Estado laico: mitos y realidades

Algunos articulistas con una posición evidentemente conservadora y favorable a dejar las cosas como están, menosprecian el tema, calificándolo de pérdida de tiempo, o

El tema de si Costa Rica debe o no unirse a la tendencia mundial de declararse como Estado aconfesional o laico (sin religión oficial) ya empezó a discutirse en algunos medios de comunicación escritos, pero el debate empezó con el pie izquierdo.

Algunos articulistas con una posición evidentemente conservadora y favorable a dejar las cosas como están, menosprecian el tema, calificándolo de pérdida de tiempo, o peor aún, atacan el concepto de Estado laico con afirmaciones incorrectas, tratan de sembrar temores infundados y hacen comparaciones fuera de lugar con regímenes asesinos del pasado. Es oportuno hacer algunas aclaraciones al respecto.

 

La situación actual de Costa Rica, en donde el Estado en el artículo 75 de la Constitución declara que tiene religión oficial, la católica romana, es singular en el mundo occidental moderno. Hasta hace poco, en todo el continente americano, solo nuestro país y Bolivia hacían esa distinción. Con la reciente reforma constitucional boliviana, nos quedamos solos.
La alternativa es, mediante una reforma al mencionado artículo 75, hacer de Costa Rica un Estado laico.

Pero, ¿Qué significa eso? Primero veamos lo que no significa: un Estado laico NO es un Estado ni ateo, ni mucho menos antirreligioso, todo lo contrario, es un Estado que reconoce el derecho humano fundamental a la libertad de conciencia a todos sus ciudadanos, creyentes y no creyentes por igual, tomando una postura neutral en cuanto a la religión, sin favorecer ni perjudicar a ninguna, y en donde las decisiones de gobierno se toman sin la injerencia de esta ni de sus jerarquías o instituciones. En un Estado laico, todos los credos respetuosos de los derechos humanos son aceptados y tratados por igual.

Como lo demuestran diversos estudios y sondeos publicados recientemente, la religión católica no cuenta ya con esa mayoría absoluta que podría haber justificado en algún momento la confesionalidad actual. Muchísimos grupos cristianos alternativos surgen y ganan adeptos de forma acelerada, y al mismo tiempo, un creciente porcentaje de la población se declara no afiliada a ningún grupo religioso. Ante la globalización cultural, el mayor acceso a la información y el contacto de los costarricenses con otras culturas y tradiciones, esta tendencia parece ser irreversible.

La pregunta es entonces, ¿no es conveniente que nuestro país asuma una actitud neutral en cuanto a confesionalidad religiosa, en donde cualquiera que sea la tendencia dominante en el futuro, se garantice constitucionalmente la libertad de conciencia como solo un Estado laico puede hacerlo?

La misma Iglesia Católica, en el Concilio Vaticano II, abogó por eliminar de los textos constitucionales las referencias a las religiones oficiales, pues dichas referencias atentan contra la libertad religiosa de los ciudadanos.

Un Estado laico es por definición uno que protege y garantiza esta libertad, es por esto que comparaciones con regímenes dictatoriales como los de Hitler en la Alemania nazi, y Stalin en la Unión Soviética, entre otros, son absurdas y carecen de sentido. Estos no eran en absoluto estados laicos, ni siquiera podrían llamarse estados ateos, pues si bien en el caso ruso había una fuerte persecución contra las religiones, se pasó de un Dios sobrenatural a uno de carne y hueso en la figura de su líder.

La adopción de un Estado laico tampoco significa pérdida de valores ni mucho menos de la identidad nacional.

Es un hecho histórico la relevancia que el catolicismo y el cristianismo en general han tenido para el país y el cómo estas tradiciones siguen arraigadas en el pueblo, pero la laicidad estatal no amenaza esto sino que lo viene a complementar con un componente de tolerancia y respeto hacia la nada despreciable porción de ciudadanos que no comparten actualmente esas creencias, así como un alineamiento del país en materia de derechos humanos al llevar a la práctica la igualdad de los ciudadanos y la libertad de pensamiento.

Sin duda alguna, el momento es propicio no solo para el debate con argumentos sólidos y racionales en este tema, si no para la toma de acciones concretas que logren el Estado que todos los ciudadanos, presentes y futuros, con toda la variedad de pensamientos e ideologías que lo componen, merecemos.

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