Razones del ataque derechista contra las universidades

Podría decirse con sutileza que habiendo de por medio una difícil negociación del fondo especial para la educación superior pública (FEES) entre el Gobierno y las universidades, al primero le conviene “bajarle el piso” (entiéndase: desprestigiar, deteriorar la imagen, debilitar y poner contra la pared y el reloj) a las segundas. Esto, a fin de […]

Podría decirse con sutileza que habiendo de por medio una difícil negociación del fondo especial para la educación superior pública (FEES) entre el Gobierno y las universidades, al primero le conviene “bajarle el piso” (entiéndase: desprestigiar, deteriorar la imagen, debilitar y poner contra la pared y el reloj) a las segundas.

Esto, a fin de obligarlas a suavizar sus posiciones en medio de un clima de presión, amenaza  y temor. Es lo que hacen los negociadores duros y truculentos, tipo gladiador. Podría ser.

Es una buena hipótesis que no puede descartarse en vista del clima de deterioro ético, moral y cívico que vive el país en medio del sistema de la corrupción planificada y del nuevo pacto Lili (Liberación-Libertarios).

Y porque el estilo de negociar vigente en la clase política y a la vez típico de la derecha empresarial y política, es a base de agendas ocultas y jugadas sucias, amorales y maquiavélicos trucos, intereses manejados bajo la mesa, con los tacos por delante, a punta de presiones, amenazas, chantajes y trinquetes, ignorando otros estilos más decentes y eficaces.

Podría ser que la ignominiosa “dictadura en democracia” del binomio Arias-Chinchilla aproveche la ocasión, también, para pasarle la factura o “sacarse el clavo” (sobre todo con la UCR y el Tecnológico) por su persistente oposición al autoritarismo de la peculiar dictadura arista, al TLC con EEUU, y a otras iniciativas vinculadas con la imposición del modelo neoliberal de privatizar y vender el país, sus recursos naturales, su patrimonio cultural e instituciones.

Hasta se podría pensar que, con las rebajas presupuestarias, se promueve el objetivo complementario de fortalecer indirectamente (por ahora) la enseñanza superior privada y eventualmente (más adelante) inyectarles directamente recursos públicos. Es una opción que, por cierto, barajan muchos neoliberales y libertarios.

Podría hasta elucubrarse que hay de por medio en el ataque un imperativo financiero, una especie de “operación tijera” derivada de la urgente necesidad de conjugar el enorme déficit fiscal de este año que, como parte de la famosa “mesa servida”, le dejaron los Arias a Chinchilla. Un bache que ya alcanza el 5% del PIB y amenaza alterar los equilibrios financieros pactados con el FMI y el Banco Mundial en medio de una crisis que, aunque muchos proclaman terminada, en verdad inicia su segunda y peor etapa ahora cuando lo que vemos quebrar son gobiernos, y ya no solo bancos y empresas.

La situación es quizás de tal gravedad, que hay extrema urgencia de recortarles presupuesto a muchas instituciones sociales. Y, razonarían en Zapote, que como está en boga entre los altos círculos de la derecha la doctrina de que las universidades no son un Vaticano (Estado dentro de un Estado) y su autonomía se reduce a la libertad de cátedra y expresión (esto según la doctrina Rojas-D´Allanesse del OIJ y la Fiscalía), pues ni modo, a sacar con más razón la tijera fiscal.

Y nada mejor que pasársela a alguien puesto de rodillas, bien golpeado, atemorizado, desmoralizado y contra las cuerdas.
Así, se les daría a las universidades una buena lección, se las pondría en su lugar, y tendrían que tranquilizarse, plegarse positivamente al orden establecido y, sobre todo, doblegarse ante las autoridades todopoderosas que, junto a Chinchilla, aspiran a consolidar en esta administración la “dictadura en democracia” de los Arias y la hegemonía de la  neo-oligarquía empresarial y tecnocrática.

