En otros tiempos, habría sido absurdo un artículo con este título, sin embargo, hoy es una acuciante necesidad el dilucidar, criticar y oponerse contra a la privatización liberal de la función pública y del aparato estatal costarricense.
Hace algo más de tres décadas, el liberalismo que aún pervive en la vida social y política nacional, ha atacado al Estado y la función pública como el causante de todos los males. En este proceso la ciudadanía estuvo alejada, por estar impulsado por el liberalismo en el poder y por el empresariado global y mediático. Los eternos privilegiados del sistema que renegaron del Estado y que propugnaron por su desregulación o desaparición, no lograron su utópica ambición, pero modificaron la estructura institucional pública, creando entes privados en el aparato estatal que corroen lo público y lo político, construido social e históricamente por nuestra sociedad.
Los procesos de privatización de la función pública en Costa Rica no requirieron desmantelar la institucionalidad estatal, se apropiaron de ella para hacer y favorecer negocios privados. Las entidades descentralizadas no solo se autonomizaron de la centralidad estatal, también lo hicieron de la función pública, pero con amparo estatal. El gerenciamiento privado en la institucionalidad estatal, encarecieron los servicios públicos pagados por la ciudadanía y también se arrogaron privilegios similares a los dueños y gerentes de empresas privadas. Así, se trasmutaba las ganancias o rentabilidad empresarial, en salarios y pensiones privilegiadas que ofenden la dignidad de los empleados públicos y privados.
Algunas necesidades nacionales y públicas están subordinadas a los intereses y voluntad de quienes conducen las instituciones descentralizadas; ahora bajar las tasas de interés y la intermediación bancaria, no dependen de la política económica gubernamental, sino de la decisión de los banqueros privados en los formales bancos nacionales. Así, tampoco el gobierno puede impulsar políticas que impidan o limiten los privilegios y regalías privadas de la elite laboral de esas entidades, porque son fijados autónomamente, porque están amparados por leyes indignas y porque son condiciones de un exclusivo y excluyente mercado.
El individualismo posesivo que domina nuestro presente, es una concepción regresiva de la colonialidad del poder que antagoniza contra la democracia, lo público y lo nacional. El Estado Social o la representación de una sociedad que tiene derecho a tener derechos, abriga contradictoriamente a un conjunto de organizaciones estatales que supeditan los derechos públicos a los privados. Revertir esta paradoja es una tarea necesaria y urgente de todos para todos.
En la organicidad de los movimientos laborales y políticos se esfumó la determinación del origen de la condición y situación de los trabajadores y los pobres, para visibilizar, como los liberales, al Estado como único responsable culpable, sin importar sus formas, historicidad ni naturaleza política y social de los gobiernos. Todos contra el Estado, es también la consigna dominante de quienes dirigen algunos sindicatos.
La convocatoria a una huelga indefinida sin fundamento, con demandas difusas e inconsistentes, de “ensayo estratégico” como la refería un dirigente, denigra la acción y pone en evidencia su improvisación y fracaso. Se decía que era contra la Aresep; contra un diario que los agrede e insulta; contra una cláusula del contrato de la terminal de contenedores de Puerto Moín que está refrendado jurídicamente y contra una propuesta de salario único que no ha sido planteado por el gobierno por carecer de consistencia y viabilidad política, pero se exigía negociar con el poder Ejecutivo, como encarnación de un poder absoluto inexistente en nuestra realidad.
Este sindicalismo pone en evidencia el uso de las organizaciones para fines que no son de los trabajadores, por el contrario, son solidarios con los empresarios, liberales y la prensa mediatizada que crean interesadamente la debacle nacional. La defensa de lo público, lo nacional y los derechos de los trabajadores, está alejada del discurso, análisis y acción de los sindicatos.
El sindicalismo, antes lucido y progresista, no comprende la realidad e ignora su contexto, por ello se equivoca no solo por imaginar estar lidiando contra un Estado tiránico, sino que busca imponerse.
La democracia es un constructo social que supone desigualdad e inequidad, no es la pasividad ni la paz de los muertos, ella implica diálogo, negociación y luchas por conquistar más y nuevos derechos, siendo el Estado el garante y mediador de tales relaciones, que no sustituye a sus actores ni es necesariamente un protagonista. La democracia no es una facultad de pocos para imponer decisiones y acciones a muchos. Eso es tiranía. Exigir democracia para imponer totalitarismo, tiene en Hitler su ejemplo histórico.
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