El férreo control mediático que mantienen los poderes fácticos en los países de la región no es, en modo alguno, una excepción para el caso de Costa Rica, un país donde se ha cultivado una frondosa mitología sobre el tema de la democracia y el de la excepcionalidad de la nación costarricense en relación con el resto de los países de la América Central. Esa herramienta ideológica le ha permitido a la derecha local manipular las percepciones de grandes sectores de la población orientándolas, muy a menudo, hacia posiciones groseramente chauvinistas o ultranacionalistas cuando se trata de desviarlas del conocimiento o la crítica de asuntos de verdad importantes, mientras que en otras oportunidades las conducen hacia la asunción de la defensa de sus intereses particulares como si fueran los de toda la nación, satanizando para ello a aquellos sectores sociales que pudieran oponerse a sus designios de dominio absoluto en los órdenes de lo político, lo económico y lo social, especialmente a los que se organizan en sindicatos, partidos u otras organizaciones populares. Es más, podría decirse que aprenden a odiarse o despreciarse a sí mismos, enfocando sus odios o presuntas iras hacia un blanco falso o equivocado, al ir en contra de sus propios intereses, para lograr esos propósitos están los poderosos medios de comunicación social, con su potente coctel de mentiras y tergiversaciones.
Después de tres décadas de políticas neoliberales y de la asunción entusiasta de los postulados del Consenso de Washington, el aparato mediático de la derecha costarricense encontró, por fin, la manera de convencer a un gran sector de la población de que el origen de los problemas fiscales del país, no es más que el resultado de las garantías sindicales o de los derechos de negociación colectiva de que gozan los trabajadores del sector público y jamás la consecuencia del desmantelamiento del Estado con sus instituciones más importantes que las elites y los poderes fácticos han venido llevando a cabo en provecho propio, de manera sistemática y un tanto sigilosa, durante todo ese largo período de tiempo transcurrido.
Como buena parte de la población permanece ajena al conocimiento del manejo de los asuntos públicos, los poderes fácticos y su aparato mediático disponen de una gran dosis de calma para el ocultamiento de muchas de sus acciones ilegítimas, unas actuaciones que les resultan además ventajosas para su manejo, dado el hecho de que no pueden ser comprendidas en toda su significación y alcances sino se acude al análisis de los datos en la perspectiva del largo plazo, algo que está muy lejos del horizonte de los ciudadanos de la calle.
Desde la segunda mitad de los años ochentas, comenzó el desmantelamiento sistemático de instituciones tan importantes como la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), una de las empresas de electricidad y telecomunicaciones más importantes en la región centroamericana y caribeña. Para el logro de estos propósitos se las ha privado de miles de millones de colones que por ley estaban destinados a ser empleados por ellas, se han perdido muchos recursos en malas contrataciones y en toda clase de maniobras que conducen a la fórmula neoliberal de la privatización de las ganancias, por un lado y de la socialización de las pérdidas, por el otro.
Aquí la derecha no muestra ninguna vocación democrática, sino que más bien evita cualquier acto de transparencia sobre los verdaderos motivos de sus actuaciones, las que a la larga suponen una verdadera conspiración y lo decimos sin caer en la paranoia, basta con examinar los documentos que contienen las recomendaciones del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y un puñado de tecnócratas de toda ralea para comprobar los propósitos perseguidos por los ejecutores de estas políticas, pero lo más grave de todo es que estas acciones se disfrazan con un discurso presuntamente democrático.
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