En una reiterada publicación, el Poder Ejecutivo ha declarado que considera insostenible la pretensión presupuestaria de las universidades públicas y ha aducido, sin aportar datos, que los incrementos solicitados “serían principalmente para pagar el aumento automático de las planillas universitarias”.

Esto constituye un “cáncer que absorbe todo aumento presupuestario”, según quienes firman el costoso comunicado.

El Consejo Nacional de Rectores (CONARE) ha mostrado la falsedad de estas aseveraciones. Sin embargo, para comprender la posición del Poder Ejecutivo y específicamente de los ministros y las ministras que lo representan en la Comisión de Enlace, es preciso transmitir información adicional para contextualizar la existente tensión entre el gobierno y las universidades públicas.

El gasto público en Costa Rica es inferior al de la mayoría de los países latinoamericanos de ingresos semejantes. Si tomamos como referencia solo el gasto público total de las instituciones autónomas y le agregamos el de las universidades públicas, a estas corresponde apenas una cifra superior al 10%. Este porcentaje disminuye al sumar el gasto público del gobierno central.

En la última década, los salarios del sector público (sin las universidades) han representado alrededor del 7% del Producto Interno Bruto (PIB), el porcentaje más alto de América Latina y un nivel cerca de siete veces mayor a la inversión estatal en educación superior. Debe aclararse que este elevado gasto no se debe a altas remuneraciones, sino al tamaño de la fuerza laboral del Estado.

Dentro de un marco de gasto público restrictivo, el Estado es, en cifras relativas, más derrochador que las universidades públicas y también más ineficiente, sobre todo en educación primaria y secundaria, tal y como lo señalan el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al afirmar que, en cuanto a eficiencia de la inversión en este campo, “Costa Rica muestra un puntaje promedio… bastante por debajo del promedio evidenciado por otros países de ingresos medios de América Latina, e incluso por debajo del promedio … de los países de América Central.”

Agregan BM/BID que “esto sugiere que la educación (primaria y secundaria) es el área en que deben ser focalizados los esfuerzos por lograr una mayor eficiencia.” (Costa Rica. Informe sobre el gasto público. BM/BID, 2009).

El Poder Ejecutivo, probablemente con el ánimo de provocar preocupación y, a la vez, desprestigiar la administración de las universidades públicas, ha señalado que estas dedican el 80% de su presupuesto al pago de planillas.

No obstante, en educación general, un ámbito que es responsabilidad del Ministerio de Educación Pública, casi el 90% del presupuesto se destina a salarios y solo alrededor del 1%, a inversión, situación que hace aún más dramático y doloroso el superávit no utilizado por el MEP en los últimos años.

Como puede verse con claridad, el Poder Ejecutivo quiere presentar como un pecado lo que, en realidad, es una virtud: como política institucional, la UCR dedica 20% de su presupuesto a la inversión en infraestructura y equipos.

Veamos ahora la otra cara de la moneda: ¿cuánto aporta la educación superior al PIB? Esta pregunta es compleja, pues a la econometría le es difícil demostrar empíricamente una relación causal directa entre educación y crecimiento económico.

Sin embargo, es posible encontrar una vía de aproximación indirecta, cual es el Índice de Adelanto Tecnológico (IAT) y sus componentes. Esto es lo que ha hecho el Observatorio del Desarrollo a solicitud de la Vicerrectoría de Investigación de la UCR, en un estudio todavía inédito a cargo de Anabelle Ulate y Agustín Fallas.

En el informe sobre desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) del año 2001, Costa Rica ocupó el segundo lugar de América Latina en el IAT. En el año 2005, Costa Rica se colocó en el primer lugar del subcontinente, arriba de México, Chile y Brasil.

De especial interés es que Costa Rica ocupa esa posición gracias a su puntaje alto en uno de los subíndices del IAT, a saber difusión y utilización de innovaciones tecnológicas, incluyendo su exportación. En el subíndice de capacidades humanas, o sea formación de científicos, Costa Rica aparece por debajo de Chile y México, pero superior a Brasil. Estos son campos en los cuales tiene especial incidencia la educación superior y en ellos puede evidenciarse su decisiva contribución al desarrollo económico.

La estructura del gasto público depende de las decisiones en política económica, es decir de las prioridades que se fijen en materia de las políticas que guiarán la economía. Eso no es negativo en sí mismo.

Lo que sí es negativo es que el Poder Ejecutivo no ofrezca más que pseudorrazones para rechazar la propuesta del CONARE y le reste prioridad al financiamiento del sector académico público, el cual constituye un factor decisivo en el desarrollo nacional.
¿Cómo explicarnos esta situación? Una entre varias respuestas está en el documento suscrito por el Gobierno y el Banco Mundial, titulado “Competencia en Costa Rica” del 11 de junio de 2009.

Allí, en la página 25, se dice: “… los mecanismos de financiamiento tradicionales usados en Costa Rica, combinados con autonomía universitaria, limitan la capacidad del gobierno de influir enormemente el sistema. Se requiere de mecanismos de financiamiento flexible y de otros incentivos para promover las mejoras de los programas y el desempeño universitario.”
Este informe indica que puede adoptarse un modelo que implique que el financiamiento de las universidades dependa de sus resultados, definidos previamente en convenios de rendimiento. Ahora bien, en las comunidades académicas, nadie podrá seriamente oponerse a la evaluación sistemática y continua, ni tampoco a la rendición de cuentas, pues ellas constituyen aspectos medulares de la vida universitaria.

Debe señalarse, sin embargo, que no existe ninguna entidad en Costa Rica que aplique de manera tan consecuente, continua y profunda la evaluación como las instituciones de educación superior. Solo en la UCR mantenemos un sistema de aseguramiento de la calidad que incluye acreditación de carreras, evaluación interna y externa de proyectos, investigadores y unidades de investigación, así como acreditación de ensayos y buenas prácticas de laboratorio.

También acreditamos procesos administrativos. En su magnitud y cobertura, nada de esto encuentra parangón en las instituciones del gobierno.

Estas ideas interventoras de las universidades públicas revelan una voluntad contraria al Estado de Derecho que plasmó en la Constitución Política la autonomía universitaria como garantía para el desarrollo libre de las letras, las ciencias y las artes. Nuestra Carta Magna consagra también el mecanismo para definir el financiamiento universitario. Actuar a sensu contrario es contradecir preceptos básicos de nuestra democracia.

En este clima de coacción por parte del Poder Ejecutivo, vale la pena recordar un pensamiento del ilustre intelectual Edward Said: “Hay algo de venerable y enaltecedor respecto de la academia: hay un sentido de santidad violentada, experimentado por nosotros cuando la universidad o la escuela es sujeto de groseras presiones políticas.”