En el 2013 se da el nacimiento de los grupos de autodefensas en el Estado de Michoacán, en un momento donde la población se veía amenazada en mayor medida por las prácticas intimidantes del crimen organizado, como por ejemplo extorsiones, desposesión de tierras, expulsos, exilios, cobros de cuotas o derechos de piso que son obligados a pagar para garantizar su integridad física y la de sus familiares; además, se dan prácticas como el cultivo y tráfico de drogas, que como bien sabemos, la confluencia de estos factores pueden provocar que se den situaciones de tensión, principalmente si se dan las “luchas” internas por ver quién va ser el “cabecilla” o “jefe” en determinada zona, y que eventualmente van a provocar guerras por el poder y como consecuencia son las personas inocentes los que se verán afectados directamente por estas actividades.
De igual manera, se generan los conflictos de intereses, principalmente a la hora de toma de decisiones, con el propósito de no afectar los beneficios que se puedan obtener a costas de estas prácticas, por lo que la crisis institucional y los casos de corrupción se ven incrementados, por lo que se puede asegurar que estas actividades aunadas a la crisis ciudadana que vive el pueblo mexicano, son las bases por las cuales se podría llegar a destruir un Estado; es entonces por estas razones, por las que México se podría considerar como un Estado en camino a ser fallido, debido a que se encuentra incapaz de salvaguardar y garantizar la vida de su población, violentando de manera directa los derechos fundamentales de los últimos y como consecuencia además de su descontento generalizado es que se tienen que alzar en armas, teniendo en este caso como único objetivo erradicar el crimen organizado o cualquier factor externo, que pueda amenazar directa o indirectamente la seguridad de la población; pero, ¿son entonces las autodefensa el sustituto de la Policía Federal? ¿Cuál es la legitimidad que poseen estos grupos ante el Estado y la sociedad civil en su accionar?
Se tiene claro que bajo la soberanía que comprende al Estado y su razón de ser, se encuentra el proteger, satisfacer y velar por las necesidades de su población, en tanto esto no lo pueda hacer o la población no encuentre la presencia de las fuerzas policiales del Estado necesarias o −importante es− cuando se empieza a dar la deslegitimación de estas, mientras que el incremento de la confianza de la sociedad civil a estos grupos se justifica, debido a que ven una solución de sus problemas más rápida e eficaz ahorrándose toda la burocracia que tendrían que hacer al acudir a las entidades correspondientes, es decir legitiman su accionar. También a nivel institucional, entre la Secretaría de Gobernación y las autodefensas michoacanas, se ha gestionado un acuerdo de 8 puntos para adjudicarles legalidad, donde se delimita su accionar, por lo que no ha sido aceptado por estos debido a que no es una solución factible, ni para las autodefensas y tampoco para la población, debido a que en lugar de dar solución a la crisis social se sigue estableciendo una mayor burocracia.
Es entonces bajo los argumentos anteriores, que podríamos considerar que se está generando otro síntoma de Estado fallido; como respuesta a esto, el Estado debe crear instituciones con bases sólidas, para que puedan ser capaces de contener el accionar púbico, a la vez de facilitar el diálogo entre las partes, debido a que en un Estado de derecho es un punto fundamental, para evitar que los conflictos se intensifiquen y como consecuencia −las autodefensas, que ahora se encargan de velar por los intereses de la sociedad− pueda culminar en actos que atenten contra la sociedad civil y los derechos humanos, y –eventualmente− con la paz interna del país.
