Los aspectos negativos del cobro del Internet por descarga

La propuesta de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) de modificar la forma en la cual se cobra el servicio de Internet móvil a los

La propuesta de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) de modificar la forma en la cual se cobra el servicio de Internet móvil a los usuarios ha caudado gran indignación en la comunidad,  en el tanto es evidente la forma en que se pretende beneficiar a los operadores del servicio con la medida.

Es importante anotar que es en el año 2012 cuando las operadoras del servicio iniciaron su presión  a la Sutel, para llevar adelante este cambio, a lo que el ente regulador ha sido sumamente abierto, así como poco transparente en el proceso que lleva a la discusión de esta propuesta.

Varias son las motivaciones desde el punto de vista técnico que demuestran la inconveniencia del cambio propuesto por Sutel, siendo importante rescatar algunas de ellas indicadas desde el año 2012 por el expresidente del ente regulador, en un voto salvado donde se autorizó a los operadores a cobrar el servicio de Internet por descarga en el servicio prepago.

Al respecto el entonces presidente de la Sutel dijo: “Nunca en Costa Rica las tarifas reguladas de acceso de datos para usuarios finales se han orientado a volúmenes de datos. Yo soy de la opinión que esta realidad práctica se debe principalmente a que los operadores no son los generadores de los datos, sino que solo ofrecen sus redes para el transporte (mayorista) y al acceso (minorista) a los generadores de contenido. Esta modalidad de oferta por volumen puede significar una importante barrera competitiva, que lleve a discriminar contra algunos proveedores de contenido (video)”.

Desde que se abrió el mercado de telecomunicaciones, la Sutel dejó a discreción de los operadores la gestión de tráfico para que puedan manejar los picos de demanda puntual (voto salvado). El presidente de la Sutel dijo entonces: “Sin embargo, los operadores móviles han hecho poco uso de esta importante herramienta de gestión de su capacidad de acceso a datos”, y continúa más adelante: “La falta de este análisis no debe llevar a la Dirección General de Mercados (DGM) a copiar, sin criterio propio, las aseveraciones de los operadores de que un pequeño grupo de usuarios consume la mayoría de los datos. Este resultado posiblemente es un efecto negativo de sus políticas comerciales carentes de segmentación y de análisis de la retroalimentación de sus usuarios”.

En este caso, las justificaciones de la Sutel para esta modalidad de cobro tienen su base en el hecho de que el 5% de los usuarios consumen el 40% del ancho de banda, situación que tiene su origen en las políticas comerciales de las mismas empresas y en la falta de inversión en infraestructura de telecomunicaciones, con lo que no se justifica castigar al 95% de los usuarios por lo que no han hecho las operadoras del servicio.

Por otra parte, en esta ocasión nos sorprende la propuesta del ente regulador de establecer en 500Mb el piso de descarga a partir del cual se realizará el cobro, situación que no tiene sustento técnico alguno y que además es aproximadamente un tercio del consumo promedio mensual de los usuarios de algunos operadores, situación que nos demuestra el afán de aumentar los ingresos de los prestatarios de los servicios que pretende la Sutel.

Otro aspecto por cuestionar es el discurso elaborado por la Sutel en el sentido de que los usuarios podremos elegir la modalidad de pago en el Internet móvil. En la propuesta técnica no se establece de forma clara que las operadoras del servicios estarán en la obligación de dar al usuario la opción que escoger el tipo de cobro que mejor le convenga, ni que los consumidores somos los que podamos hacer esa elección, lo cual plantea un problema de interpretación que, de acuerdo con nuestra experiencia, siempre se dará en contra de los usuarios.

Más allá de estos criterios nos llama la atención el irrespeto y la poca transparencia con la que a Sutel ha llevado adelante el proceso de consulta a la población en el tanto como juez y parte le corresponde tomar una decisión sobre la propuesta que ellos mismos plantean, siendo lo mejor que un tercero imparcial pudiera dar fe de la claridad  con que se tome la decisión última.

Igualmente, consideramos un tremendo irrespeto a la ciudadanía la forma en que la Sutel ha adelantado criterio sobre el tema, defendiendo una propuesta que le corresponde valorar, y rebatiendo los razonamientos de quienes nos oponemos a esta modalidad de cobro; incluso se ha llegado a tal nivel de desprecio a la participación popular que ya se ha indicado el momento en el cual se iniciaría con la nueva modalidad de cobro.

La defensa a ultranza que la Sutel ha hecho de los intereses de las operadoras en contra de los usuarios y la poca transparencia de sus actuaciones deben ser sujeto de investigación legislativa, ya que es evidente cómo la institución perdió su norte como regulador y ha mostrado su verdadera cara en este proceso.

Ante estos hechos, consideramos necesario que la población se movilice masivamente el próximo 1 de julio y le exijamos a la Sutel no sólo que no adopte la medida propuesta, sino que también asuma su papel de garante del equilibrio entre consumidores y operadores del servicio y deje de ser únicamente una caja de resonancia de las peticiones de estos últimos.

 

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