Activismo informático gana primera batalla contra proyectos de censura en Estados Unidos

Tras los masivos actos de protesta registrados en decenas de miles de sitios de Internet de todo el mundo el 18 de enero, dos

Tras los masivos actos de protesta registrados en decenas de miles de sitios de Internet de todo el mundo el 18 de enero, dos días después el proyecto “Ley para detener la piratería en línea” (SOPA, por sus siglas en inglés) fue retirado de la agenda del Congreso de Estados Unidos.

Por otro lado, ese mismo día, el Senado de ese país pospuso la votación del proyecto de Ley de Protección de la Propiedad Intelectual (PIPA).

 Es notorio, además, que un día después de la enorme protesta, la Oficina Federal de Investigación (FBI) cerró el popular sitio de descargas Megaupload, lo cual provocó la aguerrida respuesta de Anonymous, el grupo de “ciberactivistas” célebre por sus ataques a los sitios que bloquearon en su momento las donaciones a la organización Wikileaks, como PayPal.

Las principales críticas esgrimidas contra el SOPA se fundamentan en que de llegar a aprobarse facultaría el bloqueo de sitios web, tan solo con que se presente ante las autoridades un reclamo por infracción de derechos de propiedad intelectual, entre otras cosas.

De acuerdo con cifras del sitio Sopastrike.com -creado por la organización Fight for the Future (Pelea por el Futuro) para monitorear las protestas del 18 de enero-, el movimiento sumó más de 115.000 sitios que participaron del “apagón”, es decir, no ofrecieron sus servicios usuales durante 24 horas. Entre esos sitios se cuentan gigantes como Google, Wikipedia o Facebook.

Además, se recolectaron 10 millones de firmas contra ambos proyectos y se enviaron más de tres millones de correos electrónicos a los legisladores.

La activista de la cultura libre Carolina Flores consideró que las mencionadas iniciativas de ley,  más que protección contra la piratería, representan un riesgo para la libertad de expresión, pues quienes brindan servicios de redes sociales en línea, vitácoras o “blogs” y cualquier plataforma de generación de contenidos por parte de personas usuarias “se verán en la obligación de revisar todos los materiales y comentarios antes de que sean publicados, lo cual nos devolvería a la web 1.0, donde todos los contenidos eran editados, aprobados y filtrados por los dueños de los medios de comunicación”.

“La censura y los cercos mediáticos estarían a la orden del día”, añadió Flores, quien participó en el “apagón” desde su sitio Piensalibre.net.

Por otra parte, el periodista especializado en tecnologías de la información Gustavo Verduzco, en primer lugar, subrayó los derechos que tienen creadores, empresas discográficas o fílmicas, y  desarrolladores de programas informáticos (software) sobre los productos que generan, así como “la necesidad” de que quien consume esos productos pague lo correspondiente por su disfrute. Empero, al mismo tiempo censuró que proyectos como SOPA o el controvertido Tratado Comercial Anti-falsificación (ACTA) “son excesivos”, ya que “van más allá de lo que realmente es necesario para controlar la lucha contra la piratería”.

Verduzco, quien es docente en el área de nuevas tecnologías de la comunicación en la Universidad de Costa Rica, también destacó que el asunto medular está “en los abusos por parte de sellos disqueros, estudios de cine y redes televisivas, en lo concerniente al cobro por derechos de distribución de dichos bienes”.

En ese sentido, calificó el caso de las disqueras como “el más dramático”, dado que solo un mínimo porcentaje del costo total de un disco compacto musical o de un videodisco llega a los autores intelectuales de la obra.

ABUSOS

El proyecto SOPA fue presentado por el congresista republicano del estado de Texas, Lamar Smith, en octubre del año pasado. Cabe destacar que al calor de la jornada de protestas, surgió la denuncia de que en una de las páginas de su sitio web oficial, Smith utilizó como fondo una fotografía sin consignar crédito alguno sobre su origen.

Por otra parte, el PIPA fue presentado en mayo por el demócrata Patrick Leahy, del estado de Vermont, y entre sus puntos más polémicos propone mayores medidas en contra de sitios de Internet registrados y operados desde el extranjero.

