Se acerca un acuerdo de paz en Colombia

Los acontecimientos se precipitan. Mientras artículos recientes, sobre todo en revistas, especulaban sobre los acuerdos aún pendientes en las complejas negociaciones de paz en Colombia, especialmente los mecanismos de justicia que se aplicarán a los involucrados en violaciones graves a los derechos humanos una vez firmado el acuerdo, los hechos se adelantaban.

El pasado 23 de setiembre el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, se hizo presente, por primera vez en el escenario de las negociaciones, en la capital cubana, donde desde hace tres años se reúnen las delegaciones del Gobierno y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El objetivo es poner fin a una guerra que ha cumplido ya más de medio siglo, ha dejado cerca de 220.000 muertos y unos siete millones de desplazados, la cual, según lo acordado en esa cita, deberá terminar con un acuerdo firmado en un plazo no mayor a seis meses. O sea, el 23 de marzo del año que viene.

Podemos lograrlo antes si hay voluntad política, dijo Rodrigo Londoño, alias Timochenko, principal dirigente de las FARC, en entrevista hecha por la exsenadora colombiana Piedad Córdoba en La Habana, para la cadena Telesur.

“Seis meses también nos pueden quedar cortos –agregó–; es decir, que no logremos el acuerdo final porque son temas que van a definir si hay una real decisión política de afrontarlos, pero que nos van a llevar mucho tiempo de discusión y de acuerdo si hay trabas”.

La presencia de Santos en el escenario de las negociaciones, en todo caso, indica por lo menos dos cosas: que un acuerdo es posible y está cerca y, quizás lo más importante, es que tanto el presidente como la guerrilla están dispuestos a lograrlo.

Jurisdicción especial

El gobierno de Colombia y las FARC informaron la semana pasada que habían establecido un mecanismo de justicia para los crímenes cometidos en el marco del conflicto (ver detalles en el recuadro).

Un acuerdo criticado por el conservador expresidente Álvaro Uribe, que hizo de la derrota militar de la guerrilla el objetivo de sus dos períodos de gobierno (2002-2010), marcados por un sinfín de escándalos, entre ellos los “falsos positivos”, cuando los militares mataron a más de 3.000 mil jóvenes que luego eran presentados como guerrilleros muertos en combate.

“Que el guerrillero raso no sea llevado a la cárcel es aceptable”, dijo Uribe citado por la BBC, “pero concederle esta indulgencia al cabecilla, responsable de atrocidades, es mal ejemplo promotor de nuevas violencias”.

Esta posición crítica también la expresó el director ejecutivo de Human Rights Watch para América, José Miguel Vivanco que, en la misma página, dice que “es difícil imaginar que esta fórmula de justicia transicional supere un escrutinio riguroso en la Corte Constitucional colombiana o, en última instancia, en la Corte Penal Internacional”.

Un acuerdo de paz tendrá profundas repercusiones en la política, no solo en Colombia, sino en toda América Latina, como destacan analistas de la región.

Para Londoño, “el tema más complejo en la mesa es el del paramilitarismo”, no de las estructuras en sí, sino la concepción de manejo del poder a través de las armas, de la intimidación, de esos poderes regionales que están asentados a partir de esa realidad. “Eso no lo va a cambiar un decreto”, enfatizó.

Jairo Estrada Álvarez, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia, en un extenso artículo sobre la potencia transformadora del proceso de paz en Colombia estimó que un eventual acuerdo imprimirá “un nuevo impulso al proceso de cambio político, socioeconómico y cultural democrático en Nuestra América, en momentos en que este muestra signos de agotamiento en unos casos y de declive en otros”.

“Es evidente –agregó– que los propósitos de una derrota militar de la guerrilla −que la llevaría a su sometimiento y rendición− no se pudieron cumplir, pese al aumento del pie de fuerza a cerca de medio millón de hombres, es decir, a un tamaño similar a las fuerzas militares de Brasil (…) Del lado de la insurgencia es evidente que su propósito de toma del poder por la vía armada tampoco se cumplió”.

Una lectura simple de la agenda, dijo Estrada, permite identificar el objeto de negociación con algunas de las causas históricas del conflicto colombiano, especialmente la “no resuelta cuestión agraria”, “la histórica concentración de la propiedad latifundista sobre la tierra”.

Para ilustrar el problema destacó “la expropiación violenta de tierras y territorios, en cifra que se acerca los ocho millones de hectáreas” (algo más del 7% del territorio nacional), más de 200.000 homicidios por razones políticas y más de 50.000 desapariciones forzadas).

Estrada destacó también los impresionantes impactos del conflicto sobre la población, que han producido una de las mayores tasas de desplazamiento forzado del mundo, cerca de siete millones de personas durante las últimas tres décadas.

En todo caso, “lo valioso del proceso de La Habana se encuentra en la potencia transformadora que encarna”, cuyo significado para América Latina, “no ha sido abordado hasta el momento”, indicó.

“Con el pretexto de la llamada guerra contra las drogas −cuyo epicentro ha estado justamente en Colombia– se ha producido una creciente presencia militar estadounidense, que alcanzó a convertir el país no solo en el segundo receptor de ‘ayuda militar’ después de Israel, sino a todo su territorio en un ‘portaviones terrestre de los Estado Unidos”.