Sentenciado a 80 años de prisión, el general Efraín Ríos Montt fue hallado responsable de los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad, por un tribunal de Guatemala la semana pasada.
“Los juzgadores consideramos que la conducta del acusado, José Efraín Ríos Montt, encuadra en el delito de genocidio en calidad de autor, por lo que debe imponerse la pena correspondiente”, dijo la presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo, Jazmín Barrios, al leer la sentencia: 50 años de cárcel por los cargos de genocidio y 30 por crímenes contra la humanidad.
Con esto, estalló el júbilo en la sala donde decenas de familiares de las víctimas, la mayoría niños cuando ocurrieron los hechos, oyeron, sin poder creerlo, la condena al general que gobernó el país con mano de hierro del 23 de marzo de 1982 hasta el 8 de agosto del año siguiente.
Sin embargo, al cierre de esta edición (martes 21) se conoció que la Sala Constitucional dejó sin efecto la condena por no seguirse el debido proceso y ordenó regresarlo a como quedó el 19 de abril pasado, cuando una sala de apelaciones acogió un amparo de la defensa. En ese momento, el Tribunal de Mayor Riesgo prosiguió sin tramitar la recusación.
FUSILES Y FRIJOLES
En julio de 1982, Ríos Montt comenzó una campaña de tierra arrasada, llamada “Fusiles y frijoles”. Cuatro meses antes había encabezado un golpe de Estado contra el general Romeo Lucas García, que debía entregar el poder a su colega, el recién electo general Aníbal Guevara. El traspaso de poder nunca llegó a realizarse. Diecisiete meses estuvo en el poder Ríos Montt antes de ser, a su vez, derrocado por su propio ministro de Defensa, el 18 de agosto de 1983. Fueron diecisiete meses de horror, según las descripciones conocidas por el tribunal.
Ese medio millar de días lo perseguirían por el resto de su vida, se dijo después de conocida la sentencia. En ese período, Ríos Montt creó las Patrullas de Autodefensa Civil y armó e involucró a los civiles en el conflicto.
En la lógica de los documentos de planificación militar, concebidos bajo el Gobierno de Ríos Montt, toda la población Ixil maya era un objetivo militar, incluidos los niños, señaló el diario New York Times. La teoría era que las guerrillas que luchaban contra el Gobierno guatemalteco habían logrado adoctrinar a los ixiles empobrecidos, quienes los apoyarían al 100 %. De modo que todos ellos fueron blanco de las campañas de tierra arrasada, que erradicaron a más de 600 pueblos indígenas de las tierras altas de Guatemala.
“Hubo niños que fueron apresados y trasladados a otras localidades […] en unas operaciones bajo el liderazgo de José Efraín Ríos Montt, quien estaba al tanto de todo lo que ocurría y no lo detuvo”, señaló la sentencia.
TODO EMPEZÓ EN EL 54
En marzo de 1999, durante una visita a Centroamérica, el entonces presidente estadounidense Bill Clinton pidió disculpas por el apoyo que, en el pasado, su país había prestado a regímenes de derecha en Guatemala, responsables de graves violaciones a los derechos humanos. De igual manera, documentos revelados recientemente muestran las relaciones de la administración del mandatario Ronald Reagan (1981-1989) con el genocidio en Guatemala.
En realidad, esas políticas tuvieron su origen en 1954, cuando Estados Unidos organizó y financió un golpe de Estado contra el Gobierno del presidente Jacobo Arbenz, para impedir una reforma agraria que afectaría los intereses de la empresa bananera norteamericana United Fruit Company.
Un largo período de dictaduras se instauró en prácticamente todos los países de Centroamérica. En nombre de la lucha por la “libertad” y contra el “comunismo”, apoyaron gobiernos de extrema derecha, que ya en 1951 denunciaba el historiador e intelectual costarricense Vicente Sáenz. En una de sus principales obras, “Rompiendo cadenas”, Sáenz denunciaba a quienes pretendían que la democracia caminara “en ancas de la dictadura”.
El malestar de Hispanoamérica, decía Sáenz, “no es cuestión de comunismo”, sino de “gobernantes incapaces, de políticos entreguistas, de los monopolios insaciables”.
