Con motivo del habeas corpus que interpuso la Asesoría Legal del Sindicato de Empleados y Empleadas de la Universidad de Costa Rica (SINDEU), planteada contra las detención de los manifestantes vapuleados por la Fuerza Pública el 8 de mayo, en el marco de una manifestación pacífica de protesta en las inmediaciones de La Sabana, con ocasión del traspaso de poderes, la resolución de la Sala Constitucional que determina que  fue objeto del exceso de fuerza, implica una sanción no solo de carácter indemnizatorio, en cuanto a que condena al Estado al pago de daños y perjuicios, sino también, de alguna manera, implica una sanción contra el alarmante proceso represivo y de criminalización de la protesta social de parte del Estado costarricense.

La actuación de la policía el 8 de mayo es una nuestra más del sesgo militar que se le quiere imponer a la fuerza pública, que atenta contra las libertades democráticas, entre ellas la libertad de expresión, movilización y organización.

Preocupa que el Gobierno de Laura Chinchilla continúa en un camino que pretende callar las voces de aquellos que opinan diferente, ejemplo de ello son la  desmedida y desproporcionada fuerza que aplicaron los antimotines  en el Liceo Vargas Calvo, motivada por cuestiones irrelevantes  como aspectos relativos al uniforme o adornos corporales, generando la violencia contra las personas menores de edad que se estaban manifestando y exigiendo derechos democráticos.  

Asimismo el allanamiento de las oficinas de SINTRAJAP en Limón, con una gran fuerza policial que destruyó portones y ventanas para imponer el “golpe de Estado” que fraguó el Gobierno precedente de Arias en el seno del sindicato muellero, con el fin de entregar el jugoso negocio de los muelles del Caribe a las corporaciones transnacionales. Sin olvidar los casos como el de Orlando Barrantes, dirigente bananero de Guápiles, del Consejo Nacional de Trabajadores (CONATRAB) acusado judicialmente con falsedades, por su papel de líder en un justa protesta y el  juicio que se sigue contra Carlos Arguedas, dirigente del Sindicato de Trabajadores Agrícolas y Plantaciones (SITRAP), por defender el agua en Siquirres, ante la contaminación provocada por la expansión piñera y bananera

Por otra parte, esta bochornosa actuación represiva con la que se inaugura el 8 de mayo el Gobierno de Laura Chinchilla, tiene un claro responsable directo: el Ministro de Seguridad José María Tijerino.

Nos son los policías que garrotearon a las y los estudiantes los verdaderos responsables, porque ellos  simplemente recibieron órdenes de la máxima jerarquía.
Asimismo Tijerino ha hecho gala de prepotencia y autoritarismo, así como de suma incongruencia, contradiciéndose continuamente. Mientras  al día siguiente de la represión a los manifestantes en La Sabana, Tijerino justificó con todo el uso de la fuerza y la “mano dura”; en sus declaraciones a La Nación del 27 de junio del año en curso, le carga la responsabilidad ahora a los efectivos policiales a su mando, afirmando que hubo mal manejo operativo y que abordaron el asunto “como un pleito de cantina”. ¿A cuál Tijerino creemos, al que declara su beneplácito el 9 de junio,  o al que ahora le “zafa la tabla a sus subalternos”?

Para colmos en declaraciones el 28 de mayo, Tijerino increpa con prepotencia a la Sala IV, reafirmando que le explique si se trata de que el Estado renuncie al uso de la fuerza para enfrentar al hampa.

El señor Tijerino confunde completamente las cosas. No tiene nada que ver enfrentar al hampa con perseguir y golpear a estudiantes, sindicalistas y menores de edad, que ejercen su legítimo derecho a la protesta. Todo indica que Tijerino, que exige el saludo militar a sus subalternos y que amenaza con someter a un régimen laboral cuartelario a los mismos trabajadores de la policía, no entiende que estamos ante la defensa de las libertades democráticas.  A la mejor usanza militar, parece que Tijerino se cree Ministro de las Fuerzas Armadas, antes que Ministro de Seguridad de un país con tradición civilista

La verdad es que Tijerino debería renunciar ante la resolución de la Sala IV, en lugar de cuestionar con prepotencia su voto en este caso. Un Ministro que empieza tan mal su gestión, mejor que se vaya para su casa.

Asimismo, en lugar de atizar un clima que pretende estigmatizar a quienes protestan y preseNtarlos como delincuentes, se debe analizar las causas de fondo que generan malestar en la juventud y en los sectores populares, ante un modelo neoliberal cada vez más injusto y excluyente.