Desde el año 1990 Costa Rica se inscribió en el juego de la globalización, cuando se adhirió al Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Y posteriormente en el año 1995, cuando se constituyó en miembro de la Organización Mundial de Comercio.
A partir de ese momento, el país inició una maratón de acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales, para el intercambio de bienes y servicios, lo cual implica en palabras sencillas: competir.
El problema es que Costa Rica inició la competencia sin contar con el entrenamiento, ni la indumentaria para disputar el juego. Pareciera que se partió de la premisa errónea, que el comercio exterior, es la base y después todo lo demás.
Se dejaron de lado una serie de pilares, que hoy dan como resultado que la balanza comercial se incline a favor de los países con los cuales hemos suscrito tratados comerciales y que no se logre el “más adecuado reparto de la riqueza” que pregona la Constitución Política.
Las políticas económicas fijadas por el Estado, y por ende los actos a través de los cuales se manifiestan, no solo deben estar predeterminados por una visión ideológica, sino acompañados por una orientación adecuada para el fin pretendido. Deben poseer una existencia equilibrada y coordinada entre sí, de modo que alcancen el interés público deseado.
El Estado debió, a partir de ahí, modificar primero radicalmente las bases que le dan sustento a la política comercial del país, que hubiesen permitido desde un inicio, un aumento de la productividad y explotar las bondades del libre comercio.
En materia de educación, quince años después de que Costa Rica inicia su peregrinaje por la globalización, en donde uno de sus ejes principales es la atracción de la Inversión Extranjera Directa, apenas se comienza a planificar un plan de educación dual, en donde se combina la educación académica con una educación práctica, para que los empleados puedan acceder a puestos de trabajado, que se desperdician por falta de mano de obra calificada.
Aunque se aplaude la iniciativa del Gobierno, es notorio que se trata de un bache en una carretera maltrecha, que ocupa no solo un recarpeteo, sino una reparación integral, con una política a largo plazo y en armonía con la economía de mercado.
Así mismo, es innegable el atraso que vive el país en materia de infraestructura pública, pilar fundamental tanto para el desarrollo como para la competitividad de la nación. Sin embargo, es un problema cuya solución no se vislumbra a corto plazo, por cuanto: un sector del país satanizó las concesiones; otro sector condena la iniciativa del Gobierno, en el sentido que las empresas públicas y los fondos de pensiones sean los que financien esas obras; por otra parte también se cuestiona la iniciativa de que el ICE colabore con la ejecución de obras públicas; y finalmente, es claro que el Estado ha demostrado su incapacidad para llevar a cabo tan necesarias obras.
El gran problema es que cada cuatro años el Gobierno de turno tiene una nueva solución, con el agravante que para cada solución existe una oposición. Entonces, salta otra de las preocupaciones nacionales de larga data: el Estado costarricense logrará establecer una política duradera, que tenga continuidad por los gobiernos entrantes, sin que sea desechada por objeciones de grupos de interés o temores de cálculo político partidista.
Se puede soñar que la iniciativa del Gobierno de apoyarse en la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), sirva para establecer un plan de acción claro en esta materia. El tiempo dirá.
En materia de logística de carga, lamentablemente, la construcción tardía de la nueva Terminal de Contenedores de Moín se ha visto obstaculizada por el sector sindical, hasta ahora dispuesto a imponer su visión a la fuerza y a contrapelo del sistema judicial, como han manifestado abiertamente sus líderes.
Evidentemente el conflicto no es tan solo en cuanto a trabajar en forma conjunta con empresas extranjeras: la historia de falta de transparencia y claridad en las políticas públicas pesa, las heridas sociales por el crecimiento de la pobreza, los intereses particulares; en fin, muchos factores han resultado enormes obstáculos. Pero por algún lado hay que desbloquear las causas de este problema nacional, siendo la planificación a largo plazo y transparencia, una forma de recuperar un plan de acción a largo plazo, sin que sea secuestrado por los grupos de interés.
Un gran acierto del presente gobierno fue pausar el ritmo sin control de crecimientos de TLC y ser más cauteloso a la hora de aventurarse a nuevos acuerdos.
En fin, es notorio que el ingreso a un mundo globalizado no resolvía por sí solo los problemas nacionales, pero pueden ayudar muchísimo, si se acompañan con políticas públicas a largo plazo, que fortalezcan las bases que le dan sustento a ese modelo económico.
Los esfuerzos que se deben hacer deben superar la entronizada práctica política partidista, para darle paso a la continuidad de los buenos proyectos del Gobierno y de políticas a largo plazo.
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