La dinámica de solución de conflictos para resolver el problema de la atención medica de los EBAIS de Curridabat, San Pedro y La Unión (que estuvieron en manos de la UCR, y van a ser devueltos a la CCSS en febrero próximo) es de antología.
En primer lugar tenemos a la UCR −referente institucional de excelencia académica−, que postrada ante la CCSS, es “incapaz” de manejar políticamente el cobro de una tarifa justa; prefiere cerrar el proyecto y despedir a cientos de trabajadores, en una zona que aunque socioeconómicamente se ubica en el percentil superior de ingreso, no tiene fuentes importantes de empleo local. ¿Por qué se negoció de esta manera y por qué se manejó con desidia y sin contundencia esta realidad hasta que fue “demasiado” tarde? ¿Cuál es la agenda que desconocemos? ¿Cuál es el efecto de las convenciones colectivas administrativas en esta crisis?
En segundo lugar, tenemos a los trabajadores, que limitados o auto-limitados, no presentan una propuesta sólida a la CCSS, para asegurar su empleo mediante una cooperativa u organización similar de autogestión; prefieren “negociar” trabajo para algunos privilegiados y recoger sus prestaciones, antes que reinventarse como empresarios y tomar el timón de su propio destino.Y en tercer lugar, esta la manera de gestionar los servicios de la CCSS, en un modelo dentro del cual, una institución en crisis que contrata miles de empleados sin generar beneficios tangibles a los asegurados, prefiere subcontratar los servicios de atención de EBAIS a terceros −que es un servicio directo al asegurado−, a un precio presumiblemente superior al que internamente podría brindar, y paga más en contratos similares que lo cobrado por la UCR en su momento. (Aquí es importante que nos aclaren lo que cubren ambos tipos de contratos y la justificación de sus diferencias −servicio incremental vrs costo incremental−).
Para rematar, resulta que la CCSS como institución orientada a la seguridad social de los trabajadores, prefiere la alternativa de “desmejorar” las condiciones de empleo de los empleados; pagar un costo mayor por el servicio en justificación, por una eficiencia que no se nos explica en qué va a consistir y omite decirnos cuál sería el beneficio tangible que recibirían los asegurados, los indicadores de desempeño que un servicio privado tendría, en comparación con uno brindado por la Caja, su costo real, y la experiencia documental con la cual se toma esta decisión…(porque si es más rentable en todo sentido tercerizar los servicios, entonces sobra gente en la CCSS!).
Finalmente, y no menos importante, está la manera en que se llevó a cabo esta transición: en secreto y sin involucramiento de la comunidad −mas allá que a nivel de alguna municipalidad o junta−, sin consultar a los usuarios para saber cuáles son las necesidades reales de atención, de una población que tiene un gran componente de adultos mayores y está polarizada socialmente (o sea que existe población que no utiliza los servicios y mucha que los requiere con urgencia, bajo condiciones de atención especiales y con enfermedades crónicas).
Lo que los asegurados solicitamos a la CCSS, es que haga su trabajo, tome el control de estos EBAIS de manera directa, y deje de dar excusas para impulsar el gasto de más recursos de todos los costarricenses, con el fin de justificar su incapacidad de gestión, o bien… que pongan TODOS los datos sobre la mesa, para mejor comprensión de los asegurados y plena justificación de su parte, demostrándonos con información real que licitar los EBAIS es el camino correcto a seguir, porque brinda el mejor servicio, al menor costo, con los mismos trabajadores y es más eficiente y sostenible!.
¡Los asegurados estamos ansiosos de que lo hagan y de escuchar sus respuestas!
