A raíz de un artículo publicado en la edición del 17 de junio pasado por la Dra. Rita Meoño, miembro del Consejo Universitario, y que titula «Intentos de mordaza en el Consejo Universitario», me veo en la obligación, en mi calidad de director de este Órgano Colegiado, de hacer algunas aclaraciones y precisiones al respecto.
El Consejo Universitario, además de sujetarse a las reglas propias de los órganos colegiados, posee un reglamento específico que norma su funcionamiento. Cuando se presenta para discusión un dictamen o una propuesta, el reglamento establece que cada miembro podría referirse al tema en no más de tres ocasiones y por un máximo de cinco minutos en cada una de ellas (artículo 30). En vista de que muchos de los asuntos que se discuten revisten una importancia capital para la Institución y el país, en numerosas ocasiones los miembros hacemos uso de la palabra a contrapelo de la normativa citada. Lo anterior me parece perfectamente entendible en tanto el intercambio de ideas y posiciones en el seno del Órgano es una sana práctica para tomar acuerdos concienzudos y consensuados. Eso no obsta, por supuesto, para que los miembros expresemos nuestras divergencias sobre los asuntos tratados, producto de las visiones ideológicas distintas que poseemos y muy acordes con lo que debe ser una Universidad.
En el asunto de marras al que se refiere la Dra. Meoño, no se procedió de manera inusual o desacostumbrada. Ella, en su calidad de coordinadora de una comisión especial que analizó si el Consejo Universitario tenía o no competencias para definirle a la administración activa de la Universidad los porcentajes específicos que debía invertir en el programa de regionalización, llevó a cabo la presentación del dictamen, lo cual le requirió, dada la extensión del documento, de dos horas del tiempo de plenario. Luego de lo anterior, en mi calidad de director, abrí el debate para que los miembros hicieran sus consultas o solicitudes de aclaración, además de sus observaciones de forma y de fondo sobre el dictamen. Como consta en las grabaciones respectivas, hay 14 intervenciones, de más de diez minutos cada una, de los distintos miembros sobre este asunto y, en varias ocasiones, pregunté – y casi que insistí ante los silencios encontrados- si alguien quería referirse al tema. La Dra. Meoño no manifestó su intención de hacer uso de la palabra. No fue sino hasta que la M.Sc. Saray Córdoba, representante de los colegios profesionales, presentó la moción de orden para que se diera por terminada la discusión y pasáramos a votar, que la Dra. Meoño expresó su interés de participar.
Presentada una moción de orden, no queda otra vía reglamentaria que discutirla y votarla. Como es natural, algunos miembros consideraron que el asunto se había discutido suficientemente; otros, incluida la Dra. Meoño, opinaban lo contrario. La moción se sometió a votación y fue aprobada por la mayoría, ante lo cual cuatro miembros, que defendían que el asunto debía discutirse más, abandonaron la sesión en señal de protesta. Luego, se votó el dictamen, y después de cinco horas con veinte minutos de tiempo invertido en la discusión del asunto (incluidas las dos horas de presentación), se decidió no aprobarlo.
El dictamen presentado por la Dra. Meoño se incluyó en la agenda en tres sesiones diferentes para su análisis y discusión (las número 5901, 5902 y 5903) y siempre ofrecí los espacios para que los miembros pudieran manifestar sus criterios de la manera más libre y profusa posible, al igual que ocurrió en setiembre del 2014, cuando se discutió, durante tres sesiones, el presupuesto universitario para el presente año, caso que la Dra. Meoño trae a colación como un ejemplo más de lo que ella tipifica como un intento de mordaza. Creo firmemente que las discusiones dentro del Plenario deben darse de manera profunda y crítica, como corresponde a la investidura del Órgano Colegiado; sin embargo, también tenemos el deber de no dilatar los asuntos so pretexto de que requieren muchísima reflexión, para no caer en una suerte de inoperancia y letargo nada recomendables para la vida institucional.
Tanto la reglamentación de los órganos colegiados como la del Consejo Universitario, así como el proceder institucional, se guían por el principio de que los asuntos o mociones se aprueban por mayoría. En esta tesitura y especialmente considerando las precisiones hechas sobre lo sucedido en relación con lo planteado por la Dra. Meoño, no creo acertada su apreciación de que se intentó ponerle una mordaza, al estilo de un típico régimen totalitario. Por lo contrario, estoy totalmente convencido de que en el Consejo Universitario se respetan las diferencias y se da amplia oportunidad a sus miembros de expresar sus diversas posiciones y criterios.
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