Ajenos a la deuda pública de su país por más de $11 000 millones, millares de argentinos se trasladaron a Brasil para apoyar a su selección de fútbol que participó en el campeonato mundial. (Foto: DPA)
Amenazada nuevamente por una cesación de pagos −prohibida por un juez de Nueva York− y acosada por un multimillonario “fondo buitre” que pretende multiplicar varias veces su inversión en depreciados bonos argentinos, el gobierno de Buenos Aires libra una batalla en torno a la renegociación de su deuda externa.
Después de llegar a un acuerdo sobre el 93% de la deuda en dos largas negociaciones (en el 2005 y 2010), Argentina ha venido enfrentando a los fondos buitre, que detentan la casi totalidad del 7% restante, en una batalla que implica algo más que miles de millones de dólares.Los demandantes, los fondos buitre NML Capital y Aurelius y 13 inversores minoristas argentinos, exigen cobrar –como lo ordenó el juez del distrito sur de Nueva York, Thomas Griesa (84) y lo ratificó la Cámara de Apelaciones del Estado– el 100% del monto de los bonos que tenían previo al 2001 y que no entraron en los canjes en la gestión del presidente Néstor Kirchner.
NML Capital es una subsidiaria de Elliot Capital Management, grupo inversor neoyorquino encabezado por el magnate Paul Singer −cuya fortuna está estimada en $20 000 millones−, un banquero conocido por especular con la compra de deudas de alto riesgo o subvaluadas para cobrarlas después por su valor facial.
Ese fue el grupo financiero que estuvo detrás de las gestiones para detener en Ghana, en octubre del 2012, la Fragata Libertad, de la armada argentina, que hizo una escala en ese país.
Eso solo fue posible, según explicó a la BBC Ace Anan Ankomah, uno de los abogados de NML Capital en Ghana, porque “los bonos comprados por NML Capital especificaban que Argentina renunciaba a la inmunidad sobre sus ingresos, activos o propiedades”.
En realidad, todos los títulos emitidos por Argentina desde 1976 contemplan la cláusula de renuncia a la inmunidad soberana y aceptan la jurisdicción de tribunales de Londres y Nueva York, que normalmente fallan contra los intereses nacionales y a favor de los especuladores. Eso explica por qué Argentina está sometida a la justicia norteamericana.
Griesa sentenció, en noviembre del 2012, que el Gobierno argentino debería pagar $1330 millones a tres fondos “holdouts” o “fondos buitres”. El Gobierno pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos revisar el fallo, pero esta rechazó el caso.
Griesa le dio entonces plazo hasta el 30 de julio, para que el Gobierno argentino llegue a un acuerdo con los fondos, y nombró un mediador.
En esa fecha vence el plazo para pagar en Estados Unidos $539 millones a varios acreedores que aceptaron la quita en sus deudas, en las negociaciones del 2005 y 2010.
Griesa, sin embargo, prohibió a Argentina pagar a esos acreedores, sin pagar −al mismo tiempo− a los que no renegociaron (es decir, a los fondos buitres) los $1500 millones que demandan ($1330 millones más intereses).
Si Argentina no puede cumplir con el pago ya acordado caería en cesación de pagos; ese incumplimiento de sus compromisos financieros –obligado por la decisión judicial–, afectaría la capacidad de endeudamiento del país y el funcionamiento de su economía.
QUÉ QUIEREN
El ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, dijo la semana pasada en Nueva York −adonde viajó para negociar sobre este tema− que los fondos buitre no son víctimas, como tratan de presentarse, sino “extorsionadores».
En un artículo puesto en la página de la presidencia argentina, Kicillof respondió al administrador del portafolio de inversiones de NML, Jay Newman, quien había afirmado que “los holdouts están abiertos a un acuerdo, pero Argentina tiene que hablar».
Newman argumenta que los “fondos buitre” representan a pequeños inversionistas que les confiaron sus ahorros para hacer inversiones y que ahora les deben responder. Algo similar a lo que afirmó el exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Paul O’Neill, en el 2001 −poco antes de la cesación− de que “los plomeros norteamericanos no tenían por qué pagar la fiesta de los argentinos”.
