparencia mantienen los jerarcas de la Iglesia católica costarricense en estos días.
Ahora, tan sólo a unos cuantos días antes de que iniciara la campaña política nacional, emergen a la prensa algunas notas en las cuales los clérigos nacionales se encargan explícitamente de exhortar con vehemencia a todas las personas e instancias involucradas en la campaña política a realizar una “contienda cívica transparente”, tal y como lo asegura en una de sus notas digitales el diario la Nación S.A. (30/9/09) en su sección El País.
Pero, ¿qué quiere decir, o se entiende por “contienda cívica transparente”? Realmente nada. Sobre todo si se toma en cuenta la ya larga y nada ficticia, desafortunadamente, historia de chantajes políticos, dineros de todas las oscuras procedencias imaginables, políticos nacionales ligados al narcotráfico, infracciones en cuanto a la emisión de material publicitario, como se demostró con claridad durante la coyuntura del Referéndum, y el punto más importante de todos: un Tribunal Supremo de Elecciones complaciente en todas sus distintas posiciones, permitiendo sin reparos, por ejemplo, la clara injerencia y actividad política del presidente de la República hacia su precandidata de turno, tanto así que francamente no hace más que revolvernos el estómago.
Pero dejando esto de lado, me pregunto: ¿qué clase de autoridad ética tienen los obispos de la Iglesia católica costarricense para hablar de transparencia en este momento? Ninguna, absolutamente ninguna. Especialmente ahora, justo cuando durante el transcurso de esta semana se acaba de hacer pedazos el proyecto de ley para reformar la Constitución Política de la República en sus artículos 75 y 194, buscando la eliminación definitiva de esa incongruencia que representa la existencia de un Estado confesional en pleno siglo XXI, especialmente de uno que se adhiere a principios de orden republicano, pero que luego es incapaz de demostrar su carácter neutral en términos religiosos.
A mi manera de entender, el discurso de la jerarquía de la Iglesia católica carece sencillamente de toda legitimidad, especialmente después de haber aplicado durante más de una larga semana (a través de su medio de comunicación y por otras vías) tácticas de la más fina “naturaleza mafiosa” para destrozar simbólicamente a los impulsores de esta reforma constitucional, los cuales como buenos políticos de turno, decidieron retirar inmediatamente su apoyo a la enmienda, teniendo muy en cuenta la furibunda amenaza del tolerante y respetuoso obispo Ulloa de Cartago.
Amenaza por medio de la cual el mismo obispo señala en su homilía la necesidad de que los creyentes no entreguen votos a políticos que quieren “eliminar a Dios” de la sociedad costarricense, lo cual en su lógica quiere decir al mismo tiempo “atentar contra la vida como don de Dios, el matrimonio y la familia”. No sabemos realmente de dónde saca todas estas cosas Ulloa, pero parece ser que en su interpretación todo eso se desprendería del simple hecho de rectificar un tremendo error histórico como el que significa mantener un Estado con religiosidad oficial.
Por eso, la sólo sugerencia de los prelados de que se genere una propuesta de pacto ético electoral a lo interno de la dirigencia política, con el fin de que haya sana discusión y respeto, parece ser un chiste de muy mal gusto. Un chiste que no recuerda los atropellos y deslices de uno de los obispos financistas, que no pareció tener el más mínimo signo de sana razón frente a un proyecto que inclusive sectores diversos como la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional, la Universidad Bíblica Latinoamericana, o la Iglesia Luterana de Costa Rica han acompañado hasta este momento.
Esperemos, muy al contrario de cómo lo hace monseñor Ulloa, que este proyecto de ley no quede enterrado en el olvido, sino que vuelva a la luz pública muy pronto, donde debe ser discutido con seriedad y sin transigencias, porque eliminar el carácter confesional del Estado costarricense se impone a todas luces como un derecho humano elemental que asegura neutralidad del aparato estatal frente a todos los credos, y que finaliza cualquier tipo de subvención económica por parte del Estado costarricense hacia la Iglesia, que definitivamente no representa como asegura Ulloa, “el sustrato religioso que mantiene el 98% del pueblo costarricense” (Semanario UNIVERSIDAD, 23/9/09).
