Imponen a Industrias infinito pago de $6,4 millones por daño ambiental en Crucitas

Pese a que la valoración del daño ya quedó fijada, Estado solo tiene $600.000 depositados ante la Setena y minera se declaró en quiebra.

En $6,4 millones (¢3.449 millones) quedó fijado el daño ocasionado al medio ambiente en la finca en que la empresa Industrias Infinito pretendía desarrollar el proyecto de minería de oro a cielo abierto Crucitas, en Cutris de San Carlos.

Cinco años después de que el Tribunal Contencioso Administrativo decidiera anular los permisos para desarrollar este proyecto y el decreto de “conveniencia nacional” que le otorgó el gobierno de Óscar Arias (2006-2010), la jueza de Ejecución de Sentencia decidió acoger el criterio de los peritos sobre el daño causado.

El abogado ambientalista Álvaro Sagot explicó a UNIVERSIDAD que, en la audiencia oral del 24 de noviembre, la jueza Lorena Montes de Oca indicó que no podía cuestionar el trabajo realizado por los peritos que se encargaron de valorar el daño ambiental, el cual se colocó en un rango de entre $6,4 y $10,2 millones.

Sin embargo, al tener el país poco camino en temas de resarcir daños ambientales, el criterio de la jueza fue el de ajustarse al monto mínimo indicado por los expertos, el cual deberá pagarse de manera “solidaria” entre el Estado y la empresa Industrias Infinito, o lo que queda de ella.

Poco que recuperar

Tras la sentencia del Contencioso Administrativo del 2010, la empresa que pretendía desarrollar el proyecto Crucitas comenzó a deshacerse de sus activos en el país, por lo que el único monto seguro que puede cobrarle el país por este daño ambiental, serán los $600.000 dólares que se depositaron ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).

Como lo reportó UNIVERSIDAD en 2013, la empresa había pactado la venta de su maquinaria de minería industrial a la empresa colombiana Zandor Capital S.A. por un monto de $4.303.000, al tiempo que recusó a la jueza Montes de Oca, en una gestión que falló, pero sirvió para extender los tiempos del proceso.

Este año, mientras la ejecución de sentencia seguía su marcha, Industrias Infinito logró la venta de cinco fincas por un precio total de $445.000 dólares, pese a que el precio fiscal según el Registro Nacional era de $1.469.502, es decir, tres veces mayor.

El traspaso de las fincas a la empresa Reforestación Industrial Los Nacientes S.A. se concretó el 1 de setiembre, esto a pesar de que los abogados ambientalistas hicieron siete solicitudes a la jueza Montes de Oca para que se “anotaran” estos bienes como parte del proceso.

En ausencia de Montes de Oca, una jueza interina decidió anotar las fincas, pero a su regreso, la jueza ejecutora las volvió a liberar y así permitió la venta que se concretó cuatro días después; lo que deja ahora a Industrias Infinito prácticamente sin bienes con qué responder al pago de daños ambientales y una declaratoria de quiebra en Canadá.

 ¿$6,4 millones para quién?

Uno de los nuevos dilemas que enfrenta este pago por daños ambientales es el uso que dará a los recursos que, dada la insolvencia de Infinito, tendrá que aportar el Estado costarricense; pues según explicó Sagot, la sentencia es clara en que la reparación del daño se debe realizar en los terrenos que eran propiedad de la minera y ahora están en manos de otro privado.

“Hice una petición de aclaración sobre qué pasa ya que las fincas no pertenecen a Infinito. El daño tiene que restaurarse, pero ahora a los nuevos compradores les van a hacer una restauración ecosistémica con dinero de todos los costarricenses”, comentó el abogado.

Para Sagot, el Estado debería iniciar un proceso de expropiación de los terrenos afectados, para luego invertir el dinero de la sentencia en ellos y convertirlos en un área protegida o parque nacional.

Sagot también comentó que el abogado Juan Carlos Obando debió presentarse a la audiencia, pese a que Industrias Infinito ya le había revocado su nombramiento hace unos meses.

También queda pendiente lo que suceda con la demanda que presentó la minera de capital canadiense contra el Estado costarricense por un monto de $1.092 millones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), órgano del Banco Mundial, que también se encuentra paralizado.

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