El galardonado periodista norteamericano Robert Perry desempolvó varios documentos de la época, relativos a la política de Washington en la región. “Un documento que he descubierto recientemente en los archivos de la biblioteca Reagan, en Simi Valley, California, reveló que Reagan y su equipo de seguridad nacional en 1981 acordaron suministrar ayuda militar al régimen de derecha brutal en Guatemala”, para lograr el objetivo de no exterminar no solo “guerrillas marxistas”, sino a la población civil que le daba apoyo, dijo Perry.
Entonces el secretario de Estado, general Alexander Haig, envió al también general Vernon Walters a Centroamérica, para reiterar su apoyo a los regímenes que luchaban contra el “comunismo”.
“Tanto el presidente como el secretario de Estado reconocen que su país está comprometido en una guerra con las guerrillas marxistas”, habría dicho Walters a Ríos Montt, según los documentos divulgados por Perry. “Estamos profundamente preocupados por la subversión marxista, apoyada externamente en Guatemala y en otros países de la región. Como ustedes saben, ya hemos tomado medidas para ayudar a Honduras y El Salvador a resistir a esta agresión”, habría dicho Walters.
Perry cita un informe de la CIA hecho público, el cual se refiere a los operativos militares en Guatemala: «Los oficiales al mando de las unidades involucradas han sido instruidos para destruir todas las ciudades y pueblos que están cooperando con el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y eliminar todas las fuentes de resistencia. Desde que comenzó la operación, varios pueblos han sido quemados y han matado a un gran número de guerrilleros y colaboradores».
COMISIÓN DE LA VERDAD
En 1999, una década después de que Reagan dejó la presidencia, el alcance de las atrocidades en Guatemala fue revelado públicamente por una Comisión de la Verdad. Su trabajo se basó en documentos del Gobierno de Estados Unidos que el presidente Clinton desclasificó.
La comisión estimó “que la guerra civil de 34 años ha cobrado la vida de unas 200 000 personas”. El informe agrega que, en la década de los 80, el ejército cometió 626 masacres contra pueblos mayas.
“El exdictador institucionalizó en Guatemala las tácticas más descarnadas de contrainsurgencia rural; ordenó el asesinato de decenas de miles de personas, la mayoría indígenas ixiles ─por más que en el expediente judicial en su contra solo se hayan documentado 1700─; provocó el desplazamiento de cientos de miles más y fue el responsable principal de la virtual desaparición del mapa de cientos de aldeas indígenas que simpatizaban con las organizaciones guerrilleras de la época”, dijo el diario mexicano La Jornada, en su editorial del 11 mayo pasado.
Ríos Montt, por su parte, hizo una única declaración a lo largo del proceso a que fue sometido: “En 1982 la subversión estaba en el parque Central lista para tomar el poder. Y el ejército tenía cansancio de guerra. Me llamaron (para encabezar el golpe de Estado) y yo acepté, porque había que salir de la situación empantanada en que vivíamos. Como jefe de Estado, el gran compromiso ante la oficialidad joven que dio el golpe de Estado fue trabajar en democracia, con ley”, afirmó.
El general fue defendido también por la principal organización empresarial del país, el Comité Coordinador de Asociación Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), que pidió la anulación del juicio. “El Tribunal hizo una calificación inadecuada de la figura de genocidio”, alegó el comunicado, en el que se acusa a la comunidad internacional de haber presionado para que se condenara a Ríos Montt.
Por su parte, una denominada “Fundación contra el Terrorismo” reclamó que el juicio era una «conspiración marxista desde la Iglesia católica», en una publicación titulada “La farsa del genocidio en Guatemala”, que puede ser vista en Internet.
En todo caso, el tribunal no creyó la afirmación de inocencia de Ríos Montt, ante la evidencia abrumadora presentada en contrario sobre su responsabilidad en un conflicto que dejó 200 000 muertos, 40 000 desaparecidos y 1.5 millones de desplazados.
Ahora las autoridades continúan las investigaciones sobre la responsabilidad de otros militares involucrados en las masacres de esa época. Las miradas se han vuelto hacia el actual presidente, Otto Pérez Molina, “cuya participación en las masacres de civiles en comunidades campesinas está ampliamente documentada e incluso ha sido exhibida en diversos videos”; a él lo acusan de haber dirigido en la época, con el alias de Tito, operaciones de contrainsurgencia en el área ixil.
