Líderes sindicales y de organizaciones sociales de Centroamérica encabezan campaña en contra de este tipo de medidas.
Que el sonado argumento de la crisis económica mundial no se transforme en la excusa para aplicar los promovidos cambios en las normas laborales que atenten contra las personas que trabajan para empresas o instituciones.
Así de tajante fue la recomendación y lo que concluyeron representantes de la Campaña Regional contra la Flexibilidad Laboral en una mesa redonda efectuada el pasado 26 de febrero en la Asamblea Legislativa.
Salomón Samudio, economista panameño, narró que la experiencia vivida en su país es una muestra de ello y en Panamá comenzó desde 1995 cuando se aprobaron reformas a su código de trabajo que flexibilizaron las relaciones laborales, “facilitando los despidos”, relató.
Indicó que aunque se anunció que los cambios aplicados redundarían en el incremento del empleo, lo que realmente sucedió fue que aumentaron las tareas informales, incluso en el sector estatal se contrata a los trabajadores por servicios profesionales, “donde nadie adquiere la permanencia”, dijo.
“Ha habido un aumento de empresarios que venden celulares, accesorios de celulares, inclusive pan y arroz. Hay una canción de un autor panameño famoso, pero no muy bien recordado hoy (Rubén Blades), que dice que hay un supermercado en el semáforo. Precisamente la flexibilidad laboral ha aumentado ese supermercado y esos trabajadores no tienen seguro social ni estabilidad laboral, no tienen derecho a jubilarse”.
Asimismo, Samudio advirtió que el pueblo terminará pagando los costos de ampliación del canal de Panamá, los cuales, según él, se triplicarán a raíz de la crisis económica.
“En Panamá existe un fondo fiduciario que se creó con la privatización de las empresas estatales y con el sudor de los trabajadores panameños y ahora se están destinando $1.100 millones de ese fondo para que el sistema financiero no colapse. Se está haciendo con el dinero de los trabajadores y encareciendo su vida”, lamentó.
Entre tanto, David Soto, dirigente de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Guatemala, explicó que en su país se quiere aprobar el Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo. Este convenio reconoce el trabajo de medio tiempo y, aunque el empresariado hondureño afirma que su aprobación generará trabajo en este período difícil, las organizaciones sindicales estiman que se vulnerarán los derechos laborales.
Uno de los argumentos esbozados por Soto en contra del documento es que los empresarios contratarán a los empleados por unas cuantas horas con el fin de desembolsar menos dinero y que no les brindarán las garantías sociales que les corresponden.
A pesar de que el acuerdo establece que deben “adoptarse medidas para asegurar que los trabajadores a tiempo parcial reciban la misma protección que gozan los trabajadores a tiempo completo”, los sindicatos temen que esto no suceda.
Soto también denunció la persecución a las organizaciones de trabajadores que se viene gestando en su país, de modo que este año han sido asesinados tres sindicalistas.
PERJUICIOS CONTRA LOS TRABAJADORES
Indira Pineda, dirigente del sindicato de periodistas de El Salvador, mencionó que no se puede paliar la crisis económica sacrificando a los trabajadores.
“¿Quiere decir que en algunos países donde nuestra política también está en crisis debemos sacrificar a los diputados? Obviamente no, entonces esperamos que no se haga eso con los trabajadores”.
Pineda recordó los pilares de lo que se conoce como trabajo decente: libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana, los cuales deben ser retomados, añadió.
La periodista criticó las jornadas laborales de 12 horas, pues los trabajadores pierden garantías bajo la excusa de que descansarán más tiempo.
Por otro lado, denunció que algunos trabajadores en vez de reclamar sus derechos al ser cesados de sus puestos, llegan a acuerdos donde ceden sus garantías.
“Aunque los derechos humanos y laborales son irrenunciables, en esta época de crisis hay personas que dicen: Yo no tengo para comer, ni siquiera para mandar a mis hijos a la escuela, entonces páguenme la mitad de lo que me corresponde”.
Adrián Jaén, integrante del sindicato de empleados del Patronato Nacional de la Infancia, declaró que el Plan Escudo planteado por la administración Arias Sánchez, en realidad es un “plan látigo” que afectará a las personas de escasos recursos.
Precisó que es una contradicción que por un lado el Gobierno haya propuesto aumentar la jornada a 12 horas y por otro reducirla, así como el salario. El sindicalista agregó que esta propuesta solo beneficia a las grandes empresas.
“Cuando las compañías tienen grandes ganancias no suben salarios, pero cuando tienen pérdidas ahí los trabajadores tienen que pagar los platos rotos”, enfatizó.
Maritza Paredes, representante hondureña de la Campaña, criticó que las empresas maquiladoras fueran excluidas del aumento del salario mínimo aplicado en su país recientemente, mientras que pequeñas empresas cerrarán porque no están en capacidad de aumentarles el salario a sus empleados.
Propuso que las organizaciones sociales se organicen para hallar alternativas que no atenten contra la solidez de los trabajadores frente al panorama adverso vigente.