Pero los “fondos buitre”, según Kicillof, nunca negociaron. “Ellos nunca prestaron dinero a Argentina. NML compró bonos a un valor cercano a los $50 millones. La orden del juez Griesa permitiría a NML cobrar más de $800 millones, asegurándose un rendimiento del 1600% en sólo seis años”.
Para Agustín D’Attellis, economista especialista en mercados financieros, ese fondo no es un “inversor inocente que compró el título en condiciones de normalidad y que luego se vio sorprendido por la aparición de un default (cesación) y sufrió un perjuicio en consecuencia, sino de un inversor sofisticado que paga muy poco por ese bono, que carece de valor bajo las condiciones descritas y apunta a obtener una rentabilidad extraordinaria”.
“Los fondos buitre –concluyó Kicillof– no quieren negociar; de ese modo creen que pueden obtener el total de su reclamo o forzar a Argentina al default”. Si en lugar de litigar contra Argentina NML hubiera aceptado los canjes de deuda ofrecidos, “habría triplicado o, incluso, cuadruplicado su inversión, pero quieren más que un beneficio del 300%, ya que no son los prestamistas de buena fe a los países emergentes. Son lo que son: buitres judiciales y financieros”.
LA HISTORIA
Argentina reestructuró el 93% de la deuda de cerca de $100 000 millones que había entrado en cesación de pagos en el 2001. Un porcentaje menor de tenedores del 7% de los bonos se negó a aceptar las propuestas de canjes de deuda que Argentina hizo, en el 2005 y 2010.
Este pequeño grupo representa solo el 0,45% del total de acreedores. Argentina sostiene que si le paga el 100% del valor de sus bonos, el resto de los tenedores de bonos exigirá lo mismo, algo que llevaría el país a la quiebra. La sentencia podría desatar demandas entre $15 000 y $22 000 millones de otros acreedores de la deuda del 2001 que no ingresaron a los canjes de deuda del 2005 y 2010.
El default, o la cesación de pagos del 2001, fue “una buena decisión y acabó ayudando a Argentina a salir de la crisis con varios años de crecimiento», dijo a la BBC el economista Alan Cibils.
“Entre 2005 y 2010, Argentina logró reducir en más de un 60% el valor de su deuda. Ahora, para pagarle a los ‘holdouts’ el total de lo que reclaman, tendría que destinar más de dos tercios de sus reservas”, explicó.
D’Attellis señaló en un artículo en la revista Debate que “uno de los pilares del modelo económico argentino de la última década ha sido la política de desendeudamiento, que llevó la relación entre la deuda pública bruta y el Producto Interno Bruno (PIB) −una de las medidas comúnmente utilizadas para describir el nivel de endeudamiento de una nación−, desde un 167% en el año 2002 hasta menos de un 40% en la actualidad”.
El total de la deuda pública –agregó D’Attellis–, incluido el capital e intereses no pagados hasta ahora, “asciende a algo más de $11 000 millones, lo que representa un 2,3% del PIB del 2012. La propuesta de Argentina, bajo las mismas condiciones que las del último canje (2010), implicaría una quita del 63% sobre el total”. Esto reduciría la carga de la deuda, del 2,3% del PBI a solo un 0,9%.
El pleito de Argentina con los fondos buitre ha generado apoyo mundial. En setiembre pasado, el Grupo de los 77 (G77+China) emitió una declaración que decía: “los ministros reiteraron la importancia de no permitir que los fondos buitre paralicen los esfuerzos de reestructuración de la deuda de países en desarrollo; estos fondos no deben suplantar el derecho del Estado de proteger a su gente bajo ley internacional”.
La semana antepasada, Argentina recibió en la OEA el respaldo de todos los países de la región, con excepción de Estados Unidos y Canadá.
Incluso, el Fondo Monetario Internacional ha expresado su preocupación por lo que está ocurriendo, que podría poner en tela de juicio todo el entramado financiero internacional, pues los países endeudados ya no son solo países en desarrollo sino, principalmente, los países desarrollados.
