Abya Yala ha recibido en 4 ocasiones el premio nacional de teatro al mejor grupo. Roxana Ávila, directora del grupo, considera que el proyecto de ley tiene vacíos y es peligroso. (Foto: Esteban Chinchilla, cortesía de Abya Yala).

El proyecto de ley de premios nacionales, que se discute actualmente en la Asamblea Legislativa, no satisface las expectativas de los artistas.

Así lo manifestaron varios trabajadores de la cultura consultados por UNIVERSIDAD, tras el foro «El proyecto de la ley de premios nacionales: perspectivas, alcances y dificultades», realizado el pasado 27 de febrero.

En la actividad, organizada por la Fundación Interartes, participaron las diputadas Rita Chaves, del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE); María Eugenia Venegas, del Partido Acción Ciudadana (PAC); el historiador Iván Molina; José Ángel Vargas, del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR); Carmen Méndez, de la Escuela de Música de la Universidad Nacional (UNA); y Jorge Carmona, de la mencionada fundación.

Durante el foro, la diputada Venegas explicó los alcances del mismo, mientras que los demás participantes manifestaron sus inconformidades y señalaron “errores y vacíos” en el proyecto.

Esta ley modificaría la estructura actual de los premios nacionales y los montos económicos que se otorgan (ver recuadro “¿Qué cambiaría?”).

Actualmente, el segundo texto sustitutivo del proyecto se encuentra en proceso de que los diputados presenten mociones y, seguidamente, pasará a discutirse en el plenario. A partir de este punto y según indicó la asesora del PAC, Betsy Murillo, lo más probable es que sea delegado a una comisión plena, para agilizar su aprobación.

MALTRATOS, DEFICIENCIAS Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Carmen Méndez opinó que el proyecto debe ser desechado y reelaborado por personas del sector, de modo que “cumpla con las características deseables para todos, no solo para los gustos neoliberales”.

Para la directora de la Escuela de Música de la UNA, el proyecto tiene “toda suerte de incoherencias, maltrato a los artistas y deficiencias”, además de ser “un instrumento de privilegios para ciertos sectores ahora protegidos, como los gestores y productores culturales o los funcionarios de programas e instituciones adscritas al Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), y que deja en total indefensión a los artistas independientes”.

Méndez expresó preocupación por temas como la fragmentación de la administración de los premios, la falta de delimitación de estos, el otorgamiento de premios a gestores y productores culturales, y la posibilidad de que se permita el financiamiento externo.

Fernando Vinocour, director del Núcleo de Experimentación Teatral y ganador del premio nacional de teatro al mejor director 2005, dijo que la propuesta desvaloriza el trabajo artístico, empeora las condiciones que plantea la ley actual y permite “un pequeño tráfico de influencias”, pues admite que el Estado otorgue premios no previstos con dinero aportado por empresas, instituciones o particulares.

En su opinión, “el problema es que todo se ve como un dilema de plata y se olvida que se pueden dar otro tipo de recompensas que ayuden a trabajar”.

Mientras tanto, Roxana Ávila, directora del grupo Abya Yala —ganador de 4 premios nacionales de teatro como mejor agrupación—, afirmó que los premios nacionales deberían estar orientados a fomentar el trabajo de los artistas y no a premiar a los “mejores”.

“Eso de ser ‘mejor que’ me parece una cosa muy gringa, muy al estilo de los Óscar o los Billboard; a mí lo que me interesa es que se den más y mejores opciones para trabajar. Por mí que les quiten el contenido presupuestario a los premios y que se den a cambio espacios, tiempos y recursos para trabajar”, agregó.

Sobre el financiamiento externo de algunos premios, a Ávila le parece peligroso, al considerar que se abre un portillo para que se den “premios arreglados” o se cuestione la honorabilidad con que se dan los galardones.

Por su parte, a Jorge Carmona —premio nacional de música 2005— le preocupa que con este proyecto se esté recortando el presupuesto de los premios y se esté usando parte del mismo para premiar a gestores y productores culturales, pues “ellos reciben un sueldo por su trabajo y no son creadores”.

Carmona enfatizó que la ley de premios nacionales debería venir después de la reforma de la Ley General de Cultura, en la que actualmente trabaja el Ministerio de Cultura y Juventud.