Verduzco opinó que es “correcto” el reforzamiento de medidas sobre los proveedores, para eliminar contenidos protegidos por las leyes de derechos de autor. Sin embargo, cree que los proyectos como SOPA o PIPA tendrían repercusiones fuera de Estados Unidos en primera instancia, porque la mayoría del tráfico de Internet tiene como destino u origen ese país.

En segundo lugar, llamó la atención al hecho de que otros estados podrían asumir esas iniciativas y otorgarles un nivel vinculante como mecanismo legal, ante un vacío de legislación en este campo. “Es probable que todas las medidas, que PIPA y SOPA estipulan, afecten severamente el acceso y distribución de la información en esos países”, puntualizó.

Por su parte, Flores calificó como “muy preocupante” el hecho de que con este tipo de iniciativas, “se le daría inmunidad amplia a todos los proveedores de servicios, si bloquean a usuarios que sean inocentes o bloquean los sitios voluntariamente sin supervisión judicial alguna”.

Según explicó, ello permitiría que la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos y la Asociación de Discográficas puedan crear listas negras de los sitios que quieren censurar.

LA BATALLA DE ANONYMOUS

Al día siguiente del “apagón”, el FBI cerró el popular sitio de descargas Megaupload, lo cual generó un ataque masivo y sin precedentes por parte del colectivo de “ciberactivismo” Anonymous,  contra sitios relacionados con el Gobierno de ese país, la propiedad intelectual o la industria discográfica y fílmica.

Más de 5.000 miembros de esa organización atacaron y temporalmente lograron bloquear sitios como los del departamento de Justicia de Estados Unidos, la Asociación de la Industria Fílmica (MPAA), Universal Music o el propio FBI.

Verduzco consideró que esos ataques de Anonymous demuestran que aún queda mucho por hacer en términos de seguridad informática y muestran “un peligroso panorama, en el que un grupo puede tomar este tipo de represalias contra aquellas instituciones, organizaciones o empresas que no se alineen a su ideología”.

A su parecer, pese a que el cierre de Megaupload está “fuera de contexto” en la aplicación de SOPA y PIPA, el momento en el que se dio “invita a pensar que es una de las medidas que estas legislaciones promoverán”.

El especialista, sin embargo, insistió en que sitios como ese, “que se encargan de promover el intercambio indiscriminado y descontrolado de archivos -de los que un altísimo porcentaje contiene productos protegidos por leyes de derechos de autor-, están colaborando con la piratería”.

“Me he cuestionado seriamente ¿qué es lo que la gente defiende cuando protesta contra las leyes SOPA y PIPA, si es realmente un acceso no regulado a valiosas fuentes de información, investigaciones o noticias, o es un mercado negro de intercambio de música, películas o programas?”.

Por su parte, Flores afirmó que ese grupo no tiene una agenda política ni estructura claras, lo cual implica que “cualquiera puede meterse y hacer cosas en nombre suyo”.

Sobre el cierre de Megaupload, piensa que se dio tras un proceso de investigaciones, que con la aplicación de una ley como la propuesta SOPA no se hubiera dado, pues bastaría con la denuncia para que se cerrara.

La activista, asimismo, llamó la atención al hecho de que ese sitio tenía una función denominada “megavideo”, la cual permitía que sus usuarios vieran películas que otros usuarios subían, pero para verlas en su totalidad había que pagar. “Eso sí es una infracción y muy visible”, acotó.

Flores añadió que “toda la estructura del sitio estaba en función de las infracciones al copyright” y reprochó que era “obscena la cantidad de dinero que recibían. No se trataba de un sitio que promovía la libertad de conocimiento ni la cultura libre, sino que se prestaba al negocio”.

No obstante, calificó como “preocupante” el hecho de que el FBI haya tenido acceso a la administración del alojamiento web o hosting, para bloquear el sitio, para lo cual se supone que  requerían precisamente de leyes como SOPA o PIPA, ya que era de carácter internacional.

También, planteó la interrogante de en qué situación quedan las personas que utilizaron el servicio de forma legítima y subieron contenidos propios.

“Es muy peligroso que el FBI se preste para un show mediático a la luz del movimiento de protesta, pues esta acción se dio justo el día después. Esto permite ver que hay demasiado ligamen entre autoridades y las compañías detrás de la propuesta de legislación”, lamentó.

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