La crisis económica golpea los países europeos y deja en evidencia los cambios que está provocando en el escenario internacional.

Con millones de personas protestando en las calles de Francia y el anuncio de enormes recortes presupuestario en Gran Bretaña, empiezan a tomar cuerpo las predicciones de creciente inestabilidad política en Europa, una vez pasado el período de vacaciones de verano.

En Francia, las protestas se desataron con el debate de una ley para pasar de 60 a 62 años la edad de pensionarse, pero los más diversos analistas coinciden en que, tras las protestas, se manifiestan todos los descontentos con los efectos de la crisis, particularmente el desempleo, que afecta a cerca del 10% de la población económicamente activa o unos 2.6 millones de personas.

En Inglaterra, al anunciarse el presupuesto, la prensa habla del fin de una era, de salvación o catástrofe, de una política de “todo o nada”.
Las medidas de austeridad adoptadas por los dos gobiernos, revelan la imposibilidad de mantener el nivel de endeudamiento y de gastos, y muestra los profundos cambios en la economía y la política internacional, de que la actual crisis económica es la principal expresión.  Los dos países que han ocupado un papel clave en el escenario internacional desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, potencias nucleares y miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no son capaces de escapar.

TODO O NADA

La prensa británica no ahorra palabras para analizar el extraordinario recorte del gasto público anunciado la semana pasada por el ministro de Finanzas, George Osborne. Son más de $130.000 millones en cuatro años y la eliminación de unos 500.000 puestos de trabajo en la administración pública.
La idea es reducir el déficit fiscal, estimado por diversas fuentes entre 10 y 11% del Producto Interno Bruto (PIB) este año, a tan solo 1.1%, en el 2015 para “evitar la quiebra” y “alejar el país del precipicio”, en palabras de Osborne ante el parlamento.
«Es una apuesta descabellada que va a ahogar la recuperación», afirmó en la Cámara de los Comunes el portavoz de temas económicos del opositor Partido Laborista, Alan Johnson.
El dilema está entre la reducción del déficit y la reactivación de la economía, señalan los expertos. Contra muchas advertencias, Osborne decidió avanzar por el primer camino, que representará, según cálculos conservadores, 0.5% anual menos de crecimiento del PIB en los próximos cuatro años. Para reactivar la economía británica, Osborne cuenta con la empresa privada, pero nada asegura que esté en condiciones de cumplir con esas expectativas.
Cuando la economía se debilita, la gente disminuye sus gastos, la demanda cae y la economía empeora. Si el gobierno también reduce sus gastos, la economía se hunde, advirtió Johann Hari, en un comentario en el diario británico The Independent.
Particularmente duro con las medidas del gobierno conservador, Hari se pregunta: – ¿Cuándo fue la última vez que el gasto público fue cortado en más de 20%? No durante la generación de mi madre. Tampoco en la de mi abuela. Fue en 1918, cuando un gobierno conservador-liberal aseguró que la mejor manera de enfrentar la crisis económica global, era pagar rápidamente las deudas del país. ¿Los resultados? El desempleo aumentó de 6% a 19% y la economía colapsó de manera tan severa, que perdió la capacidad de pagar sus cuentas y el déficit aumentó de 114% a 180%.

DRAMÁTICO

Las predicciones sobre las consecuencias de las medidas anunciadas por Osborne son dramáticas. Según el Instituto de Estudios Fiscales, una respetada institución británica, los ajustes impactarán mucho más en los pobres que en los ricos.
“Nadie se imagine que eso es una célula trotskista”, dice, por su parte, Hari, y asegura que un millón de personas perderán su empleo, como consecuencia directa de los recortes.
“Osborne eligió a los más débiles para hacer los peores recortes”. Los más pobres, de 16 años, recibían 30 libras por semana para seguir estudiando, “hasta que el equipo de Osborne decidió que esto era un ‘soborno’ y lo cortó”, agregó.
El sistema de seguridad social, que consume unos $300.000 millones anuales, sufrió los mayores recortes. La reducción del gasto en este segmento será de unos $45.000 millones.
En el sector de la vivienda, eso significa, según el Consejo de Londres, que 83.000 personas perderán sus casas y que 1.3 millones terminarán más endeudadas. Un estudio confidencial, citado por la prensa británica, señala que unos 40.000 maestros podrían perder su empleo.
Estas medidas no afectarán solo a la economía británica y a la situación social del país. Tendrán también un efecto político. Hari cita, por ejemplo, cómo Osborne le perdonó a la gigante británica de telecomunicaciones Vodafone $6.000 millones en impuestos este año.
¿Está Gran Bretaña en el nacimiento de una nueva era, de un gobierno mejor orientado y más eficiente y de mayor bienestar?, se pregunta otro comentarista de la prensa británica, Martin Wolf, en el Financial Times. “Espero que sí”, afirma. “Pero ya oí eso antes. El corte de las inversiones –tradicionales cuando Gran Bretaña está en dificultades– sugiere que no”. “Gran Bretaña es hoy un país más frío y más cruel”, asegura Johann Hari.