Más aún, dado el papel comunicacional y de vanguardia en el desarrollo telemático que han asumido las universidades (y en particular la UCR), no conviene que sigan adelante resistiendo (como ahora lo hacen) los impulsos neoliberales para privatizar y mercantilizar el campo de la comunicación social y cultural; ni tratando de equilibrar el enorme poder de los medios privados, deseosos de acaparar los beneficios de las innovaciones tecnológicas, de dejarse para sí todo el negocio del espectro radioeléctrico y de la nueva televisión digital.

Recordemos que precisamente en la definición del estándar a seguir por el país para esa TV en los próximos años, laboró recientemente una comisión público-privada donde la UCR golpeó duro la mesa y enfrentó los intereses de quienes respaldan el libre comercio mediático y del espectro.

Son los mismos que desean un modelo cerrado y privatista de servicios de conectividad e interactividad, rechazan el derecho humano a la comunicación como parte de los Derechos Humanos integrales y, por ende, no quieren modificar los graves sesgos que tiene el modelo televisivo actual contra la libertad de información y expresión, entre otros; modelo que la UCR ha dicho públicamente que es pernicioso para el país, su democracia y su pleno desarrollo sociocultural.

No conviene al neoliberalismo que esta voz universitaria disidente se oiga mucho y, entonces, lo más conveniente para la derecha autoritaria es meter en cintura a la UCR y a cualquiera otra universidad que ose desafiar la mercantilización, no solo de la comunicación social, sino de la vida y la cultura en general.

Sin embargo, se perfila, en lo último planteado, una cuestión de mayor calado en las varias agresiones que, desde la lucha contra el TLC, vienen lanzándose contra autonomía e integridad universitarias, y que poco se ha señalado. Tiene que ver con el problema que, para cualquier dictadura (sea o no de fachada democrática), encarna la defensa y la lucha por la libertad en un sentido amplio, más allá de la expresión individualista del pensamiento y del afán de lucro, o libertad comercial.

Lo que más inspira temor a quienes desean entronizar el derecho del libre comercio (o sea, la libertad económica y empresarial) como derecho superior a todos los demás derechos en el ranquin mundial, es el gran avance de los “Derechos de la Cultura” con sus garantías jurídicas, como parte del desarrollo integral y planetario de los Derechos Humanos y como obstáculo a sus designios totalitarios.

Ahora bien. No pensemos que los derechos relacionados con la cultura y su protección se reducen a la legislación sobre derechos de autor y protección del patrimonio cultural, arqueológico y artístico, ni a los derechos de prensa e imprenta, y más recientemente al de los medios cinematográficos, audiovisuales y telemáticos.

Además de incluir esos derechos, hablamos de garantizar la mayor libertad para la creación y el desarrollo de la Cultura como tal, con todos los sujetos y objetos involucrados en su gestión como actividad social pluralista y democrática, no solo individual, sino además institucional. Y, por tanto, el concepto (tan odiado y rechazado por la derecha y las dictaduras fascistas y neo-fascistas) de “Libertad de la Cultura” se extiende hoy día más allá de los linderos tradicionales de la libertad de expresión o prensa, para abarcar el principio de la “autonomía universitaria” como un derecho democrático fundamental, punto al que deseábamos llegar.

Lo que en el fondo quieren los promotores de la “dictadura en democracia” de los Arias es liquidar esa autonomía, acabar por tanto con esa libertad de gestionar la cultura nacional, de crearla y recrearla, desde los centros universitarios públicos y autónomos. No quieren que tal gestión se haga con sentido crítico y contrario a los intereses de los poderes establecidos; y, sobre todo, sin someterse a la mercantilización de la cultura impuesta por el imperio globalizado de las llamadas “industrias culturales” o mediáticas, regido por los principios y tratados de libre comercio.

He allí  por qué necesitan los neoliberales autoritarios socavar o restringir el ámbito creativo y de libertades en que se produce la gestión para un desarrollo cultural autónomo, que sea costarricense y al mismo tiempo crítico.

Y he allí también la razón básica del interés por enterrar el papel histórico-social estratégico que juega la autonomía de las universidades públicas como sostén y garantía para un mayor desarrollo de una auténtica institucionalidad y ciudadanía democráticas.

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