Judicatura democrática e independiente

La actual situación del Poder Judicial costarricense, considero que no tiene parangón en la historia institucional.En estos difíciles momentos, me permito externar algunas reflexiones

La actual situación del Poder Judicial costarricense, considero que no tiene parangón en la historia institucional.

En estos difíciles momentos, me permito externar algunas reflexiones generales relacionadas con algunos temas de fondo, vinculados a lo que estimo debe ser una judicatura democrática.

Intentaré definir críticamente la vinculación de los conceptos de jurisdicción y democracia en el plano de la realidad, destacando como aspecto positivo, la importancia que ha representado para el foro nacional y la judicatura costarricense, el generar los espacios necesarios para que se produzca una reflexión colectiva sobre la función judicial y su impacto en la realidad nacional.

Sin que exista una consolidación de esos espacios abiertos, no hay duda de que los diferentes procesos reflexivos que se han dado en los últimos tiempos, han de valorarse como un presupuesto necesario para fundamentar la independencia de la judicatura frente a los otros poderes del Estado, y también frente a las tareas, los límites y las condiciones del propio juez y su legitimación en una sociedad democrática. Estos exámenes de conciencia son cada día más necesarios en el seno del Poder Judicial para encarar responsablemente las transformaciones que deberá experimentar el sistema de administración de justicia para hacerle frente a los nuevos desafíos actuales.

La creciente expansión del papel de la jurisdicción en las democracias modernas, exige sin duda alguna, una concepción de juez mucho más amplia, como elemento de cambio social y actor del desarrollo. Poco a poco se ha ido abandonando el papel del juez como un órgano sujeto sólo a las normas legales y preocupado sólo por el ejercicio de una mera función técnica de aplicación de la ley, cualquiera que fuese su contenido.

Hay que reconocer que la Sala Constitucional y algunas reformas legales, han venido a impulsar decisivamente la concepción de un juez convertido en garante de los derechos fundamentales, incluso frente al legislador mismo, a través de la censura de la invalidez de las leyes y demás actos del poder político. Esto confiere a la jurisdicción la identificación del ejercicio de su decisivo papel: la defensa de la constitucionalidad y de legalidad contra la eventual criminalidad de los poderes públicos, velando por su transparencia al constituirse en un límite claro de la democracia política. Por ello, el fundamento de la legitimidad del Poder Judicial, no puede ser concebido como algo meramente “legal”, perdiendo de vista su trasfondo “democrático”.

Pero para terminar de entender ese fundamento democrático del papel del juez en un estado constitucional de derecho, resulta necesario recordar aquí las enseñanzas que algún día nos dejó el maestro Luigi Ferrajoli. Refiriéndose a un segundo sentido o dimensión de la democracia que va mucho más allá de la “política”, señala expresamente que “Se trata de la dimensión que sirve para connotar la democracia como «democracia constitucional» o «de derecho» y que se refiere no al quién está habilitado para decidir (la mayoría, justamente), sino el qué cosa no es lícito decidir (o no decidir) a ninguna mayoría, ni siquiera por unanimidad…”.

En lo expuesto anteriormente, reside el carácter «democrático» de la jurisdicción como garantía de los derechos de la colectividad y de la actuación de los poderes públicos conforme al principio de legalidad. En tal sentido, la independencia del Poder Judicial de los poderes políticos resulta así incuestionable para poder garantizar la protección de los derechos fundamentales de todas las personas y a la vez de la legalidad de los poderes públicos mediante la legitimación de los jueces que deben actuar velando porque se cumplan las garantías de la imparcial determinación de la verdad.

Es importante ver la necesidad de dimensionar la independencia de la judicatura desde varios ámbitos. Uno de ellos que se viene agravando peligrosamente, es el que tiene que ver con la inconveniente y aparente intención de politizar los nombramientos de los magistrados de la Corte.

Pero en esta época convulsa, el Poder Judicial también debe ser capaz de responder a una de las amenazas más serias: los importantes niveles de ineficiencia que lo deslegitiman frente a la ciudadanía por una clara insatisfacción de esta frente a los servicios recibidos. Esto viene a sumar peligrosamente en el debilitamiento de las instituciones democráticas de nuestro país en general, de lo que está claro, no escapa nuestro organismo judicial.

La judicatura debe ser muy consciente de su papel democrático y alejarse de cualquier visión corporativista, es decir, de una posición de defensa acrítica de su trabajo que la haga perder el punto de vista externo a la corporación y por consiguiente, del horizonte axiológico de su trabajo enfocado hacia la calidad del servicio público que debe brindar.

Un diálogo abierto y participativo debe constituirse en un medio para madurar críticamente los valores democráticos, sobre los derechos de los habitantes y sus garantías, y sobre todo, para generar a lo interno del Poder Judicial una dialéctica de confrontación abierta y transparente entre las diversas concepciones políticas e ideales institucionales de cara a la realidad nacional.

Vivimos momentos de acontecimientos importantes en la vida del Poder Judicial que son decisivos. En palabras de Ferrajoli, diría con él que debe tenerse muy presente “que lo más nocivo para la magistratura es su imagen de casta cerrada y separada. Y sólo la reflexión crítica y autocrítica promovida por los propios magistrados y su apertura al control democrático de la opinión pública puede dar sentido, legitimación y valor al difícil oficio de juez”.

Sobre estos postulados debemos seguir luchando por preservar una judicatura democrática e independiente.

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