Por Andrés Villafuerte Vega
Estudiante de Derecho, UCR
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Costa Rica no necesita cambiar sus ministros o políticos, necesita reestructurar su forma de gobierno y, con ello, nuestro pensamiento mediocre como ciudadanos.
Desde hace un tiempo, algunos costarricenses han defendido la idea de que, como nación, necesitamos cambiar la estirpe de políticos existentes en el país. Se buscan caras nuevas (o conocidas, pero olvidadas) para emitir un mensaje de esperanza en tiempo electoral. “No todo está perdido”, dicen por ahí, “aún se puede creer en estas personas de bien”.
Esta falacia ad misericordiam ganó las pasadas elecciones nacionales. Un partido político “reciente” toma el poder y rompe el bipartidismo imperante desde hace décadas. El señor presidente se hace con un grupo de trabajo dicotómico: unos son nuevos en el ejercicio de la administración pública, otros son ya conocidos. La mezcla parece perfecta para gobernar, pero, en cuestión de semanas, el Gobierno choca contra un paredón.
El cambio de partido político en Casa Presidencial o el aumento del número de agrupaciones representadas en la Asamblea Legislativa, no se traducen en un eminente cambio progresista para el país. Tampoco es sinónimo de buenas nuevas para el Poder Ejecutivo, la sustitución del exministro Jiménez para nombrar a don Sergio Alfaro. Como ciudadanos, nos equivocamos al confundir el camino que debemos tomar. No es una cuestión de cambiar una cara por otra o cierta idea por alguna diferente. Las últimas décadas de historia nacional han demostrado nuestra caída en un círculo vicioso, una y otra vez, cada cuatro años.
La estructura política de nuestro país, basada en el centralismo exacerbado y estimulante de la ingobernabilidad, ha generado la reiteración de los males pasados, con otra nefasta consecuencia: la disminución de la participación ciudadana. Aunque los gobernantes tengan las mejores intenciones, a la hora de iniciar su gestión se topan con una maquinaria compleja y burocrática, la cual detiene o desacelera la eficiente administración pública. A esto se le debe sumar la poca madurez política de nuestros representantes, quienes terminan discutiendo por banalidades, desconcentrados de las verdaderas problemáticas y desafíos de nuestro país. Parece más fácil promover los intereses de sus partidos, en vez de pregonar por las opiniones de sus representados, aquellos que, al fin de cuentas, son los legítimos soberanos de la nación, según los más básicos principios constitucionales.
Uno de los principios menos discutidos de la ciencia es que todo llega a su fin o colapso. Nuestro sistema político da señas de su deteriorada condición. A lo largo de estos casi setenta años de existencia, muchas personas han tratado de remendar sus fallos, con cuantiosas reformas constitucionales, algunas con buenos resultados. Sin embargo, esa función es de nunca acabar: existe algo profundo en nuestro sistema, ahí escondido, el cual necesita de una intervención mayor.
No obstante, Costa Rica no está preparada para ello. Antes de implantar un cambio de tal magnitud, deberíamos sopesar las posibles consecuencias, en especial la probabilidad de inestabilidad política. Por ende, el tema deber ser puesto sobre la mesa de discusión en estos días (como ya se hizo, por ejemplo, mediante la Comisión Legislativa de Asuntos Políticos), para que la ciudadanía costarricense empiece a discernir y esclarecer cuál camino elegiremos como nación. Muchas pruebas constan que, si aumenta el diálogo y la negociación honesta (cualidades intrínsecas de una verdadera democracia), se incrementa la madurez y la tolerancia política. En tal línea, sería prudente abandonar toda nuestra mediocridad ciudadana presente en torno a los asuntos concernientes a la colectividad.
Esa es la labor de cada uno y una de los costarricenses. Tal vez una sola persona no pueda tapar el sol con un solo dedo, pero si cada uno ofreciera un dedo, o su mano, en instantes ese sol se ocultaría bajo las muchas sombras.
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