Triunfo de los conservadores del Partido Popular (PP) en Galicia, un complicado panorama electoral en el país vasco, pero, sobre todo, la recesión y un aumento imparable del desempleo, complican el escenario político para el gobernante Partido Socialista en España, y para el jefe del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Ni los escándalos financieros que acapararon la atención de los españoles desde hace un par de meses y que involucran a altos dirigentes del PP pudieron cambiar un resultado electoral en las elecciones del pasado primero de marzo en Galicia.
Región tradicionalmente conservadora, el regreso del PP al poder no es una sorpresa, pero se vio favorecida por el mal desempeño del socialista Emilio Pérez Touriño, presidente del gobierno gallego los últimos cuatro años.
Touriño no solo se vio involucrado en escándalos de gastos excesivos, sino que se mostró poco hábil para enfrentar problemas políticos sensibles para los gallegos, como las consecuencias de la crisis o el intento de imponer el uso del gallego en una comunidad donde el uso del castellano está bastante extendido.
El resultado fue un contundente triunfo del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, que recuperó la presidencia de la Xunta, con una cómoda mayoría absoluta.
Para el diario conservador ABC, la victoria del Partido Popular en Galicia tiene un sabor dulce para el líder del PP, Mariano Rajoy, “ya que la campaña electoral ha estado mediatizada por la investigación del juez Baltasar Garzón sobre la presunta trama de corrupción creada por Francisco Correa”, un importante dirigente del partido y muy cercano al otro presidente del gobierno, José María Aznar. “En clave interna –agrega el periódico– Mariano Rajoy consigue más que un balón de oxígeno, ya que sale muy reforzado del envite, afianzando su liderazgo de cara a las elecciones europeas del próximo mes de junio.
Especialmente porque las elecciones gallegas fueron el escenario del pulso personal entablado entre Rajoy y Zapatero, que se volcaron en la campaña para medir sus fuerzas un año después de las elecciones generales”.
Con este resultado Rajoy enfilará ahora hacia las elecciones europeas del 7 de junio con buenas esperanzas de mejorar su posición.
Si el resultado en Galicia fue un desastre para los socialistas, la situación es distinta en el País Vasco. Ahí subieran su votación y lograron aumentar de 18 a 24 representantes. su participación en el parlamento regional, de 75 miembros. Con 30,7%, quedaron en segundo lugar, detrás del gobernante Partido Nacionalista Vasco (PNV), que obtuvo 38,5% y 30 diputados. Pero, por primera vez, los nacionalistas no cuentan con una mayoría de 38 votos que les permita formar gobierno, ni sumando sus 30 diputados a los seis de los restantes partidos nacionalistas: dos de Eusko Alkartasuna y cuatro de Aralar, más uno de Ezker Batua.
Ahora el líder socialista vasco, Patxi López, tiene la difícil tarea de formar gobierno. Para eso se estima que podría contar con los 13 votos de sus adversarios nacionales, el PP, y el de Unión Progreso y Unidad (UPD), ambos interesados en poner fin al control que los nacionalistas han ejercido sobre el gobierno vasco.
Para Rajoy, comenta la prensa española, “el logro de los populares vascos consiste en que su balance electoral les permite pensar en el cambio de gobierno, siempre y cuando se den alianzas con el PSE-EE y UPD”.
López estima que ese deseo de alejar a los nacionalistas vascos del poder será suficiente para contar con el apoyo de sus rivales ya que, si esos se abstienen, el PNV podría conseguir la mayoría relativa en una tercera vuelta, gracias al apoyo de los otros partidos nacionalistas.
Pero ese escenario representa otro problema para los socialistas, que podrían perder el apoyo del PNV en el congreso nacional, en Madrid, debido a la confrontación en el País Vasco.
CRISIS
A ese nuevo escenario político se suma la complicada situación económica por la que atraviesa el país. Según evaluaciones realizadas a mediados de enero, por primera vez en 16 años la economía española se contraerá en el 2009 un 1,6%.
España sufre también un elevado déficit en su cuenta corriente que, en comparación con el Producto Interno Bruto (PIB), duplica el de los Estados Unidos: 9%, frente a un 5,4%.
La recesión tiene también como consecuencia un aumento del desempleo que podría llegar a 16%.
El vicepresidente del gobierno, Pedro Solbes, advirtió que este año España va a vivir “los momentos más difíciles de la crisis”, pero descartó que se pudiera llegar a los cuatro millones de desempleados.
Sin embargo, las cifras parecen indicar que las previsiones de Solbes pueden quedarse cortas, pues el desempleo afecta en este momento a 3,5 millones de personas en España y continúa subiendo.
Solbes admitió que esa evolución hará que los 2.000 millones de euros previstos en el capítulo de gastos del presupuesto de 2009, para sufragar las prestaciones por desempleo, se incrementen, «como mínimo», en otros 2.000 millones.
El déficit y el deterioro económico provocarán que la deuda pública española vuelva a aumentar y se pueda disparar hasta 54% del PIB en 2011 desde el 47% previsto para este año.
ESCÁNDALOS
El otro factor que está incidiendo en el escenario político español es la investigación que ha llevado a cabo el juez Baltasar Garzón –quien pidió inhibirse- y, que involucra a importantes dirigentes del PP.
Garzón involucró en esa trama de corrupción al senador Luis Bárcenas, tesorero del PP, partido que lo ha acusado de prevaricación, por «romper el secreto de sumario».
Por este caso, de pago de coimas, están en prisión preventiva tres involucrados: el presunto cerebro de la trama, Francisco Correa, y sus dos principales colaboradores, su primo Antoine Sánchez y el exsecretario general del PP de Galicia Pablo Crespo.
Según el diario español El País, en el período 2000-2004, lapso del segundo y último mandato de José María Aznar, el aparato dedicado a sobornar figuras del PP obtuvo cinco millones de euros en contratos adjudicados a empresas integradas a la red. Esa es la conclusión a la que se llegó al conocerse conversaciones sostenidas por el cabecilla principal de la trama, el empresario Francisco Correa, contenidas en grabaciones que están en manos de la justicia. En una de ellas, Correa revela que obtuvo “mil millones de pesetas” (unos $7,5 millones) por adjudicaciones de obras a sus empresas durante “la época de Cascos”, en referencia a Francisco Álvarez Cascos, quien fue ministro de Fomento de Aznar.
Pero la trama involucra también a allegados de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Se trata de Alberto López-Viejo, destituido por sus vínculos con esa trama de corrupción, al que Aguirre rehabilitó en el 2003, incorporándolo a su equipo.
“Hay políticos que pasan por los cargos como la luz por el cristal: sin manchar ni romper. No es el caso de Alberto López Viejo, que siempre deja rastro visible, ruido de vidrios rotos y escándalo. Nunca se le ha demostrado nada, pero ha hecho siempre ruido”, decía la prensa española, en referencia a López-Viejo.
Ahora queda por ver qué pesará más en las decisiones del elector español, enfrentado a una crisis cuyas dimensiones son aún difíciles de precisar, en medio de denuncias de corrupción que afectan al conservador Partido Popular.