TAMBIÉN LA DEFENSA

Un día antes del anuncio de recortes presupuestarios, el Primer Ministro David Cameron se presentó en la Cámara de los Comunes, para hablar de las medidas en materia de defensa. Ya la Secretaria de Estado norteamericano, Hillary Clinton, había expresado su preocupación de que, con los recrotes, Gran Bretaña no podría cumplir sus compromisos con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), una vieja herencia de la Guerra Fría.
Pero el sector de la Defensa también fue alcanzado por la crisis. Quizás por su significado simbólico, los analistas destacan que con la retirada anticipada de su único portaviones, Gran Bretaña se quedará, por primera vez y hasta el 2019, sin uno capaz de transportar aviones cazas.
Y aunque el Primer  Ministro asegura que el país seguirá siendo una potencia militar de primera clase, los observadores se preguntan si el debilitamiento de ese poderío no irá a facilitar la reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, otra herencia de la postguerra que ya no representa la realidad política internacional.

PROTESTAS EN FRANCIA

En Francia, la semana terminó con enormes protestas que, según la prensa europea, puso el país “al borde de una explosión social”.
“Viajar en coche por Francia se ha convertido en una aventura que altera los nervios. De acuerdo a datos oficiales, una de cada cuatro gasolineras no tiene más combustible o ‘aguarda por suministro’, como prefiere llamarlo el gobierno. Multitudes de franceses viajaron por este motivo hacia países vecinos para conseguir gasolina”, se señalaba la semana pasada, en los días de la protesta.
Se espera, sin embargo, que las protestas se renueven esta semana, cuando se deberá votar en el Senado la reforma en el régimen de pensión.
Catherine Marchais, miembro del Comité de Huelga de los empleados Públicos de Francia, explicó a Telesur que el sistema de pensiones francés “está basado en la solidaridad entre las federaciones y lo que quieren es fragilizar este sistema, para que después los asalariados tengan que cotizar en sistemas por capitalizaciones». Marchais insistió en que se busca privatizar el derecho a las jubilaciones de los ciudadanos, lo que es inaceptable para los sindicatos.
“Esta reforma constituye la única vía para hacer frente al envejecimiento de la población”, ha dicho en diversas ocasiones el presidente francés, Nicolas Sarkozy.
Pero la crisis es mucho más complicada. Según el Financial Times, “los franceses parecen no haberse dado cuenta de la gravedad de la situación presupuestaria” y estima que la propuesta de aumentar en dos años la edad para pensionarse es completamente insuficiente, comparada con las reducciones salariales, de las pensiones y de los servicios públicos que se han adoptado en los países europeos especialmente endeudados, como Grecia, España, Irlanda o la misma Gran Bretaña.
El déficit presupuestario de Francia alcanzará en el 2010 el 8.2% del PIB, lo que casi triplica la barrera del 3% establecida en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea (UE).
Las encuestas indican que un 79% de los franceses son partidarios de renegociar la ley con los sindicatos, una propuesta que ha sido rechazada terminantemente por el gobierno.
El presidente francés también aparece con un reducido apoyo entre la opinión pública. En el barómetro BVA-Orange-L’Express-France Inter, publicado el 19 de octubre pasado, aparecía con 69% de opiniones negativas (cinco puntos más que su peor resultado, en septiembre) y una cifra nunca alcanzada en los últimos 30 años en Francia.