“Lo ideal sería que este proyecto fuera desechado y que nos dejen proponer uno más consultado, que establezca sistemas de evaluación, conformación de jurados y, principalmente, tenga un trasfondo filosófico acorde a una política general de cultura”, comentó.

LA URGENCIA DEL MINISTERIO

Irene Morales, directora de Cultura, hizo ver que el MCJ espera que el proyecto se apruebe lo antes posible, dado que existe un problema con la cédula jurídica de la Asociación de Autores (integrante de la mayor parte de los jurados de premios nacionales), de modo que si no se modifica la ley, para el 2013 no podrían conformarse varios de los jurados y, por lo tanto, no se otorgarían los premios.

Ante las críticas planteadas, Morales alegó que el sector cultura “no es solo uno y es muy diverso, por lo que es muy difícil armonizar las opiniones y satisfacer todas las necesidades”.

También, argumentó que el MCJ ha propiciado espacios para escuchar las voces de los artistas. “Por ejemplo, tuvimos un foro en noviembre y otro en diciembre, luego organizamos una actividad e invitamos a 80 personas, 20 llegaron y solo 12 dieron sus aportes; no hemos recibido contrapropuestas”, acotó.

Al consultarle por qué se propone la Ley de Premios Nacionales antes de que esté lista la Política Nacional y la Ley General de Cultura, Morales respondió que “aunque se propone antes, este proyecto es coherente con el espíritu de la ley general en la que se está trabajando, pero a causa del problema con la Asociación de Autores, es urgente que se modifique la ley de premios, pues de lo contrario habrá algunos del 2013 que no podremos otorgar”.

¿Qué cambiaría?

En la actualidad, se entregan anualmente 25 premios nacionales: el Magón, los premios Aquileo Echeverría (10 categorías), el Joaquín García Monge, el Pío Víquez, 7 premios nacionales de teatro, 3 premios Nacionales de danza, el Premio Nacional de música y el Premio Nacional de Cultura popular tradicional. Adicionalmente, cada dos años se otorga el Premio Nacional al Mérito Civil Antonio Obando Chan.

Si se aprobara el proyecto de ley actual, a partir del 2013 el Ministerio de Cultura y Juventud entregaría 23 galardones. Se otorgarían el Magón, el Joaquín García Monge y 18 “aquileos” (tres reconocimientos en cada una de las categorías: artes visuales, artes audiovisuales, literatura, teatro, danza y música).

Además, se crearían 3 nuevos: el Premio Nacional al Patrimonio cultural intangible Emilia Prieto Tugores y los premios nacionales Luis Ferrero Acosta, uno a la Gestión, promoción y producción Cultural y otro a la Investigación cultural, a la vez que desaparecerían los premios Pío Víquez y Cultura popular tradicional.

El Premio Nacional al Mérito Civil Antonio Obando Chan, por otro lado, pasaría a ser otorgado por el Ministerio de Seguridad Pública.

Otra modificación importante es que los premios dejarían de ser administrados (y financiados) por la Dirección de Cultura y pasarían a manos de varias entidades, como el Centro de Conservación e Investigación del Patrimonio Cultural, el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, el Museo de Arte Costarricense, el Teatro Popular Melico Salazar, el Colegio de Costa Rica y el Centro Nacional de la Música.

Además, la nueva ley brindaría a estas instituciones (artículo 3) la posibilidad de entregar “otros premios no previstos” y financiarlos con “contribuciones, patrocinios y donaciones de las instituciones públicas, empresas privadas o personas”.

De igual manera, con la nueva propuesta y a pesar de que se brindarían menos premios, la mayor parte de los mismos recibirían un monto menor al establecido en la ley vigente (ver infograma).

Por ejemplo, si estos galardones se otorgaran basados en la escala salarial de este semestre, los ganadores de premios Aquileo recibirían ¢4.894.000 (8 salarios de Profesional del Servicio Civil 2), pero con la nueva propuesta serían de ¢3.660.800 (8 salarios de Profesional del Servicio Civil 1A).

Si los premios se entregaran hoy, con la ley actual se invertiría un monto total de ¢92.282.100 y con la ley propuesta se erogarían ¢90.604.800.