Una investigación realizada por la fundación Acceso, con sede en Costa Rica, determinó que los marcos legales de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua son frágiles, ambiguos y secretistas a la hora de proteger la privacidad, en especial de los defensores de los derechos humanos.
El estudio fue desarrollado con el apoyo del Fondo Holandés de Derechos Humanos para Centroamérica y concluyó que, en los países de la región, el sector de la defensa de los derechos humanos se encuentra expuesto a la violación de su privacidad mediante procesos de vigilancia.
El proyecto fue llevado a cabo por varios cuerpos de investigación en cada país estudiado, quienes se encargaron de analizar las legislaciones en torno a temas como derecho de la privacidad digital y el sector de las telecomunicaciones.
El trabajo, entre sus principales resultados, concluyó que existen marcos normativos que regulan la protección de la privacidad, aunque también encontró portillos para violentarlos.
Según indicó la coordinadora de la investigación, Luciana Peri, en comunicado de prensa, el procedimiento realizado permitió evidenciar las principales inquietudes en cada nación.
“Además de realizar una exhaustiva revisión de las normas legales de cada país, se llevaron a cabo entrevistas y se realizaron grupos focales para identificar las experiencias, opiniones y dudas relacionadas con la privacidad digital de personas que trabajan en la defensa de los derechos humanos», señaló Peri.
Los principales problemas detectados
La intervención de comunicaciones en el campo de la vigilancia estatal fue parte de las principales falencias encontradas. La utilización de informaciones como números de teléfono, direcciones de correo electrónico y los lugares y las horas de los contactos entre personas, no se regula de maneras especializadas.
Según indicó el estudio, las posibilidades de intervención en ese ámbito se debe a las facultades que brindan las normativas a la hora de tratar sospechas de delito; sin embargo, el problema redundó en la poca transparencia de los Estados a la hora de comunicar los fines y los números de las personas afectadas por los controles.
El estudio también indicó que en Centroamérica no existe una sola normativa que indique todas las disposiciones que autorice la vigilancia de los Estado, sino que las directrices se desprenden de otras leyes y de las propias constituciones.
El trabajo además señaló que la fragilidad institucional y las coyunturas políticas y sociales muchas veces inciden en el irrespeto, la burla o el desconocimiento de los marcos jurídicos, sobre todo en los campos digitales.
Fundación Acceso señaló que la investigación fue motivada por el contexto específico de los países estudiados dado que la cooperación internacional se orienta a principalmente hacia esas naciones, no obstante esperan ampliarla próximamente a Costa Rica y Panamá.
El trabajo completo se puede revisar en el sitio web de la organización, directamente en la dirección: http://acceso.or.cr/files/Investigacion-Privacidad-Digital-FA.pdf.
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